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OPINIONES

Danilo Medina deberá concentrarse para contener la caída de su valoración. Por Juan Bolívar Díaz

El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados esta semana indica que la popularidad del presidente Danilo Medina sigue en picada, con descenso de la valoración de su gestión, y evidencia las serias dificultades con que tropieza el proyecto reeleccionista en discusión, con rechazo de dos terceras partes a reformar la Constitución.

Resulta relevante que Luis Abinader corre virtualmente solo para la candidatura presidencial del principal partido opositor, y que su aceptación se acerca a la de Medina, quien pierde terreno ante Leonel Fernández, resaltando que una alta proporción aún no tiene claras preferencias a casi dos años de las elecciones presidenciales.

Los segundos períodos

La Gallup-HOY parece ratificar la percepción de que los segundos períodos de Gobierno consecutivos resultan malos en el país, por cansancio o porque el poder obnubila y crea distancia de la ciudadanía. A la mitad de su primer período, en agosto de 2014, Gallup-HOY le registró una aprobación histórica del 91%. En julio de 2015 al aceptar su segunda postulación consecutiva estaba en 82%, pero ya en febrero de 2017 se había reducido a 62%, la proporción con que fue reelecto en 2016, y en octubre bajó al 51%, a razón de 1.4% menos por mes el año pasado.

En la investigación realizada del 5 al 11 de este marzo, solo el 45.5% evaluó como bueno o muy bueno el desempeño de Medina, en sus primeros cinco años de Gobierno, pero a la pregunta de si aprueba o desaprueba su gestión, independientemente de su posición política, la aprobación alcanzó 47%.

Resalta que la encuesta fue realizada apenas una semana después del discurso del mandatario ante la Asamblea Nacional, y a través de más de 400 medios de comunicación electrónicos y digitales, donde presentó una situación optimista de sus realizaciones con gran despliegue publicitario y de su amplio aparato mediático propio, pero el 63% de los encuestados dijo que no lo escuchó, pese a lo cual 73% opinó que no tocó todos los temas que debía, coincidiendo con las críticas de la oposición y analistas independientes.

Una avalancha muy negativa

Varios otros resultados de la encuesta Gallup-HOY muestran una avalancha muy negativa para el presidente Medina.

Comenzando porque la población niega los grandes logros económicos y de reducción de la pobreza que él sostuvo en su discurso del 27 de febrero. El 79 por ciento considera mala o muy mala la situación de la economía nacional, 5 puntos más que en la de octubre. Y solo el 9% la consideró buena o muy buena. El 78 por ciento opinó que el país va mal o muy mal, contra el 18% que lo estimó bien o muy bien. Con el agravante de que 45% cree que estará peor al término del período gubernamental.

Aunque el Presidente, sus funcionarios y propagandistas sostienen que han sacado de la pobreza a un millón 200 mil personas y creado más de 600 mil empleos, 120 mil solo el año pasado, y que el país es casi de clase media, el 46% de los encuestados estima que ahora hay más pobres y otro 27% que sigue igual para totalizar 73%, mientras apenas 25% considera que hay menos pobreza.

Y a la pregunta de cómo está la familia en relación a dos años atrás, 35 por ciento responde que peor y 36 por ciento igual, totalizando 71 por ciento.

La opinión sobre la situación económica personal de los encuestados también fue mayoritariamente negativa, para el 56%, cuatro puntos más que en octubre pasado. Mientras apenas 17% dijo que es buena o muy buena. Y peor cuando se preguntó para quién gobierna Danilo Medina, pues 46% dijo que para los dirigentes y miembros de su partido, y solo 29% para beneficio de todo el pueblo.

No reforma constitucional

En términos políticos los resultados de la Gallup-HOY también resultan negativos para el presidente Medina y los que promueven su reelección. Justo dos tercios, el 67%, rechaza otra reforma de la Constitución para posibilitar una tercera postulación consecutiva, y solo el 30% la favorece. Contrasta con el resultado de febrero del 2015, de la misma encuestadora, que arrojó un 61% a favor de dos períodos consecutivos y 70% favoreció la reforma constitucional para que Medina pudiera buscar el segundo.

Las preferencias electorales por Danilo también han caído y debe asumirse que en parte por la institución de dos períodos y “jamás” en la Constitución que él mismo auspició hace solo tres años para repetir en el cargo. A la pregunta de a quién le gustaría que sea el próximo Presidente, quedó empatado justamente en 14.8% con su archirrival Leonel Fernández, quien aparece en recuperación, y cuatro puntos por debajo de Luis Abinader, quien lidera con 18.8%.

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Martinez Moya

Los multitentáculos de la censura. Por Miguel Franjul

Miguel Franjul

Como la mitológica Hidra de Lerna, que tenía siete cabezas venenosas, así de multifacética es la censura contra la libertad de prensa, especialmente en el área digital, hasta ahora el escenario más amplio que existe para la difusión de las ideas del hombre.

Hasta aquí llegan los enemigos de la verdad y la transparencia, de la crítica o del disentimiento con sus distintas herramientas coercitivas. Y los ejemplos más recientes que ilustran esta conspiración contra la libertad de expresión se han dado en Venezuela, bajo la dictadura de Maduro y en otros países de nuestro continente, regidos por mandatarios antidemocráticos.

Después de haber asfixiado a casi toda la prensa impresa independiente de ese país, que a diario denunciaba la quiebra premeditada de la democracia, también persiguió a esta con sistemática intolerancia cuando migraron a la esfera digital.

Los impresos que abandonaron las rotativas, 52 periódicos y semanarios de dilatada presencia en Venezuela, se encontraron con el mismo enemigo en sus plataformas de internet, en la forma de bloqueos intermitentes o en algunos casos permanentes, que impedían el acceso de los usuarios a sus páginas.

El gobierno autocrático tiene el monopolio del bloqueo y el filtrado de los contenidos de internet que pretenden difundir las versiones digitales de los diarios asfixiados, obligando incluso a los proveedores privados de los servicios de telefonía y cable, a someterse a sus reglas restrictivas.

La censura comienza por una denegación de servicios a los usuarios, poniéndosela difícil a los ciudadanos que tratan de buscar contenidos no sesgados por la censura oficial.

Y mientras los diarios digitales luchan por sobrevivir, el gobierno también utiliza otra de las cabezas de la Hidra de Lerna, para montar en paralelo una red de medios digitales de línea oficialista, pretendiendo aparentar que el espacio digital está nutrido de opciones independientes, aunque en el fondo se trata de imponer la hegemonía comunicacional unidireccional.

La censura alcanza la radio y la televisión por cable. Según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, otra forma de censura es la “no respuesta” de conexión, que impide a los futuros usuarios poder acceder a los portales ‘web’ que operan en el país, una maquinación en la que aparecen comprometidas empresas privadas, como la Digitel, que encabeza los ejemplos de censura con más del 70 por ciento de los casos de bloqueos, en perjuicio de los usuarios de Movilnet y Movistar, entre otras.

Estas formas de censura digital no solo se dan en Venezuela. Se manifiestan en otros países latinoamericanos con regímenes autocráticos o con igual vocación y de ahí la importancia de que la prensa libre impulse y luche por imponer los principios de la “Declaración sobre la Libertad de Expresión en la Era Digital”, aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su última asamblea general en Salta, Argentina, el pasado mes de octubre.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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