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Voto obligatorio. Por Julio Martínez Pozo 

En los días posteriores a las elecciones generales del 20 de mayo del 2016, la oposición se empeñó en pincelar una atmosfera de fraude que se respirara en todos los niveles de elección para no aceptar el peso de una derrota apabullante que a nadie debió sorprender porque estaba advertida por todas las encuestadoras creíbles.

La pretensión: deslegitimar el proceso creando la sensación de que la voluntad de los electores había sido trastocada y que los resultados eran producto de la parcialidad en el arbitraje, compra de votos, falsificaciones de actas y represión contra los adversarios.

La verdad histórica fue que el presidente Danilo Medina ganó con el más alto porcentaje que se haya registrado en la vida democrática del país, y que en los otros niveles de la elección a cada quien se les contaron los votos que alcanzó.

Pero la mentira a fuerza de repetición tomó visos de verdad y permeó en distintos niveles de la sociedad al logro de que en la actividad de mayor atención mediática celebrada a poco más de un mes del proceso, el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, tuvo como orador invitado al empresario Rafael Blanco Canto, entonces presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quien concurrió con el objetivo expreso de pautar una agenda que entre sus dos urgencias principales tenía a las leyes electoral y de partidos.

Poco después AMCHAMDR convocó otro almuerzo en el que el director Ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán llovió sobre mojado clamando por las mismas cosas, lo propio repetían en las comparecencias a los programas de radio y de televisión los altavoces del bloque opositor, el país se hundiría sin nuevas leyes electoral y de partidos.

Sospechosamente, cuando por iniciativa del Gobierno y del partido oficial se abre un diálogo coordinado por Agripino Núñez Collado, para desbrozar el camino hacia la aprobación de dichas leyes, variaron el discurso y socavaron las conversaciones, alegando que la prioridad eran los nombres de los integrantes de la nueva Junta Central Electoral.

Ahora no está ese pretexto y la JCE que se escogió que en principio objetaron después han dicho que la apoyan, y una comisión bicameral estudia de nuevo un anteproyecto de Ley de Partidos elaborado por la Junta Central Electoral hace ocho años y consensuado con todas las organizaciones políticas con asesoría de la OEA, han tratado de introducir otras distracciones, como la que se volviera al diálogo que habían boicoteado para sacar el tema del Congreso, y como eso no dio resultado, la nueva es la inclusión del voto obligatorio.

Ese sistema rige en siete de 22 países de América Latina y no alcanzan a superar el nivel de participación que se verifica en la República Dominicana, amén de que resultaría inconstitucional porque el Articulo 6 de la Constitución declara nulo de pleno derecho, toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la Carta Magna, y el 208 establece: “El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

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