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OPINIONES

Constitución, Administración y ordenamiento jurídico del Estado. Por Eduardo Jorge Prats


La Constitución establece que la Administración debe actuar “con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 138). Esta disposición es desarrollada por la Ley 107-13, que dispone que, “en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública […] actúa, especialmente en sus relaciones con las personas”, de acuerdo con el “principio de juridicidad”, conforme el cual “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 3.1), en especial al Derecho Administrativo, que constituye el llamado “ordenamiento jurídico-administrativo”, es decir, “la parte del ordenamiento jurídico general que afecta o se refiere a la Administración Publica” (Eduardo García de Enterría).
El término “ordenamiento jurídico del Estado” fue acuñado en 1917 por Santi Romano y con el mismo se hace referencia al conjunto de normas a las que el Estado otorga validez. Así, ordenamiento jurídico y sistema normativo o sistema jurídico vendrían a ser lo mismo: un conjunto de normas vigentes dentro de un determinado Estado (Hans Kelsen). Este ordenamiento, sin embargo, no es un conjunto de normas dispersas e inconexas sino un orden dotado de una cierta coherencia y unidad intrínseca, la denominada “unidad del ordenamiento jurídico”.
La Constitución utiliza cinco veces el concepto de ordenamiento jurídico. En el artículo 6, cuando establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. En el artículo 26.4 que dispone que “la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones”. En el artículo 51.6, que dispone que “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”. En el artículo 138, antes citado. Y, finalmente, en el artículo 220, cuyo título “sujeción al ordenamiento jurídico”, viene a significar que “en todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Público con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de éstas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República”, sin perjuicio de que las controversias entre el Estado y particulares se sometan “a arbitraje nacional e internacional, de conformidad con la ley”.
Como se ve, la Constitución le atribuye dos rasgos principales al ordenamiento jurídico. En primer lugar, para el constituyente el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas en el cual la Constitución se erige como la norma suprema y su fundamento, como norma suprema del ordenamiento y norma fundante básica del mismo. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico se asume en la Constitución como un, valga la redundancia, “orden ordenado”, orden sistemático. Esto no impide, sin embargo, que la Constitución reconozca la existencia de otros ordenamientos, como es el caso del ordenamiento internacional, lo que implica que la Constitución asume la existencia de diversos planos de normas jurídicas y la posibilidad de que diferentes subsistemas normativos puedan convivir al interior del sistema general del ordenamiento jurídico.
Tanto la Constitución como el legislador nos hablan de “ordenamiento jurídico del Estado”, con lo que quieren enfatizar que este es un sistema de normas que, o bien provienen de fuentes internas de creación normativa –como es el caso del legislador- o bien, viniendo del exterior, el Estado las reconoce como normas internas –tal como acontece con los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. Pero el Estado nunca ha podido monopolizar la creación de normas: ni antes –como lo evidencia la costumbre que es una norma que emana del pueblo a la que históricamente se le ha reconocido obligatoriedad- ni ahora –cuando se le reconoce validez a las normas creadas por los particulares en los procesos de autorregulación-. Por eso, cuando la Constitución y la ley hacen referencia al “ordenamiento jurídico del Estado”, ellas quieren significar que el Estado es el garante ultimo del respeto de la obligatoriedad de unas normas que provienen de una pluralidad de centros de producción jurídica: internos (Poder Legislativo, poder reglamentario) o internacionales (tratados); centrales (normas provenientes del Gobierno Central) o descentralizados (normas emanadas de los municipios); públicos (legislador y ayuntamientos) o privados (normas emanadas de los procesos de autorregulación). El ordenamiento jurídico del Estado, por tanto, no es un sistema normativo estatal sino más bien un sistema normativo estatalmente garantizado.

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OPINIONES

El caso Miguel. Por Luis Encarnación Pimentel

Luis Encarnación Pimentel

Muchos críticos -no solo Guido- se han quedado cortos en su valoración con respecto a la capacidad y habilidades del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, cabeza del PRD y Canciller de la República. Del partido blanco que lideraron Bosch y Peña Gómez sacó a los que querían sacarlo a él, ha sido candidato, ha liderado las negociaciones coyunturales que ha entendido de lugar -con Leonel en el 2010 y con Danilo en el 2016-, y sigue rienda en manos, sorteando con éxito hasta ahora las distintas situaciones que se le han ido presentando en el camino. En el PLD, Medina es su último aliado, pero Vargas dice que el tema del gobernante no está en debate en su partido en este momento. Pone en claro que en el 2010 firmó un acuerdo con Fernández que lo habilitó junto a Hipólito Mejía para poder volver a la Presidencia, y que gracias a esa reforma, ambos hoy aspiran a la candidatura de sus respectivos partidos. En la gestión como Canciller -y ayudado por sus amplias relaciones internacionales a través de la Internacional Socialista- , el ingeniero Vargas perfila un antes y un después, a partir de la apertura de relaciones con China, de ganar un voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades y de la apertura del país con el mundo. En lo partidario, el hombre no está por quedarse con los brazos cruzados, sino por seguir dando la pelea. El domingo, en el marco de una jornada de crecimiento y fortalecimiento del PRD, Miguel encabezó el acto de llegada de un buen grupo de dirigentes y activistas que se dijo provenía del PRM, del PRSC, de Alianza País y del PUN. Está el caso de la exdiputada del PRM Esther Minyeti, de San José de Ocoa, que decidió volver al redil blanco. Allí, con la presencia de la plana mayor de la organización, Vargas dijo que el PRD trabaja para convertirse en una oferta electoral madura e innovadora, con candidaturas propias. El hombre ha estado insistiendo en esto último. Y me hace recordar cuando el apreciado amigo Hatuey quería que en vez de doña Margarita, que el Vice de Danilo en su primer período fuera Miguel, y le mandó el mensaje conmigo, pero a dicha sugerencia Medina respondió: “Mira, Miguel lo que quiere es ser Presidente, no Vice… pero con él no hay problema ….ya nosotros hablamos”. O sea, el “tanteo” Danilo-Miguel venía de viejo.

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Andy Dahuajre

Julio Cury: Teoría de ponderación

Cuando dos principios constitucionales coliden, uno tiene que ceder ante el otro, lo cual no significa que el desplazado sea declarado nulo o inválido, sino inaplicable a un caso específico. La doctrina y jurisprudencia constitucionales han reconocido tres teorías para solucionar esos conflictos o antinomias, siendo la más socorrida la del balanceo o ponderación.

En su Sentencia TC 0011/12, el Tribunal Constitucional sentó su primer precedente al respecto, para lo cual hizo suyo el criterio de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia No. T-210/94, del 27 de abril de 1994). Veamos: “En consecuencia, es indispensable que el fallador, en la ponderación de los derechos en juego, aprecie y evalúe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejercen los derechos, de manera que a la luz de la situación de hecho concreta, pueda establecer si el ejercicio de uno de ellos resulta desproporcionado, lo que sucedería en caso de vulnerar el núcleo esencial de un derecho fundamental específico”.

Y más adelante se lee: “En otra importante decisión respecto al tema que nos ocupa, la misma Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-417/96, del 9 de septiembre de 1996) estableció que… el juez ha de evaluar la real existencia de la colisión, buscando, en principio, hacer compatibles todos los derechos en juego. Si la compatibilidad no puede alcanzarse por razón de las características del conflicto, debe prevalecer el derecho más próximo a la dignidad del ser humano… procurando, desde luego, que el derecho no preponderante resulte afectado únicamente en la medida necesaria para no sacrificar el prevaleciente”.

Posteriormente, en su Sentencia TC 0042/12, el TC sostuvo que la necesidad de ponderar derechos fundamentales en conflicto “implica la operación de balancear esos derechos en concurrencia, o sea, establecer un orden de importancia entre ellos, haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en una estimación específica para el caso concreto. Así, en el presente caso se determinará cuál de esos derechos (el de acceso a la información o el derecho a la intimidad) debe ceder…”.

Algunos dirigentes políticos, incluido uno que otro con el título de licenciado en Derecho debajo de las axilas, han opinado que la sentencia en virtud de la cual el TC declaró inadmisible una acción directa contra el vigésimo transitorio, “cerró el caso definitiva e irrevocablemente”. Es obvio que desconocen que el máximo órgano de justicia constitucional cuenta con técnicas jurídicas como el distinguishing, reversing y overruling, y que el párrafo I del art. 31 de la Ley No. 137-11 le permite apartarse de sus precedentes, siendo suficiente “expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio”.

Peor todavía, ignoran que la ponderación es la más efectiva herramienta de solución de pugnas entre principios constitucionales. Y hasta donde se sabe, el TC aún no ha decidido, por vía de apoderamiento mediante recurso de revisión constitucional, si la restricción al derecho a ser elegible que el vigésimo transitorio le impone al Presidente, prevalece sobre otros derechos fundamentales de que él es igualmente titular. No hay necesidad de impacientarse, pues como enseña el Eclesiastés, “Todo tiene su momento oportuno… hay tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para llorar y tiempo para reír”.

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