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OPINIONES

La cosa juzgada constitucional. Por Eduardo Jorge Prats

Un interesante debate se ha suscitado respecto al sentido del artículo 277 de la Constitución en virtud del cual “todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.
Hay quienes sostienen que, una vez existe un pronunciamiento jurisdiccional definitivo e irrevocable sobre un punto de Derecho Constitucional, le está total y absolutamente vedado al Tribunal Constitucional conocer de nuevo ese punto de Derecho. ¿Qué de cierto hay en esto? Respondo de inmediato citando lo que afirmo al respecto en el volumen I de mi manual de Derecho Constitucional:
“La cosa juzgada no es más que el efecto atribuido por la ley a la parte dispositiva de las sentencias en virtud del cual queda prohibido volver de nuevo a litigar sobre lo que el juez ha definitiva e inmutablemente declarado en la sentencia. Se distinguen dos formas de cosa juzgada: la formal y la material. La cosa juzgada formal es aquella que gozan las sentencias irrecurribles e inmodificables, como ocurre con las sentencias constitucionales. La cosa juzgada material es aquella en virtud de la cual, una vez decidida la cuestión objeto de controversia, no podrá volverse a plantearse el asunto a consideración del tribunal constitucional. Con esto se busca impedir que se discuta indefinidamente sobre el punto específico decidido y evitar, en consecuencia, que pudiesen presentarse fallos contradictorios. La cosa juzgada material no es de buen recibo en materia de control abstracto de constitucionalidad, en la medida en que vincular al juez constitucional a sus propias sentencias impediría ajustar la Constitución a la evolución de la sociedad. Por eso, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC) dispone que ‘las decisiones que deniegan la acción […] no producirán cosa juzgada’ (artículo 44). La cosa juzgada material sería un efecto inherente a las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad para evitar que se reintegre al ordenamiento una norma expulsada del mismo por considerarla inconstitucional el tribunal constitucional. De ahí que la LOTCPC disponga que solo las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados ‘producirán cosa juzgada’ (artículo 45). Respecto a las sentencias desestimatorias, la controversia puede plantearse de nuevo, pues es posible que una norma, considerada en su momento constitucional, devenga inconstitucional en virtud de la dinámica interpretativa de la jurisdicción constitucional. Como bien afirma Sagués, ‘la cosa juzgada material presupone la función pacificadora del proceso, en el sentido de poner fin a una contienda, mientras que la cosa juzgada constitucional busca, principalmente, no pacificar intereses sino salvaguardar la supremacía de la Constitución’”.
Lo que el artículo 277 prohíbe es revisar el dispositivo de la sentencia. Pero dicho texto no impide cambiar la jurisprudencia constitucional. Como señalo en mi antes citado libro, “en todo caso, y contrario al efecto erga omnes, la cosa juzgada se predica del dispositivo y no de la motivación de la sentencia constitucional. Ello así porque afirmar que la motivación tiene efecto de cosa juzgada implica atar al Tribunal Constitucional a la parte motiva de sus sentencias, sin permitir un cambio de jurisprudencia. Esto echaría por el suelo la función creadora e integradora del Tribunal Constitucional e impediría la actualización de la Constitución vía la jurisdicción constitucional”.
Si se considera que la motivación de las sentencias dictadas por la Suprema Corte entre 1908 y 1930 que declararon inconstitucional la legislación laboral y social por violar la libertad de empresa y el derecho de propiedad constituye cosa juzgada material constitucional, entonces el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social vigentes serían inconstitucionales. Esto es a todas luces absurdo. Como bien afirma Emilio Alfonso Garrote Campillay, “en materia constitucional no hay una cosa juzgada en el sentido técnico procesal de la institución objeto de estudio. […] Lo que realmente existe es una cosa decidida, y como toda decisión puede ser modificada existiendo fundamentos razonables para ello […] Las sentencias emitidas en los procesos constitucionales no pueden poseer una rigidez ni producir un efecto que conspire contra la adaptabilidad y dinamismo de la Constitución. Esta última entendida como un orden abierto de reglas y principios. Un marco de posibilidades. Un cauce por el cual discurre el proceso político democrático, que pretende encauzarlo de manera duradera a pesar del carácter cambiante de la realidad subyacente y de las demandas sociales”. Es por ello que la propia LOTCPC, para evitar la petrificación del ordenamiento jurídico, establece en el párrafo del artículo 31 que “cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio”, lo que ha hecho el Tribunal en varias ocasiones, como es el caso, de su posición respecto al beneficiario de la astreinte y la impugnación ante dicho Tribunal de los actos administrativos manifiesta y arbitrariamente inconstitucionales.

Como afirmo en mi antes referido manual, “la seguridad jurídica derivada del caso juzgado no tiene nada que ver con la seguridad jurídica derivada de la uniformidad de la jurisprudencia. Desde el punto de vista de las personas, no hay un derecho al mantenimiento de la jurisprudencia de los tribunales”. Y es que, en palabras sabias y pertinentes del magistrado constitucional Rafael Diaz Filpo, “el Derecho judicial creado por los precedentes, es un derecho cambiante, lo que permite que el Derecho se transforme e incorpore a las nuevas demandas y valores sociales”.

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Martinez Moya

Los multitentáculos de la censura. Por Miguel Franjul

Miguel Franjul

Como la mitológica Hidra de Lerna, que tenía siete cabezas venenosas, así de multifacética es la censura contra la libertad de prensa, especialmente en el área digital, hasta ahora el escenario más amplio que existe para la difusión de las ideas del hombre.

Hasta aquí llegan los enemigos de la verdad y la transparencia, de la crítica o del disentimiento con sus distintas herramientas coercitivas. Y los ejemplos más recientes que ilustran esta conspiración contra la libertad de expresión se han dado en Venezuela, bajo la dictadura de Maduro y en otros países de nuestro continente, regidos por mandatarios antidemocráticos.

Después de haber asfixiado a casi toda la prensa impresa independiente de ese país, que a diario denunciaba la quiebra premeditada de la democracia, también persiguió a esta con sistemática intolerancia cuando migraron a la esfera digital.

Los impresos que abandonaron las rotativas, 52 periódicos y semanarios de dilatada presencia en Venezuela, se encontraron con el mismo enemigo en sus plataformas de internet, en la forma de bloqueos intermitentes o en algunos casos permanentes, que impedían el acceso de los usuarios a sus páginas.

El gobierno autocrático tiene el monopolio del bloqueo y el filtrado de los contenidos de internet que pretenden difundir las versiones digitales de los diarios asfixiados, obligando incluso a los proveedores privados de los servicios de telefonía y cable, a someterse a sus reglas restrictivas.

La censura comienza por una denegación de servicios a los usuarios, poniéndosela difícil a los ciudadanos que tratan de buscar contenidos no sesgados por la censura oficial.

Y mientras los diarios digitales luchan por sobrevivir, el gobierno también utiliza otra de las cabezas de la Hidra de Lerna, para montar en paralelo una red de medios digitales de línea oficialista, pretendiendo aparentar que el espacio digital está nutrido de opciones independientes, aunque en el fondo se trata de imponer la hegemonía comunicacional unidireccional.

La censura alcanza la radio y la televisión por cable. Según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, otra forma de censura es la “no respuesta” de conexión, que impide a los futuros usuarios poder acceder a los portales ‘web’ que operan en el país, una maquinación en la que aparecen comprometidas empresas privadas, como la Digitel, que encabeza los ejemplos de censura con más del 70 por ciento de los casos de bloqueos, en perjuicio de los usuarios de Movilnet y Movistar, entre otras.

Estas formas de censura digital no solo se dan en Venezuela. Se manifiestan en otros países latinoamericanos con regímenes autocráticos o con igual vocación y de ahí la importancia de que la prensa libre impulse y luche por imponer los principios de la “Declaración sobre la Libertad de Expresión en la Era Digital”, aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su última asamblea general en Salta, Argentina, el pasado mes de octubre.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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