Connect with us

Andy Dahuajre

Historia y reelección. Andrés L. Mateo

Tuve una discusión muy aguda con un joven sociólogo dominicano que asegura que Danilo Medina no buscará una segunda reelección. Empinaba sus juicios en la observación de que el deterioro del gobierno era tan profundo que la contaminación directa del presidente con la corrupción (caso ODEBRECHT, por ejemplo) lo convertían en el peor de los candidatos. Pero quienes apuestan a que el presidente Medina no buscará la reelección, deberían volver a leer la desvergonzada aventura de Horacio Vásquez, porque para los que saben que hemos vivido una historia circular que se repite angustiosamente una y otra vez, este aspaviento de un ambicioso creyéndose insustituible no es más que la continuidad de la inflación moral que habita nuestra historia. Además, lo que no ocurría con Horacio Vásquez, Danilo Medina responde a un grupo económico que necesita preservar el poder.
Horacio Vásquez se había apegado al poder con una enorme pasión, y forzó una modificación constitucional que el 17 de junio de 1927 había prorrogado su mandato por dos años más. Este capítulo de la historia se conoce como “La prolongación”, pero no bastó al ansia incontenible de poder de “La Virgen María con chiva” que se creía ser Horacio. Para el período presidencial de 1930 a 1934 sus partidarios armaron la reelección y desplegaron la leyenda de un ser providencial y mesiánico, pese a que Horacio estaba gravemente enfermo, y las instituciones despedazadas por la práctica de la corrupción. Hay una relación dialéctica entre el continuismo y la corrupción, la reelección de Horacio la desencadenó. Exactamente lo mismo del presidente Danilo Medina, cuyo gobierno encarna el más alto nivel de la corrupción histórica de la vida republicana.
Las páginas de los periódicos dominicanos de la época están llenas de puntos de vistas encontrados alrededor de la conveniencia de modificar la constitución de la República para permitir la reelección del máximo líder del Partido Nacional. Horacio callaba, pero cortejaba con su silencio los signos rituales de su desmedida ambición de poder. En la penosa historia de la reelección presidencial en nuestro país, el pequeño burgués que se traga el suspiro de su condición de insustituible, construye siempre un mundo de justificaciones hecho a la medida de su comercio. Santana, Báez, Hereaux, Trujillo y Balaguer. ¡Hasta Hipólito Mejía!, atribuían sus propias ambiciones de poder a encantadoras cláusulas conjuratorias de todos los males del país, y el lenguaje oficial y su sustantivación hacían creer que únicamente ellos, los detentadores del poder, podían resolverlo todo. El destino sagrado de la patria quedaba así ligado a las manipulaciones para la permanencia en el poder de una determinada persona. Horacio Vásquez sabía del peligro a que exponía el país, pero sus ínfulas de mito fundaban como naturaleza y eternidad lo que no era más que su propia ambición. Todos sabemos que fue sobre los despojos de esa “Virgen con chiva” que se erigió la dictadura de Trujillo, y que más allá de su tragedia personal, el horacismo abrió ese torbellino clásico de la vida cortesana que justificó toda la desmesura que el trujillismo clavó en la historia durante treinta y un años.
No es otra cosa lo que estamos viviendo con Danilo Medina. La vida dominicana es aterradoramente circular, y la representación de la ambición de los “líderes” en la historia roza sin cesar el cinismo. Horacio se creía “La virgen María con chiva”, perdiendo la cualidad histórica de las cosas. Por eso fue a la reelección. Danilo Medina irá a la reelección, porque él se cree “La Virgen María con bigote”, y porque se imagina que desde el poder todo es fácil puesto que tiene bajo su control el marco institucional del país, y el presupuesto. Danilo Medina es incapaz de producir una idea, es lo más alejado del pensamiento que pueda existir; pero responde a un grupo económico que depreda el Estado, y se cree una criatura celestial insustituible.

Use Facebook to Comment on this Post

Advertisement

Andy Dahuajre

Pecado original del derecho penal de los derechos humanos. Por Eduardo Jorge Prats


Un pecado afecta al derecho penal de los derechos humanos que se remonta a los orígenes mismos de dicha disciplina en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis y cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy día, a 70 años de aquel proceso sin parangón en la historia. En dichos juicios, se condenó a personas por una serie de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron establecidos durante el proceso judicial y no previo al momento en que se cometieron los hechos, como exige el principio de legalidad penal, cuya finalidad es que el acusado pueda saber qué conductas están prohibidas o permitidas por el derecho y, en consecuencia, esté en condiciones de prever las consecuencias que acarrea la realización de las mismas. Por si lo anterior fuera poco, no se trató de un proceso imparcial, pues el tribunal estaba constituido exclusivamente por representantes de las potencias vencedoras en el conflicto bélico mundial y la investigación e instrucción fueron llevadas a cabo por personal designado por las potencias vencedoras; no hubo instancia superior a la que pudieran recurrir los condenados; el procedimiento aplicado desconoció los principios elementales de validez y carga probatoria; y no se permitió la asistencia de abogados a los imputados durante la fase de instrucción ni se les permitió acogerse al derecho de no autoincriminación.
Lo anterior fue justificado, parcial o totalmente, por los juristas de la época, entre ellos Hans Kelsen y Gustav Radbruch, a pesar de que se trataba de principios básicos del Estado de Derecho, cuya violación paradójicamente se imputaba a los acusados en Núremberg. Tanto el Tribunal como la doctrina mayoritaria de entonces como de ahora justificó, por ejemplo, la violación de la máxima “nullum crimen sine lege”, bajo el predicamento de que constituiría una injusticia mayor permitir que infracciones intencionadas contra los instrumentos internacionales quedaran impunes, al tiempo que se afirmaba que las conductas sancionadas se hallaban previamente prohibidas por el derecho internacional. Pero es obvio que los procesos se basaron en una legislación “ex post facto”; que el derecho internacional no preveía sanción penal para muchas de las conductas sancionadas; que aquellas que constituían un ilícito internacional no acarreaban consecuencia punitiva y solo activaban la responsabilidad internacional del Estado; que otras, como los crímenes de guerra, si bien existían en el derecho internacional consuetudinario, no contaban con una descripción típica concreta, con lo que se violaba el principio de taxatividad; y que los crímenes contra la humanidad, aunque pudieran considerarse delitos en la legislación interna alemana, no fueron sancionados en base a esta legislación ni con las consecuencias legales punitivas previstas en el ordenamiento jurídico alemán.
Si todo se hubiese quedado en Nuremberg no hubiese problemas. Pero la cuestión es que el pecado original ha irradiado con posterioridad no solo alderecho penal internacional –donde se manifiesta en la falta de taxitividad de los crímenes internacionales- sino también al derecho penal de los estados, que considera que quienes violaron los tratados de derechos humanos, al ser juzgados por los tribunales, deben tener sus garantías materiales y procesales disminuidas por el solo hecho de que se les impute haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Penart v. Estonia, a pesar de que los actos cometidos por los acusados podían ser legales bajo el Derecho soviético en el tiempo de su comisión, condenó a estos por crímenes contra la humanidad que fueron definidos cuatro décadas después de su comisión.
Estas decisiones, junto con otras más de jurisdicciones internacionales y nacionales, han ido conformando un neopunitivista derecho penal del enemigo de los derechos humanos, “cuarta velocidad del derecho penal” muy criticada por la doctrina penal que entiende el derecho penal como un derecho de garantías, pero que, sin embargo, constituye hoy un paradigma incuestionable para los estados, los activistas de derechos humanos y la sociedad civil, a pesar de estas manchas a su legitimidad. Esto hay que decirlo desde la dogmática y la academia si creemos, junto con el siempre lúcido Max Weber, que “el profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra de un aula”.

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading

Andy Dahuajre

Leonel Fernández, una derrota innecesaria. Por Melvin Matthews

La aprobación en la Cámara de Diputados de la debatida y anhelada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, tras una dramática alianza entre legisladores del Presidente Danilo Medina y de la oposición, trajo consigo la derrota de las posturas contrarias sustentadas por los congresistas leales al ex presidente Leonel Fernandez, quien en una publicación aparecida el martes, pronosticaba que la novedosa legislación provocará “la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo”.
El presidente Danilo Medina ha ganado otra jornada de la larga confrontación que sostiene con su compañero Fernández, ahora en torno al proyecto pendiente de la segura sanción del Senado. Junto a sus 70 diputados, Medina logró arrimarse el apoyo del PRM, el cual emerge como una organización de tácticas imprevisibles, más los apoyos de su aliado el PRD y del sorprendente PRSC, que sostenía posturas inflexibles frente al gobierno.
Fernandez sufrió una derrota innecesaria y peligrosa de cara al futuro inmediato. Innecesaria, porque debilitó su liderazgo, perdió mucho tiempo y gastó muchas municiones politicas librando un improductivo combate, que, en virtud de su experiencia como estadista de 12 años en el poder, no podía darse el lujo de perder. El conoce perfectamente la fortaleza presidencial; aquella, que en determinadas circunstancias, resulta inexpugnable; peligrosa su derrota porque la intransigencia, la incapacidad de ambos para armonizar posiciones, dejó expedito el camino hacia la división del partido de gobierno, a menos que predomine la reflexiva cordura.
Dos decisiones de Medina impidieron la caida del proyecto: su carta a los presidentes del Congreso exhortandoles a crear una comisión mixta especial de consenso, y la extensión de la legislatura ordinaria.
La nación tiene la anhelada ley, Medina salió fortalecido y Fernandez ha quedado inexplicablemente solitario. Craso error.

Use Facebook to Comment on this Post

Continue Reading

Facebook

Twitter #Dominicanos

Advertisement

Trending