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OPINIONES

Constitución, Administración y ordenamiento jurídico del Estado. Por Eduardo Jorge Prats


La Constitución establece que la Administración debe actuar “con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 138). Esta disposición es desarrollada por la Ley 107-13, que dispone que, “en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública […] actúa, especialmente en sus relaciones con las personas”, de acuerdo con el “principio de juridicidad”, conforme el cual “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 3.1), en especial al Derecho Administrativo, que constituye el llamado “ordenamiento jurídico-administrativo”, es decir, “la parte del ordenamiento jurídico general que afecta o se refiere a la Administración Publica” (Eduardo García de Enterría).
El término “ordenamiento jurídico del Estado” fue acuñado en 1917 por Santi Romano y con el mismo se hace referencia al conjunto de normas a las que el Estado otorga validez. Así, ordenamiento jurídico y sistema normativo o sistema jurídico vendrían a ser lo mismo: un conjunto de normas vigentes dentro de un determinado Estado (Hans Kelsen). Este ordenamiento, sin embargo, no es un conjunto de normas dispersas e inconexas sino un orden dotado de una cierta coherencia y unidad intrínseca, la denominada “unidad del ordenamiento jurídico”.
La Constitución utiliza cinco veces el concepto de ordenamiento jurídico. En el artículo 6, cuando establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. En el artículo 26.4 que dispone que “la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones”. En el artículo 51.6, que dispone que “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”. En el artículo 138, antes citado. Y, finalmente, en el artículo 220, cuyo título “sujeción al ordenamiento jurídico”, viene a significar que “en todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Público con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de éstas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República”, sin perjuicio de que las controversias entre el Estado y particulares se sometan “a arbitraje nacional e internacional, de conformidad con la ley”.
Como se ve, la Constitución le atribuye dos rasgos principales al ordenamiento jurídico. En primer lugar, para el constituyente el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas en el cual la Constitución se erige como la norma suprema y su fundamento, como norma suprema del ordenamiento y norma fundante básica del mismo. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico se asume en la Constitución como un, valga la redundancia, “orden ordenado”, orden sistemático. Esto no impide, sin embargo, que la Constitución reconozca la existencia de otros ordenamientos, como es el caso del ordenamiento internacional, lo que implica que la Constitución asume la existencia de diversos planos de normas jurídicas y la posibilidad de que diferentes subsistemas normativos puedan convivir al interior del sistema general del ordenamiento jurídico.
Tanto la Constitución como el legislador nos hablan de “ordenamiento jurídico del Estado”, con lo que quieren enfatizar que este es un sistema de normas que, o bien provienen de fuentes internas de creación normativa –como es el caso del legislador- o bien, viniendo del exterior, el Estado las reconoce como normas internas –tal como acontece con los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. Pero el Estado nunca ha podido monopolizar la creación de normas: ni antes –como lo evidencia la costumbre que es una norma que emana del pueblo a la que históricamente se le ha reconocido obligatoriedad- ni ahora –cuando se le reconoce validez a las normas creadas por los particulares en los procesos de autorregulación-. Por eso, cuando la Constitución y la ley hacen referencia al “ordenamiento jurídico del Estado”, ellas quieren significar que el Estado es el garante ultimo del respeto de la obligatoriedad de unas normas que provienen de una pluralidad de centros de producción jurídica: internos (Poder Legislativo, poder reglamentario) o internacionales (tratados); centrales (normas provenientes del Gobierno Central) o descentralizados (normas emanadas de los municipios); públicos (legislador y ayuntamientos) o privados (normas emanadas de los procesos de autorregulación). El ordenamiento jurídico del Estado, por tanto, no es un sistema normativo estatal sino más bien un sistema normativo estatalmente garantizado.

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Migue Guerrero

Años después de su partida . Por Miguel Guerrero

Cuando mi padre murió, aquella triste y plomiza tarde de mayo, lo que proporcionó el valor necesario para soportar la tragedia enorme que se abatía sobre nosotros, no fue más que la inmensa sensación de pequeñez que de mí mismo y de mis hermanos, reflejó su muerte. La verdadera grandeza de su existencia estaba no en sus muchos logros personales, mezclados con similares tropiezos y desencantos que hicieron de su vida una extraña conjugación de éxitos y fracasos que terminaron por abatirle cuando ya le faltaban fuerzas físicas para enfrentar las tempestades, sino en la sencillez de su corazón y en su increíble percepción para captar la esencia pura de la existencia humana en la más intrascendente de la escenas cotidianas.

Tras su expresión adusta y severa flotaba un corazón tan dulce como la miel. Había luchado contra viento y marea y confrontado las peores vicisitudes en la formación de la más grande y exitosa de sus empresas personales, que era su familia, y sin embargo había logrado proteger las fibras esenciales de su corazón, al punto de poder encenderse interiormente ante el esplendor de una naciente flor o las lágrimas de un niño hambriento. Era allí donde residía su verdadera naturaleza y de donde yo extraje, desgraciadamente en la etapa final de su vida, los elementos fundamentales del amor y la admiración que la muerte y el tiempo no han logrado disminuir.

De todas las virtudes, la que más apreciaba en cualquiera de nosotros, sus hijos, eran la de la sencillez y la humildad. Las demás carecían del valor esencial de éstas, porque sabía que el talento, la riqueza y la belleza física, eran después de todo temporales como la vida misma y enanas ante la grandeza de Dios. (Extraído del libro del autor “El mundo que quedó atrás”, publicado en el 2002).

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OPINIONES

El día que la Iglesia Católica denunció la represión Trujillista

El 31 de enero de 1960, por una disposición de la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue leída en todas las iglesias católicas la Carta Pastoral que habían emitido los obispos el día 25 de enero de ese año.

El documento constituye una reacción muy cuidada de la Iglesia Católica contra la represión que había desatado la dictadura de Trujillo en contra de los miembros de la Agrupación 14 de Junio, liderada por el doctor Manuel Aurelio (Manolo) Tavarez Justo.

En la Carta Pastoral los obispos expresaron:

“Asumiendo la obligación pastoral de cuidar el espiritual rebaño, confiado por la Bondad Divina a nuestra solicitud, no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos. Por ello, expresamos nuestra paternal simpatía, nuestro profundo pesar y nuestro común sentimiento de dolor ya que es una obra de misericordia “consolar al triste” haciendo propia la frase del apóstol San Pablo: “Llorar con los que lloran”, del libro de Romanos capítulo 12 versículo 15.

Los obispos auguraron: “En medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia que, por encima de las humanas pasiones, Ella hará resplandecer la caridad y la clemencia”.

En el momento que la dictadura de Trujillo acrecentó la represión contra los miembros o sospechosos de pertenecer al 14 de Junio, el mensaje de la Iglesia Católica se interpretó como una nota de rechazo a las acciones del régimen.

La Carta Pastoral la firmaron el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pitini, Monseñor Octavio A. Beras, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo; Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Obispo de Santiago de los Caballeros; Monseñor Francisco Panal, Obispo de La Vega Real, Monseñor Juan Félix Pepen, Obispo de La Altagracia y Monseñor Tomás F. Reilly, Obispo Titular de Testimonio Prelado “Nullius” de San Juan de la Maguana.

En la carta pastoral los obispos también informaron a la Nación que enviaron una carta a la más Alta Autoridad del país, para que, en un plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y devuelta la paz a tantos hogares”.

En opinión del sacerdote jesuita Antonio Lluberes: “La logística de redacción y distribución de la carta fue un virtuosismo de sigilo, que no pudo ser detectado ni por los servicios de inteligencia, ni por los miembros del clero amigos del régimen.

“El Episcopado hizo una sutil distinción en el clero e incluso evitó que el documento llegase a manos de los sacerdotes sospechosos de trujillismo. Esa primera carta usaba un lenguaje aséptico pero estridente para aquellos años de oscurantismo.

“Los obispos repetían los más elementales derechos humanos y aludían a las circunstancias delicadas que se vivían en el país”.

En ese momento los agentes del Servicio de Inteligencia Militar llevaban a cabo una campaña de represión en la República Dominicana, contra los sindicados como desafectos del régimen dictatorial o miembros de la Agrupación 14 de Junio.

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