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OPINIONES

Procuraduría o Ministerio de la Mujer ¿Quién tiene la razón? Por: Susy Aquino Gautreau

El politólogo, periodista y sociólogo, Giovanni Sartori, planteó en su libro Homo Videns: La Sociedad Teledirigida como la humanidad va evolucionando, o involucionando, a través de la televisión. Por esto elegimos para titular este artículo la frase ¨¿Quién tiene la razón?¨ que es homónima de un popular ¨talk show¨ que con éxito condujo la sexóloga dominicana Nancy Álvarez en los Estados Unidos.

Esta relación aparentemente trivial y descabellada no fue hecha al azar ya que si nos fijamos en la actualidad las diferencias entre los actores influyentes de la vida nacional se discuten en los medios. Aunque ya no solo en los tradicionales sino también en las redes sociales.

Pero antes de discutir o expresar nuestro parecer en los medios ¿Nos hemos informado realmente de lo acontecido? ¿Hemos escuchado todas las campanas? ¿Conocemos el proyecto de ley que ha generado ronchas entre ambas instituciones? Esas son preguntas claves que debemos respondernos a nosotros mismos.

Como abanderada de los derechos de las mujeres en principio me sentí identificada con los reclamos del Ministerio de la Mujer pues no conocía los planteamientos del proyecto de ley. Considero que más que necesaria es obligatoria la permanencia y fortalecimiento de este organismo del Estado.

Sin embargo esta propuesta no es una amenaza contra la existencia del referido Ministerio sino que busca aunar esfuerzos en materia de prevención de la violencia de género cumpliendo la Procuraduría General de la República su rol rector en este tema como lo establece la ley.

El Ministerio Público es la institución responsable por ley de desarrollar las labores de prevención contra la criminalidad. Así lo establece el art.7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley No. 133-11) y el 169 de la Constitución.

Dicho artículo 7 establece que “El Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar gestionar y perseguir los hechos punibles”. Más adelante la ley explica que estas acciones se harán ¨en colaboración con los otros órganos e instituciones que corresponda¨. Lo cual en este caso implica la vinculación del Ministerio de la Mujer.

En cambio la misión del Ministerio de la Mujer contenida en su página web es definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Tomando en cuenta lo antes descrito más que una exclusión dicha entidad estaría participando, como le corresponde, en las mesas de trabajo que implican a su sector poblacional manteniéndose como rectora en las funciones que sí tiene.

Como podemos ver entonces el proyecto de Ley que crea el Sistema Integral de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está en consonancia con lo establecido en las leyes y la constitución y llama a varias entidades a colaborar en la lucha contra la violencia, entre ellas al Ministerio de la Mujer, tal cual lo contempla la ley hoy en día.

Esta propuesta cumple con la visión que ha venido implementando en gobierno de acciones mancomunadas con mesas de trabajo que eviten los esfuerzos aislados transformándolos en iniciativas conjuntas. Podemos estar o no de acuerdo con lo que las leyes establecen sin embargo esta no es una excusa para fomentar que se incumplan.

Ambas instituciones han sido cuestionadas en el desempeño de sus funciones lo cual en vez de ser un pretexto para atacarse entre sí debe ser una oportunidad para buscar mejores resultados juntas. El canibalismo en el mundo del marketing es una opción, discutible o no, pero en el Estado esto no aplica.

Recordemos que no podemos actuar al margen de la ley ni atribuir funciones que no tiene al ministerio de la Mujer ya que para ello habría que modificar la ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución de la República.

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OPINIONES

¡ “LEGALIZE IT” ! | Por Leo Herasme.

OPINIÓN | A lo largo de mis experiencias de vida en el universo del consumo de sustancias controladas, específicamente drogas narcóticas de consumo urbano (algunas sustancia controlada son medicamentos), he acumulado autoridad para hablar sobre el tema.

La primera vez que supe de la existencia de la marihuana, fue en 1978 a raíz de mi predilección por la música Reggae de Robert Nesta Marley (Bob), quien luego murió en 1982. Fue en esos mismos años (1978 – 1979) que escuché por vez primera, la petición de “¡legalize it!” 1978 0 79 en voz de Peter Tosh, cantante Jamaicano y ex miembro de The Wailers (Bob Marley).

Las políticas represivas del combate el consumo no han funcionado nunca en Dominicana, desde sus orígenes hasta hoy donde huelgan denuncias de “plantar drogas” a jóvenes íntegros del barrio, hasta microtraficantes “quitao” que ya no les es rentable vender y sobornar autoridades, son desgarrantes, inhumanas, generando en ellos (víctimas) y en nosotros un rencor contra los llamados a ser respetadas autoridades.

Como es usual en opiniones de este digital, remito a los lectores a investigar y particularmente ¿ Por qué fue prohibida, en primer lugar ? Los refiero al trabajo de los intereses industriales y económicos que llevaron a Historia de la ilegalización de la marihuana por dinafem.org

Durante la década de los 80s, conocí grandes amigos, muchos de ellos hoy casi hermanos. Vi como algunos de ellos eran detenidos y arrestados por un “joints” o “dime (tabaco por valor de $10.00)“, uno de ellos pasó dos años en la cárcel La Victoria por confiscárseles un “un fino” de rd$20.00 pesos, corría el 1986 o 1987, si mal no recuerdo.

En República Dominicana opera la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el historial de dicha dirección habla por misma, desde casi una década de su director operativo al servicio del narcotráfico Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, pasando por el hecho de la cantidad de miembros cancelados por “inconductas y negocios con el narco“, supera la cantidad de sus miembros activos. En República Dominicana contamos con aviones Tucanos, embarcaciones, lanchas rápidas de intercepción de contrabandos del narcotráfico, vehículos terrestres, helicópteros al servicio de la misma lucha y combate. En República Dominicana no existe una sala, ni una cama para enfermos adictos, no son asegurados por ninguna cobertura de seguros y los hogares de acogidas (Hogares CREA) que operan gratuitamente a nivele nacional y de forma lastimosa, sus internos deben salir a las calles como vendedores ambulante de chucherías. Hogares CREA (local), ni siquiera cuenta con un modesto apartamento en la famosa ‘Torre ATIEMAR‘ (énfasis en noticia local). DESPENALIZACIÓN / LEGALIZACIÓN

República Dominicana está encasillada como ‘paraíso del narcotráfico‘, sus instituciones no son confiables para ningún organismo Int’l del combate y ¿ “Por qué desde Haití, país vecino, ‘almacén de la droga’ no la trafican hacia allá (EE. UU.)“ ? Porque Haití no tiene instituciones. Ya es el tiempo de dejar de permitir que los EE.UU. ‘nos bañe y nos vista‘, ya es tiempo de ponernos pantalones largos e iniciar el debate de la despenalización para terminar en la LEGALIZACIÓN.

Ya es tiempo de olvidar el absurdo de ‘Guerra contra el narcotráfico‘ y pasar a discutir con los entendidos, de que se trata de un tema de consumo, de que es un tema de SALUD PÚBLICA, incorporar al cuerpo de psiquiatras, medicos en general. Que el Estado considere el cobro de impuestos para de ‘una yerba que se fuma‘ o de ‘un polvito que se mete por la nariz‘ de regular la calidad, dosificación y la reinversión económica de inmensos capitales y ‘lavarlos‘ en inversión de la salud del mismo ciudadano, al final dicha práctica recreativa de algunos ciudadanos, saldrá en una menor destrucción del Narcoestado, ya es tiempo, finalmente de luchar por salvar al adicto (enfermo) no delincuente y como el “quitao“, legalizar la vaina, dejando a la mega int’l industria del narco, viendo narco novelas.

Comisión Global de Políticas de Drogas

El pasado 9 de septiembre del 2018 se presentó en Nueva York el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas titulado “Asumiendo el control: caminos de políticas de drogas eficaces”. La Comisión, formada por personalidades políticas mundiales, premios Nobel y científicos, entre las que se encuentran expresidentes como Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ruth Dreyfuss y el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, entre muchas otras, se suma al consenso regional sobre la necesidad de un nuevo enfoque para abordar los problemas asociados a las drogas. Informe de la Comisión

“Nos impulsa el sentido de la urgencia. Existe un reconocimiento general de que el sistema actual no está funcionando, pero también la conciencia de que el cambio es posible y necesario. Tenemos la convicción de que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) será una oportunidad histórica para discutir las limitaciones del régimen de control de los estupefacientes, identificar alternativas viables y alinear el debate a las discusiones en curso sobre la agenda de desarrollo y derechos humanos posterior al 2015“, expresò el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardozo.

LeoNOTICIA.

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OPINIONES

La mejor ley . Por Julio Martínez Pozo

Guiada por principios que no deben obviarse en ningún enjuiciamiento objetivo, como son los de la pluralidad, separación de funciones, flexibilidad, participación, gradualidad y equilibrio financiero, la Ley 87-01, de Seguridad Social, es la mayor reivindicación socioeconómica que se ha materializado en República Dominicana, después de la desaparición de la tiranía trujillista.

Es cierto que de los tres modos financieros con los que cuenta, el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, el último aún no se aplica, como tampoco se ha creado la atención primaria, que son claves para el equilibrio financiero, pero a pesar de esas lagunas el país que conoceremos hoy en materia de servicios de salud y de garantías de una pensión de retiro o sobrevivencia, es muy distinto al que teníamos.

Independientemente de que hay una agencia oficial de defensa de los derechos de los afiliados, que es la DIDA, en cada unidad productiva de este país debería educarse sobre esos derechos, dejando claros los deberes, para que no haya un solo trabajador o empleado que no sepa qué es exactamente lo que el sistema les garantiza, y a que obliga al empleado y al empleador.

Que hayan entidades con roles de intermediación, que alcancen rentabilidad con sus funciones no puede enforcarse como algo negativo, si eso es garantía de eficiencia y de mayor beneficio para los afiliados. No es lo mismo un médico o una clínica facturando servicios, sin otro interlocuctor que obligue al cumplimiento de ciertos protocolos a la hora de brindarlos para garantizar que se hayan ofrecido, y que correspondan a los que obliga el catálogo.

El sistema público de salud, por más inversiones que se hace en el, es deficiente porque carece de guardianes de su racionalidad financiera.

La locura de una sociedad sin intermediación es sencillamente el mundo del caos, que no tiene ningún modelo que no conduzca al fracaso. Llama la atención que la existencia de unos fondos de pensiones, que son una de las grandes virtudes de la economía dominicana, a la que les aportan una envidiable liquidez, se quiera proyectar como un factor negativo, al que se aprovecha cualquier oportunidad para bombardear, con razón o sin ella.

Es lo que ha ocurrido, con la campaña de que a más de diez mil familiares de fallecidos se les ha negado la pensión de sobrevivencia, dato que la Superintendencia de Pensiones, sostiene que es apócrifo y que carece de sustento.

No niega rezago en esa materia, y conjunto con la Junta Central Electoral, ha acordado el mecanismo para disponer de la información de defunción, y notificar a las administradoras de pensiones, para que se contacten con los familiares, que cumplan con las previsiones del artículo 51 de la Ley 87-01, que otorga ese derecho a la o el cónyuge, hijos menores de 18 años, que pudieran estar cubiertos hasta los 21 si son estudiantes; o permanente si son discapacitados.

El que no esté en lo que pauta ese artículo, podrá ser un heredero, pero no un beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Y para sus reclamos tiene que agotar un procedimiento distinto al pautado en la Ley de Seguridad Social.

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