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OPINIONES

Haití y la amenaza sanitaria para RD. Por Luis Garcia

Muchos en la República Dominicana se escandalizan permanentemente ante la presencia masiva de haitianos que ingresan ilegalmente por la frontera con Haití, sin darse cuenta que existe un peligro aun mayor que acecha noche y día: la amenaza sanitaria.

La alarma se disparó la semana pasada, cuando el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica nacional para prevenir un posible brote de difteria, después del fallecimiento de un niño haitiano, de cuatro años de edad, con síntomas de esta enfermedad y que había llegado al país recientemente.

El brote de la enfermedad en el territorio vecino data desde 2014.

Antes, en 2010, también se habían disparado alarmas epidemiológicas, cuando el 15 de noviembre se confirmó el primer caso de cólera en República Dominicana.

Un inmigrante haitiano que demandó atención y fue ingresado en un centro sanitario de Higüey, provincia La Altagracia, resultó positivo.

La situación activó la vigilancia intensificada de cólera en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, se notificaron 662 casos sospechosos y cerca de 11 defunciones asociadas a la enfermedad.

Un año después, en diciembre de 2011, la cantidad de nuevos casos alcanzó los 21,000, con 371 fallecimientos, mientras que en 2012 las cifras descendieron a 7,860 y 66 defunciones, igualmente sospechosas.

Los dos países comparten la isla La Española, con una frontera física que, aunque porosa, marca límites geográficos tangibles.

Sin embargo, existen enormes asimetrías que van desde lo económico hasta lo sanitario, sin que para este último se verifiquen fronteras, porque en el campo epidemiológico las mismas no existen en ninguna parte del mundo.

En la actualidad, el sistema sanitario en la República de Haití resulta inviable.

Allí la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, la norma jurídica de carácter vinculante entre los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destinada a prevenir la diseminación de enfermedades y otros riesgos a la salud humana, no puede aplicarse adecuadamente, en vista de que las estadísticas no son confiables, y las capacidades de detección, notificación y respuesta a las enfermedades mínimas. Indudablemente que la República Dominicana queda ante una latente amenaza sanitaria, que supera la proveniente de la inmigración ilegal hacia su territorio.

Aunque el terremoto del año 2010 agravó la situación, ya Haití enfrentaba una de las tasas más altas de mortalidad en occidente, debido a infecciones y enfermedades como tuberculosis, el VIH y la diarrea.

Esto explica que el año pasado la asistencia dominicana en gasto en salud a haitianos superó los RD$5,000 millones, sin que se vislumbre la posibilidad de que la misma disminuya.

Datos del Ministerio de la Salud Pública y la Población (MSPP) de Haití dan cuenta que para una población de 10.7 millones de habitantes, disponen de 911 médicos, 3,018 enfermeras, 115 hospitales, y 7,375 camas; y unas 125 secciones comunales no disponen de ningún establecimiento de salud.

Las autoridades dominicanas deberían prestar mayor atención a la amenaza sanitaria que representa Haití, que al fenómeno de la inmigración que desde hace décadas cruza la frontera geográfica pagando peajes; ya que la epidemiológica, que es invisible, resulta más difícil de controlar, porque no puede palparse.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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Juan T H

Pacto de migraciones ONU hunde a RD. Vinicio Castillo Semán

Vinicio Castillo Semán

El país no tenía, hasta hace unos pocos días, ninguna información.En secreto, el Gobierno dominicano había aprobado, en principio, sujeto a ratificación el próximo día 11 de diciembre el denominado Pacto Mundial para la Migración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que constituye sin dudas uno de los peligros mayores que ha tenido la República Dominicana desde su fundación el 27 de febrero de 1844. Los Estados Unidos de Norteamérica encabezan una creciente lista de Estados que se han opuesto al Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU bajo el legítimo e inexpugnable argumento de que se trata de un instrumento de derecho internacional que colide, menoscaba y atenta contra la soberanía de los Estados en todo lo que tiene que ver con el estatuto migratorio de cada país.

Para analizar los efectos catastrófi cos que tendría el Pacto de la ONU sobre RD hay que resaltar el contexto en que esto se produciría: El caso de República Dominicana con Haití es único en el mundo. 1) Son dos naciones en una pequeña isla. El pueblo más pobre del hemisferio occidental de un Estado fallido que es el de Haití, está ocupando masivamente el territorio del Estado vecino de la República Dominicana, a través de una frontera imaginaria y con una enorme población migrante ilegal carente de identidad civil (nombre y apellido).

2) La ONU, la misma que promueve el Pacto, nos está acusando de apatridia, acompañando a Haití en el argumento de que todos sus ciudadanos carentes de identidad civil que alegan haber nacido en territorio dominicano, son apátridas, y por lo tanto reclaman la nacionalidad dominicana.

3) Es la misma ONU que apadrina el Pacto la que pidió ofi cialmente, a través de su otrora secretario general Ban Ki-moon, a nuestro presidente Danilo Medina en Panamá, el otorgamiento de nacionalidad dominicana a un millón de ciudadanos haitianos que alegan haber nacido en territorio dominicano.

Como la mayoría de los dominicanos no sabe, ni conoce, de qué se trata el Pacto de la ONU, ni de las repercusiones que tendría su ratifi cación para la República Dominicana, a continuación transcribo y comento brevemente las partes que considero más peligrosas para la República, que de aprobarse, constituiría la fusión de República Dominicana con Haití en sus efectos prácticos: “OBJETIVO 4: Asegurar que todos los migrantes tengan una prueba de identidad legal y adecuada documentación.

e) Fortalezca las medidas para reducir la apatridia, incluso registrando los nacimientos de los migrantes, garantizar que las mujeres y los hombres puedan igualmente conferir su nacionalidad a sus hijos, y proporcionar nacionalidad a los niños nacidos en el territorio de otro Estado, especialmente en situaciones donde un niño sería apátrida, respetando plenamente el derecho humano a una nacionalidad y de acuerdo con la legislación nacional.” Como se puede apreciar, éste sería un eje mortal para la soberanía de la República Dominicana y su nacionalidad. Nos obligaría a darle la nacionalidad dominicana a todo aquel haitiano o hijo de haitiano que alegue haber nacido en la República Dominicana y ser apátrida. Esta acusación formal de apatridia la tiene ya la República Dominicana, de parte de la misma ONU, por una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que de una manera imperial y absurda nos ordenó cambiar nuestra Constitución y nuestras leyes para la falsifi cación masiva de nuestra nacionalidad.

“OBJETIVO 13: Usar la detención de inmigrantes sólo como una manera de último recurso y trabajar para alternativas.” ¿Qué signifi caría en la práctica esto? Que la detención de los ilegales haitianos en República Dominicana sería el último recurso. Se crea un mecanismo para difi cultar la detención y la repatriación de ilegales, lo que de manera directa viola la Constitución de la República y la Ley de Migración.

“OBJETIVO 15: Proporcionar acceso a servicios básicos para migrantes.

31. Nos comprometemos a garantizar que todos los migrantes, independientemente de su estado migratorio, puedan ejercer de sus derechos humanos a través de un acceso seguro a los servicios básicos. Nos comprometemos además a fortalecer la inclusión de migrantes sistemas de prestación de servicios, a pesar de que los nacionales y los migrantes regulares pueden ser derecho a una prestación de servicios más completa, al tiempo que garantiza que cualquier tratamiento diferencial debe basarse en la ley, ser proporcionado, perseguir un objetivo legítimo, de conformidad con ley de derechos humanos.” ¿Qué signifi ca para RD esto? Que todos los haitianos ilegales tendrían el mismo derecho que los dominicanos a obtener los servicios básicos de salud, educación, etc., de forma gratuita. En otras palabras, lo que ha venido ocurriendo, cargar con los problemas de la población haitiana en la República Dominicana.

d) Proporcionar acceso a la justicia para todos los migrantes en los países de tránsito y destino que son o puede estar sujeto a detención, incluso al facilitar el acceso a un servicio legal gratuito o asequible asesoramiento y asistencia de un abogado califi cado e independiente, así como acceso a información y el derecho a una revisión periódica de una orden de detención.” ¿Qué signifi caría este párrafo? Servicios legales gratuitos para los ilegales, asistencia de abogados de ofi cio para asistirlos ante recursos judiciales que buscarían esencialmente evitar la repatriación a su país de origen. Quiero culminar este artículo pidiéndole al presidente Danilo Medina y a mi amigo personal Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, que no ratifi quen este Pacto de Migración de la ONU. Hacerlo tendría inmensas repercusiones en todos los órdenes y abriría todas las vías, sin excepción, para luchar contra lo que sin dudas constituiría en los hechos la fusión de RD y Haití.

¡Oigan el clamor de este pueblo! ¡Rechazo al Pacto infame de la ONU!

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