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INTERNACIONALES

Belice podría perder la mitad de su territorio

Guatemala y Belice barajan cartas ante la justicia internacional por un conflicto de más de 159 años, pero todavía no se sabe si se llevará a cabo la partida.

Los guatemaltecos votaron este domingo por una abrumadora mayoría para que el gobierno de su país lleve ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el reclamo territorial que tensa las relaciones entre los dos países.

Se trata de un conflicto fronterizo por una zona de más de 11.000 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio de Belice, que incluye islas, cayos, islotes y superficie marítima en el Golfo de Honduras.

Con casi la totalidad de las urnas escrutadas, más del 96% de los guatemaltecos se mostró a favor de que la CIJ analice el reclamo, pero aún no está dicha la última palabra.

Todavía queda por ver cuándo Belice realizará su consulta y si sus ciudadanos aceptan que sea La Haya quien decida el diferendo.

Solo entonces podría comenzar el proceso.

Mientras, Guatemala ya hizo su parte: más de 7,5 millones de sus ciudadanos fueron convocados para la consulta popular que, aunque terminó con la victoria del “Sí”, tuvo una participación muy baja, según datos oficiales.

Image copyrightCARLOS ALONZO/AFPGuatemala reclama más de 11.000 kilómetros cuadrados de territorio, islas y mares.
Image captionGuatemala reclama más de 11.000 kilómetros cuadrados de territorio, islas y mares.

Aunque ambos países firmaron un acuerdo en 2008 para que fueran sus habitantes quienes decidan si llevar o no el reclamo territorial a un nivel más alto, la consulta no se realizó en Guatemala hasta ahora por falta de un acuerdo bilateral para su realización.

Y, de hecho, aún se desconoce la fecha en la que lo hará el país vecino.

No obstante, el embajador beliceño en Guatemala, Alexis Rosado, afirmó este domingo que su gobierno estima que la consulta popular será “a fin de este año”.

Tras conocerse los resultados de la consulta, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ofreció un mensaje en el que se mostró “sumamente complacido” porque sus compatriotas “optaron por una solución pacífica y democrática para solucionar un conflicto de 200 años de existencia”.

Pero ¿cuál es la base de este conflicto?

La historia

La disputa territorial empezó en la época de la Colonia, cuando lo que hoy es Centroamérica formaba parte del virreinato de Nueva España, una entidad territorial integrante del imperio español.

Los piratas ingleses que atacaban las embarcaciones españolas se refugiaban en costas del ahora Belice.

Image copyrightCARLOS ALONZO/AFPGuatemala y Belice mantienen una
Image captionGuatemala y Belice mantienen una “zona de adyacencia” para separar sus territorios.

Para evitar el asedio, en 1783 y 1786 España entregó a la corona británica dos concesiones para extraer maderas preciosas en ese territorio.

En las décadas siguientes aumentó el número de ingleses en esa zona, originalmente ubicada en lo que ahora es la frontera beliceña con México.

Sin embargo, durante la guerra de independencia que terminó en 1821, la colonia británica se extendió a otras zonas hasta abarcar el territorio de lo que hoy es Belice.

En esos años el gobierno guatemalteco sostenía una disputa con México que pretendía quedarse con la región de Petén, y en esas circunstancias se vio obligado a aceptar los nuevos límites de la colonia británica.

En 1859 se firmó un acuerdo que establecía, como pago por la cesión de la tierra, que la corona británica construyera un camino entre la capital guatemalteca y el Mar Caribe.

Image copyrightAFPFrontera entre Belice y Guatemala
Image captionDesde 1991 se estableció la llamada “zona de adyacencia”, una línea imaginaria que separa el territorio de ambos países.

La obra nunca se hizo, y por ello en 1946 Guatemala canceló el acuerdo y demandó que la CIJ resolviera la disputa por el territorio, lo que no sucedió.

En 1981 Belice obtuvo su independencia, pero Guatemala la aceptó una década después.

Lo hizo cuando el entonces presidente Jorge Serrano reconoció el derecho de Belice a la autodeterminación y soberanía, y el de los beliceños a elegir su gobierno.

Pero no reconoció el territorio donde se asienta el país, porque está en disputa.

Belice, a cambio, aceptó que su vecino pretendía tener derechos sobre su territorio. Un primer paso que abrió la puerta a la solución negociada que derivó en la consulta de este 15 de abril.

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INTERNACIONALES

Los Mossos son un 60% más caros que la Policía Nacional y la Guardia Civil

Los Mossos son, con diferencia, el cuerpo policial mejor pagado de Cataluña y el más nutrido en efectivos. Sin embargo, ha tenido que ser la Guardia Civil la encargada de desmontar la maquinaria del golpe secesionista, que ha puesto en evidencia la pasividad de los Mossos en este particular. Y eso que los policías autonómicos catalanes son un 60% más caros que los policías nacionales o los guardias civiles.

Insertados orgánicamente en la estructura de la Generalitat, los Mossos rozan los 17.000 efectivos. En sí misma, la cifra les sitúa con una ventaja rotunda. La ratio sale a un mosso por cada 445 habitantes de Cataluña; en el conjunto de España, la suma de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arroja una proporción de un efectivo cada 300 habitantes.

En gasto público, los Mossos también salen con sustancial ventaja. La partida presupuestaria de «seguridad pública» de la Generalitat ronda los 950 millones de euros anuales -830 millones para pagar sueldos-. A nivel nacional, la misma partida de los Presupuestos Generales del Estado asciende a 5.323 millones. Es decir, Cataluña -con el respaldo financiero del Estado- disfruta de 126 euros por cabeza en «seguridad ciudadana» prestada por la Generalitat; en el conjunto de España, 114 euros por habitante, un 10% menos.

Esa holgura presupuestaria y de plantilla no ha servido para que los Mossos hayan cumplido con la orden nítida que la Fiscalía le dio al jefe de este cuerpo autonómico, Josep Lluis Trapero: perseguir activamente la maquinaria puesta en marcha por los secesionistas para el referéndum ilegal, órdago central del golpe independentista. La Guardia Civil es la que ha tenido que asumir esa función en la práctica, ante una policía autonómica cuya cúpula está orgánicamente conectada al mando político de Puigdemont y Junqueras en la Generalitat.

El sueldo medio, 18.000 euros mayor

El Gobierno catalán lleva décadas mimando lo sueldos de los mossos, nutriéndolos para situarlos muy por encima de los salarios que cobran policías nacionales y guardias civiles . Este empeño de la Generalitat ha sido compartido por el Gobierno vasco con sus ertzainas.

El resultado es que, hoy por hoy, de media, un mosso sale un 60% más caro que un policía nacional o un guardia civil. Si se suman los costes salariales de estos dos cuerpos estatales, la media es de unos 30.000 euros por efectivo; en el caso de los mossos, si se divide el presupuesto de personal por la plantilla, la media se aproxima a los 48.000 euros anuales por cabeza.

Casi cuatro millones para «incentivos»

Las nóminas de los mossos también dejan hueco para poder sumar retribuciones variables a lo largo del año al amparo de los «incentivos» y pagos por «servicios extraordinarios». Es un apartado retributivo para el que la Generalitat se reserva casi cuatro millones de euros por ejercicio. En concreto, este 2017 está disponiendo una partida de 3,92 millones de euros para poder repartirla entre los efectivos de los Mossos para el pago variable de «incentivos» y «servicios extraordinarios».

En total, los 830,21 millones de euros a que asciende el presupuesto consignado este año para gastos de personal de los Mossos se reparte en cuatro grandes subpartidas: algo más de 212 millones de euros para retribuciones salariales básicas; unos 454 millones para complementos retributivos fijos; 3,92 millones de euros para repartir en forma de «incentivos» y pago de «servicios extraordinarios»; y unos 160 millones de euros en cotizaciones de Seguridad Social.

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INTERNACIONALES

El FBI publica parte del resumen del expediente de Rusia utilizado para informar a Trump y Obama

El FBI publicó por primera vez el viernes por la noche un resumen de dos páginas que el ex director del FBI, James Comey, solía informar al presidente electo Donald Trump hace casi dos años sobre un llamado expediente sobre los vínculos de Trump con Rusia.

La versión hecha pública el viernes podría reavivar las críticas anteriores de los republicanos y aliados de Trump de que el FBI era demasiado vago en su descripción del hecho de que el expediente fue financiado por la campaña de la némesis de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, la nominada demócrata Hillary Rodham Clinton, así como el Comité Nacional Demócrata.

La historia continúa abajo

Comey, quien fue despedido por Trump en mayo de 2017, reconoció durante una gira de libros a principios de este año que no informó a Trump quién pagó por la investigación.

El breve pasaje que el FBI dejó sin redactar en el memo recién publicado brinda información sobre el antiguo oficial de inteligencia británico que compiló el expediente, Christopher Steele, aunque el nombre de Steele no aparece en la versión recién lanzada. La parte publicada de la sinopsis es vaga acerca de quién financió el proyecto, refiriéndose a él como patrocinado por “clientes privados”.

“Una fuente del FBI … ofreció voluntariamente información muy sensible desde el punto de vista político … sobre los esfuerzos de influencia rusos dirigidos a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos”, dice el memorándum etiquetado como “Anexo A”. “La fuente es un ejecutivo de una empresa de inteligencia de negocios privada y un ex empleado de un servicio de inteligencia amigable que ha sido compensado por informes anteriores en los últimos tres años. La fuente mantiene y recopila información de una red en capas de recursos identificados y no identificados, algunos de los cuales han sido corroborados en el pasado. La fuente recopiló esta información en nombre de clientes privados y no fue compensada por el FBI “.

“El informe de la fuente parece haber sido adquirido por varias organizaciones de la prensa occidental a partir de octubre”, declara el documento de enero de 2017.

Comey dijo que no le mostró ni le dio el memorándum a Trump, pero lo usó como referencia para informarle sobre el expediente, que los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos temían que Rusia tratara de usar como chantaje contra Trump. La sinopsis también se utilizó para informar al presidente Barack Obama, dijeron los funcionarios.

Los republicanos se habían quejado previamente de que el FBI no había informado a un tribunal federal sobre la procedencia del expediente; que el trabajo de Steele fue encargado por Fusion GPS, una firma de investigación que había sido contratada por el bufete de abogados de la campaña de Clinton, Perkins Coie, para obtener información sobre Trump relaciones comerciales en el extranjero. Basado en parte en la información del expediente, el tribunal otorgó una solicitud del FBI para vigilar a un antiguo asociado de la campaña de Trump en octubre de 2016.

Algunos aspectos de la aplicación de vigilancia del FBI se han lanzado desde entonces y revelaron que el FBI sí informó a la corte que Steele tenía una actitud política hacia Trump y que fue financiada por un patrocinador políticamente motivado.

El documento fue publicado el viernes en respuesta a una demanda de la Ley de Libertad de Información presentada por un periodista de POLITICO y el Proyecto James Madison, un grupo pro-transparencia.

En enero, el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amit Mehta, dictaminó que el FBI estaba legalmente justificado al negarse a confirmar o negar la existencia de cualquier registro relacionado con el expediente, a pesar de varios tweets del presidente Donald Trump que describían el documento como “falso” o ” desacreditado “.

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Sin embargo, poco después de esa decisión, Trump desclasificó un memorando del Comité de Inteligencia de la Cámara que incluía varias afirmaciones sobre el manejo del expediente por parte del FBI. En agosto, Mehta dijo que la publicación oficial de ese material viciaba la capacidad del FBI para afirmar que no había ofrecido una confirmación pública de su papel en la verificación o verificación del expediente, una colección de afirmaciones precisas, inexactas, no verificadas y, a veces, crueles sobre los lazos entre Rusia. y varias figuras en el círculo de Trump.

“Sigue sin ser lógico ni plausible para el FBI mantener que no puede confirmar ni negar la existencia de documentos” relacionados con los intentos de verificar la información en el expediente, escribió Mehta.

El FBI retuvo el resto de la sinopsis de dos páginas por diversos motivos, incluido que el material sigue clasificado como Secreto o Máximo secreto. La agencia de aplicación de la ley también indicó que la información está exenta de divulgación porque se refiere a investigaciones en curso o procedimientos judiciales, se originó con una fuente confidencial o describe técnicas o procedimientos de investigación confidenciales.

El FBI dijo el viernes que no tenía registros que indiquen conclusiones finales sobre cualquier información en el expediente, dijo Brad Moss, uno de los abogados que solicitan la divulgación de los registros.

“Después de dos años de juegos legales, el FBI finalmente confirmó dos especulaciones sobre las acusaciones escandalosas sobre las cuales el Director Comey informó al Presidente Trump en enero de 2017: todas esas denuncias siguen siendo parte de la investigación en curso de ‘colusión’ rusa, y del FBI no ha emitido determinaciones finales sobre la exactitud de ninguno de ellos ”, dijo Moss. “Lejos de ser desacreditado, los problemas que plantearon inquietudes para la Comunidad de Inteligencia en 2017 siguen sin resolverse hasta el día de hoy”.

Moss dijo que planea desafiar las retenciones del FBI en el caso y pedirle a Mehta que ordene más de la información divulgada.

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