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Andy Dahuajre

El Canciller histórico y una respuesta ante la posibilidad de una ofensiva contra RD

Por Fernando Peña

El canciller Miguel Vargas Maldonado es un fiel cumplidor de la política de relaciones exteriores que ha diseñado y aplica el presidente Danilo Medina en defensa siempre de nuestra soberanía, tratados y acuerdos con las naciones del mundo.
Miguel Vargas al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha demostrado capacidad, liderazgo y por el pulcro y buen desempeño se ha reivindicado su figura como político.
Por ello no sorprende la respuesta dada por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, ante las declaraciones de la nominada a representar la embajada de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, quien manifestó que de ser confirmada trabajará para que se respeten los derechos de aquellos descendientes de haitianos afectados por la sentencia 168 del 2013 del Tribunal Constitucional.
El canciller histórico Vargas Maldonado, al ser abordado por periodistas reafirmó que la República Dominicana es un país soberano que no acepta injerencias de ningún otro país.
Digo yo, que EEUU debe saber, entender y comprender que las intromisiones en los países de América Latina y el Caribe como estrategia de ofensiva contra nuestros pueblos es cosa delicada hoy en día, porque si bien es cierto que la intromisión de ellos estuvo presente en todos los golpes de estado de Nuestra América y en las escuelas del Pentágono fueron adoctrinados los más tenebrosos dictadores que impuso EU, así como a la mayor parte de los jefes militares encargados de la represión, la tortura, las desapariciones y el asesinato de sus opositores, hoy son y serán cosas del pasado.
Larga es la lista de dolor de intromisión de esa estrategia de EEUU.
La estrategia la implantaron en base a la Doctrina de Seguridad Nacional, instrumentada por el tristemente célebre Plan Cóndor que coordinó las acciones contra los pueblos de los países del Cono Sur, donde todavía no han cicatrizado las heridas causadas por el terrorismo de Estado.
Después de la larga noche de las dictaduras en la mayor parte de nuestros países, y los posteriores gobiernos neoliberales, como los de Menem y De la Rua en Argentina, Collor de Mellor y Cardozo en Brasil, y Sanguinetti, Lacalle y Jorge Batlle en Uruguay, sometidos de pies a cabeza al Consenso de Washington, actualmente estamos viviendo un momento histórico extraordinario en Nuestra América.
Por la vía electoral y en forma pacífica, en varios países se produjo un cambio en la correlación de fuerzas favorables a procesos autonómicos que se resisten a seguir siendo el patio trasero de EU.
Este escenario quedó claramente señalado en 2005, en Mar del Plata, a partir del rechazo al proyecto expansionista del ALCA, en la cara de Bush y Fox, por los presidentes Kirchner y Chávez, en nombre de nuestros pueblos.
Ante esta situación adversa para el imperio, éste emprende una nueva contraofensiva imperialista, que ya había comenzado anticipadamente en 2002 con el frustrado golpe de estado que intentó en Venezuela.

Ante gobiernos y procesos de defensa de la soberanía de pueblos y naciones que se conformaron en Nuestra América, EEUU no va a renunciar a acciones intervensionistas al ver amenazados sus intereses y sus pretensiones de control territorial de la región para el saqueo de nuestros recursos naturales, especialmente los energéticos, minerales y acuíferos, así como sus planes de hostigamiento y conspiración contra los empeños de nuestros pueblos en reafirmar su soberaníae independencia.
No son casuales los apresamientos, hostigamiento y conspiraciones de gobiernos y lideres democráticos.
Tienen una amenaza constante de intromisión y declaraciones intervencionistas contra los gobiernos que emprenden un proyecto autonómico y de justicia social, de estabilidad y crecimiento sostenido, muy en especiales contra los países que integran el ALBA.
No hay equivoca alguno al afirmar que constituye una muestra más de intromisión las declaraciones de la nominada a representar la embajada de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, ya que manifestó que de ser confirmada trabajará para que se respeten los derechos de aquellos descendientes de haitianos afectados por la sentencia 168 del 2013 del Tribunal Constitucional.
Los dominicanos, e incluso el propio gobierno, no puede menos que preocuparnos por las recientes declaraciones de esa señora y su posible presencia en el país representando la administración del gobierno de EEUU.
A EEUU no le ha gustado para nada las experiencias vividas en los últimos años en Nuestra América, pero algo hay que hacer para la defensa de la democracia y de los gobiernos y líderes que han llevado a cabo transformaciones, procesos autonómicos y defensa de su soberanía.

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Andy Dahuajre

Pecado original del derecho penal de los derechos humanos. Por Eduardo Jorge Prats


Un pecado afecta al derecho penal de los derechos humanos que se remonta a los orígenes mismos de dicha disciplina en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis y cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy día, a 70 años de aquel proceso sin parangón en la historia. En dichos juicios, se condenó a personas por una serie de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron establecidos durante el proceso judicial y no previo al momento en que se cometieron los hechos, como exige el principio de legalidad penal, cuya finalidad es que el acusado pueda saber qué conductas están prohibidas o permitidas por el derecho y, en consecuencia, esté en condiciones de prever las consecuencias que acarrea la realización de las mismas. Por si lo anterior fuera poco, no se trató de un proceso imparcial, pues el tribunal estaba constituido exclusivamente por representantes de las potencias vencedoras en el conflicto bélico mundial y la investigación e instrucción fueron llevadas a cabo por personal designado por las potencias vencedoras; no hubo instancia superior a la que pudieran recurrir los condenados; el procedimiento aplicado desconoció los principios elementales de validez y carga probatoria; y no se permitió la asistencia de abogados a los imputados durante la fase de instrucción ni se les permitió acogerse al derecho de no autoincriminación.
Lo anterior fue justificado, parcial o totalmente, por los juristas de la época, entre ellos Hans Kelsen y Gustav Radbruch, a pesar de que se trataba de principios básicos del Estado de Derecho, cuya violación paradójicamente se imputaba a los acusados en Núremberg. Tanto el Tribunal como la doctrina mayoritaria de entonces como de ahora justificó, por ejemplo, la violación de la máxima “nullum crimen sine lege”, bajo el predicamento de que constituiría una injusticia mayor permitir que infracciones intencionadas contra los instrumentos internacionales quedaran impunes, al tiempo que se afirmaba que las conductas sancionadas se hallaban previamente prohibidas por el derecho internacional. Pero es obvio que los procesos se basaron en una legislación “ex post facto”; que el derecho internacional no preveía sanción penal para muchas de las conductas sancionadas; que aquellas que constituían un ilícito internacional no acarreaban consecuencia punitiva y solo activaban la responsabilidad internacional del Estado; que otras, como los crímenes de guerra, si bien existían en el derecho internacional consuetudinario, no contaban con una descripción típica concreta, con lo que se violaba el principio de taxatividad; y que los crímenes contra la humanidad, aunque pudieran considerarse delitos en la legislación interna alemana, no fueron sancionados en base a esta legislación ni con las consecuencias legales punitivas previstas en el ordenamiento jurídico alemán.
Si todo se hubiese quedado en Nuremberg no hubiese problemas. Pero la cuestión es que el pecado original ha irradiado con posterioridad no solo alderecho penal internacional –donde se manifiesta en la falta de taxitividad de los crímenes internacionales- sino también al derecho penal de los estados, que considera que quienes violaron los tratados de derechos humanos, al ser juzgados por los tribunales, deben tener sus garantías materiales y procesales disminuidas por el solo hecho de que se les impute haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Penart v. Estonia, a pesar de que los actos cometidos por los acusados podían ser legales bajo el Derecho soviético en el tiempo de su comisión, condenó a estos por crímenes contra la humanidad que fueron definidos cuatro décadas después de su comisión.
Estas decisiones, junto con otras más de jurisdicciones internacionales y nacionales, han ido conformando un neopunitivista derecho penal del enemigo de los derechos humanos, “cuarta velocidad del derecho penal” muy criticada por la doctrina penal que entiende el derecho penal como un derecho de garantías, pero que, sin embargo, constituye hoy un paradigma incuestionable para los estados, los activistas de derechos humanos y la sociedad civil, a pesar de estas manchas a su legitimidad. Esto hay que decirlo desde la dogmática y la academia si creemos, junto con el siempre lúcido Max Weber, que “el profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra de un aula”.

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Andy Dahuajre

Leonel Fernández, una derrota innecesaria. Por Melvin Matthews

La aprobación en la Cámara de Diputados de la debatida y anhelada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, tras una dramática alianza entre legisladores del Presidente Danilo Medina y de la oposición, trajo consigo la derrota de las posturas contrarias sustentadas por los congresistas leales al ex presidente Leonel Fernandez, quien en una publicación aparecida el martes, pronosticaba que la novedosa legislación provocará “la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo”.
El presidente Danilo Medina ha ganado otra jornada de la larga confrontación que sostiene con su compañero Fernández, ahora en torno al proyecto pendiente de la segura sanción del Senado. Junto a sus 70 diputados, Medina logró arrimarse el apoyo del PRM, el cual emerge como una organización de tácticas imprevisibles, más los apoyos de su aliado el PRD y del sorprendente PRSC, que sostenía posturas inflexibles frente al gobierno.
Fernandez sufrió una derrota innecesaria y peligrosa de cara al futuro inmediato. Innecesaria, porque debilitó su liderazgo, perdió mucho tiempo y gastó muchas municiones politicas librando un improductivo combate, que, en virtud de su experiencia como estadista de 12 años en el poder, no podía darse el lujo de perder. El conoce perfectamente la fortaleza presidencial; aquella, que en determinadas circunstancias, resulta inexpugnable; peligrosa su derrota porque la intransigencia, la incapacidad de ambos para armonizar posiciones, dejó expedito el camino hacia la división del partido de gobierno, a menos que predomine la reflexiva cordura.
Dos decisiones de Medina impidieron la caida del proyecto: su carta a los presidentes del Congreso exhortandoles a crear una comisión mixta especial de consenso, y la extensión de la legislatura ordinaria.
La nación tiene la anhelada ley, Medina salió fortalecido y Fernandez ha quedado inexplicablemente solitario. Craso error.

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