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La inmigración: ¿somos especiales?. Por Pavel Isa Contreras   |

Los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2017 (ENI 2017) empezaron a proveer información veraz y actualizada sobre el tema y a derrumbar mitos sobre la cuestión de la inmigración haitiana en el país. La evidencia pura y dura es indispensable para articular políticas efectivas y las de inmigración no son la excepción.

Derrumbando un mito

El mito más notable que derrumbó fue el de la “invasión haitiana”. Aunque, como era esperable, la inmigración creció, no lo hizo a borbotones. Entre 2012 y 2017, el número estimado de inmigrantes creció en algo más de 46 mil personas. El número de inmigrantes que nació en Haití creció en 40 mil, y el de los que nacieron en Venezuela en más de 22 mil. El número de los que nacieron en otros países como Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y varios países de Europa Occidental se redujo.

La evidencia disponible respecto a la metodología usada apunta a que se trata de una encuesta bien hecha, nunca infalible, pero con altos estándares de calidad. Esta es la segunda vez que se hace en el país, en el mundo hay una dilatada experiencia en hacer este tipo de encuestas, y ambas cosas nutrieron el esfuerzo desplegado en la ENI 2017. Allí no ha habido improvisación.

De hecho, en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2015, un valioso módulo recogió información de la población migrante. Si bien no estimó el total porque eso requería una encuesta especial, proveyó información valiosa sobre el tiempo de residencia en el país (casi la mitad con 10 años o más, lo que refuerza la idea de que en años recientes no ha habido un desborde), la edad, el sexo y el país de origen. De tal forma que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) no es novata en estos asuntos.

Desinformación, desconfianza y prejuicio

Desafortunadamente, la desinformación, la desconfianza y el prejuicio son generalizados. Por una parte, hay una idea propagada, la cual no tiene sustento alguno, de que en el país hay un millón o más de inmigrantes haitianos. Lastimosamente, esta cifra inventada fue incluso usada por el Presidente de la República en un momento políticamente conveniente. Por otra parte, hay un rechazo prejuiciado y muchas veces racista a la inmigración haitiana, el cual alimenta la estridencia y se nutre de la desinformación. Este rechazo se diferencia, sin embargo, de la preocupación muy legítima por una percibida falta de controles migratorios adecuados en la frontera.

Además, con frecuencia, las cifras que ofrece el Estado no tienen suficiente credibilidad, apoyado a veces por la disociación entre las percepciones y los resultados de los instrumentos, y otras veces porque se aprecia el abuso de ellas con fines políticos. Todo lo anterior ha alimentado una crítica insustancial a los resultados de la encuesta.

No hay desborde, pero siguen siendo muchos

Sin embargo, haber encontrado que, en los últimos cinco años, la inmigración no se ha desbordado está muy lejos de significar que ésta no sea un problema. Por una parte, la encuesta estimó que en el país residen unos 571 mil inmigrantes, lo cual representa el 5.6% de la población total. Esos son números significativos. De hecho, según datos de las Naciones Unidas, los y las inmigrantes representan el 3.3% de la población mundial. Esto quiere decir que, como porcentaje de su población, la República Dominicana tiene más inmigrantes que el promedio de países en el mundo. Eso constituye un desafío significativo.

Vale indicar que el mismo informe de Naciones Unidas indica que hay 1.3 millones de dominicanos y dominicanas viviendo en otros países. Esto equivale cerca de 11% de la población total del país y significa que expulsamos más personas de las que atraemos.

Por otra parte, de los resultados de la ENI 2017 y del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se infiere que, a pesar del esfuerzo de regularización, todavía en el país habría algo más de 200 mil extranjeros en situación irregular. El tráfico de personas, la extorsión y el abuso laboral tenían amplio margen de maniobra.

La República Dominicana no es caso especial

Pero hay otros mitos y medias verdades que derribar. Uno de ellos es que el fenómeno de la inmigración es único en el país porque recibimos inmigrantes de un país que está entre los más pobres del mundo, que nuestra propia pobreza nos coloca en una situación de excepcional vulnerabilidad, y que eso difiere de lo que sucede en el resto del mundo, donde la migración se da principalmente hacia los países ricos, con mayor capacidad de acogida. Esta idea sirve para apoyar la propuesta de que a la inmigración haitiana hay que responder cerrando la frontera y hasta construyendo un muro.

La verdad es que no somos únicos. Los fenómenos migratorios son globales, y aunque los flujos internacionales desde países pobres a países ricos explican una parte importante de la migración mundial, aquellos que se dan entre países en desarrollo también lo son. De hecho, casi un 40% del total de migrantes en el mundo vive en un país de ingreso medio como el nuestro o en un país de ingreso bajo. En el caso de la emigración africana, la que ocurre desde un país africano a otro es tan grande como la que ocurre hacia fuera del continente. En Europa y Asia, la emigración desde un país a otro dentro del mismo continente es mayor que la que se da hacia afuera de éste. En contraste, en América Latina, la mayor parte de la emigración es hacia fuera de la región.

Lo anterior no desmiente que los países más ricos son importantes receptores de migración. En Estados Unidos, la población nacida en otro país es más del 14% de la población, en Francia 11%, en Alemania 15%, en Reino Unido 13%, en España casi 10%, y en Suiza el 28%. Son números bastante superiores a la media mundial (3.3%) y a las cifras observadas en la República Dominicana (5.6%).

América Latina y el Caribe

Pero también en países de América Latina hay flujos importantes que se originan en otros países de la misma región. En Costa Rica, con un PIB per cápita no muy alejado del nuestro, la población inmigrante representa casi el 9% de la total, en su mayoría nicaragüenses. Esta también es una cifra muy superior a la nuestra. En Argentina representa el 4.6%, en donde bolivianos y paraguayos seguramente tienen un peso importante, y en Chile un 5.5%.

En varios países y territorios del Caribe, la población inmigrante tiene un peso enorme. Aunque algunos de ellos tienen un PIB per cápita más elevado que el nuestro, en otros es bastante menor. En Aruba, donde vive un importante número de personas nacidas en la República Dominicana, el 35% de la población nació en otro país. En Antigua & Barbuda es el 31%, en Curazao es el 23%, en Barbados es más de 17%, en Saint Kitts & Nevis es 10%, y en Dominica 9%.

África

Países muy pobres de África también son importantes receptores de migrantes de países vecinos. En Costa de Marfil, con un PIB per cápita de menos de un cuarto del nuestro, la población migrante equivale al 12% de la población total. Sus migrantes llegan principalmente de Burkina Faso y Mali. En Burkina Faso, con un 11% del ingreso per cápita del de República Dominicana, los migrantes representan el 4% de la población, y en la República del Congo, con un 40% de nuestro ingreso por persona, representan casi el 10%, y llegaron principalmente de Angola, Rwanda y la República Centroafricana.

Todo lo anterior indica que en materia de inmigración no somos especiales, y que no nos pasa algo particular como país. Por ello, en vez de victimizarnos, debemos reconocer que estamos obligados a enfrentar el mismo reto que tienen muchos otros países en el mundo.

El éxito en esa misión depende de si lo hacemos con datos de calidad en mano, con humanidad y racionalidad, buscando bienestar de largo plazo, y sin histeria ni alimentados por motivos políticos viles.

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Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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Cumbre Mar-a-Lago. Por Julio Martínez Pozo

Dos días antes del encuentro en Mar-a-Lago del presidente Donald Trump con mandatarios caribeños, la secretaría de prensa del gobierno estadounidense emitió un escueto comunicado que adelantaba de forma precisa los objetivos de la convocatoria:

1-Importantizar la región y estrechar aún más los lazos de amistad, colaboración en seguridad e incremento de la inversión; 2-Contrapesar la influencia de China (o lo que Estados Unidos define como sus prácticas depredadoras); y, 3-Ampliar la presión sobre Venezuela para propiciar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.


A los planes de inversión en ese comunicado se le ubicaba un objetivo: sector energético.

Transcurrida la reunión, es claro que el presidente Donald Trump no se presentó a ella con las manos vacías, sino como el único presidente norteamericano con iniciativa económica para la región después de Donald Reagan, en 1984, con su plan de desarrollo e inversión para la cuenca del Caribe.

Ha declarado a los países convocados: Mancomunidad de la Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Haití y Santa Lucía, en “estatus prioritario” para los programas de inversión que Estados Unidos lleva a cabo a través del OPIC, su canalizador de aportes financieros para programa de desarrollo.

“Estados Unidos está junto a nuestros amigos caribeños y quiere avanzar en nuestros estrechos y antiguos lazos con la región, trabajando más estrechamente en prioridades como Venezuela y centrarnos en el crecimiento económico”, escribió el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en Twitter.


En los próximos 90 días delegaciones de alto nivel peregrinarán por la región identificando los nichos de inversión en los que se expresará la capitalización estadounidense, cosa que parece estar claramente visualizada en República Dominicana: las termoeléctricas de Punta Catalina, para las que el Estado dominicano anda en busca de socio estratégico.

Siendo RD por mucho la economía de mayor volúmen en todo el Caribe, es prácticamente la única con desarrollo económico para atesorar las grandes inversiones que conlleva la industria energética.

Estados Unidos ha estado más vinculado que nadie a todo el proceso de Punta Catalina, la empresa que preparó la licitación, la que ha fabricado la planta, la que suple el carbón y la que ayudará a establecer el valor de la empresa y la normativa para la incorporación de un asociado al Estado, todas made in USA.

El sector eléctrico también es atractivo para la inversión china, que ha expresado su intención de financiar la rehabilitación de las redes para evitar las grandes pérdidas que enfrenta el sector por concepto de energía que nadie aprovecha.

Aunque no se haya hecho mención pública de ese tema un punto concreto de interés de los Estados Unidos es la modificación de la ley dominicana de compra y contrataciones públicas, para que sus inversionistas pueden licitar en un terreno de mayor transparencia y menos discrecionalidad de los incumbentes.

Sobre la suerte de Nicolás Maduro y su camarilla a RD no se le puede pedir más: ha cerrado filas sin ninguna vacilación con los países que han declarado ilegítimo el gobierno chavista y que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino.

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ENCUESTA LIBRE

¿Esta el país preparado para el voto automatizado?

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