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OPINIONES

Constitución, Administración y ordenamiento jurídico del Estado. Por Eduardo Jorge Prats


La Constitución establece que la Administración debe actuar “con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 138). Esta disposición es desarrollada por la Ley 107-13, que dispone que, “en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública […] actúa, especialmente en sus relaciones con las personas”, de acuerdo con el “principio de juridicidad”, conforme el cual “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 3.1), en especial al Derecho Administrativo, que constituye el llamado “ordenamiento jurídico-administrativo”, es decir, “la parte del ordenamiento jurídico general que afecta o se refiere a la Administración Publica” (Eduardo García de Enterría).
El término “ordenamiento jurídico del Estado” fue acuñado en 1917 por Santi Romano y con el mismo se hace referencia al conjunto de normas a las que el Estado otorga validez. Así, ordenamiento jurídico y sistema normativo o sistema jurídico vendrían a ser lo mismo: un conjunto de normas vigentes dentro de un determinado Estado (Hans Kelsen). Este ordenamiento, sin embargo, no es un conjunto de normas dispersas e inconexas sino un orden dotado de una cierta coherencia y unidad intrínseca, la denominada “unidad del ordenamiento jurídico”.
La Constitución utiliza cinco veces el concepto de ordenamiento jurídico. En el artículo 6, cuando establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. En el artículo 26.4 que dispone que “la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones”. En el artículo 51.6, que dispone que “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”. En el artículo 138, antes citado. Y, finalmente, en el artículo 220, cuyo título “sujeción al ordenamiento jurídico”, viene a significar que “en todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Público con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de éstas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República”, sin perjuicio de que las controversias entre el Estado y particulares se sometan “a arbitraje nacional e internacional, de conformidad con la ley”.
Como se ve, la Constitución le atribuye dos rasgos principales al ordenamiento jurídico. En primer lugar, para el constituyente el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas en el cual la Constitución se erige como la norma suprema y su fundamento, como norma suprema del ordenamiento y norma fundante básica del mismo. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico se asume en la Constitución como un, valga la redundancia, “orden ordenado”, orden sistemático. Esto no impide, sin embargo, que la Constitución reconozca la existencia de otros ordenamientos, como es el caso del ordenamiento internacional, lo que implica que la Constitución asume la existencia de diversos planos de normas jurídicas y la posibilidad de que diferentes subsistemas normativos puedan convivir al interior del sistema general del ordenamiento jurídico.
Tanto la Constitución como el legislador nos hablan de “ordenamiento jurídico del Estado”, con lo que quieren enfatizar que este es un sistema de normas que, o bien provienen de fuentes internas de creación normativa –como es el caso del legislador- o bien, viniendo del exterior, el Estado las reconoce como normas internas –tal como acontece con los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. Pero el Estado nunca ha podido monopolizar la creación de normas: ni antes –como lo evidencia la costumbre que es una norma que emana del pueblo a la que históricamente se le ha reconocido obligatoriedad- ni ahora –cuando se le reconoce validez a las normas creadas por los particulares en los procesos de autorregulación-. Por eso, cuando la Constitución y la ley hacen referencia al “ordenamiento jurídico del Estado”, ellas quieren significar que el Estado es el garante ultimo del respeto de la obligatoriedad de unas normas que provienen de una pluralidad de centros de producción jurídica: internos (Poder Legislativo, poder reglamentario) o internacionales (tratados); centrales (normas provenientes del Gobierno Central) o descentralizados (normas emanadas de los municipios); públicos (legislador y ayuntamientos) o privados (normas emanadas de los procesos de autorregulación). El ordenamiento jurídico del Estado, por tanto, no es un sistema normativo estatal sino más bien un sistema normativo estatalmente garantizado.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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Juan T H

Pacto de migraciones ONU hunde a RD. Vinicio Castillo Semán

Vinicio Castillo Semán

El país no tenía, hasta hace unos pocos días, ninguna información.En secreto, el Gobierno dominicano había aprobado, en principio, sujeto a ratificación el próximo día 11 de diciembre el denominado Pacto Mundial para la Migración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que constituye sin dudas uno de los peligros mayores que ha tenido la República Dominicana desde su fundación el 27 de febrero de 1844. Los Estados Unidos de Norteamérica encabezan una creciente lista de Estados que se han opuesto al Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU bajo el legítimo e inexpugnable argumento de que se trata de un instrumento de derecho internacional que colide, menoscaba y atenta contra la soberanía de los Estados en todo lo que tiene que ver con el estatuto migratorio de cada país.

Para analizar los efectos catastrófi cos que tendría el Pacto de la ONU sobre RD hay que resaltar el contexto en que esto se produciría: El caso de República Dominicana con Haití es único en el mundo. 1) Son dos naciones en una pequeña isla. El pueblo más pobre del hemisferio occidental de un Estado fallido que es el de Haití, está ocupando masivamente el territorio del Estado vecino de la República Dominicana, a través de una frontera imaginaria y con una enorme población migrante ilegal carente de identidad civil (nombre y apellido).

2) La ONU, la misma que promueve el Pacto, nos está acusando de apatridia, acompañando a Haití en el argumento de que todos sus ciudadanos carentes de identidad civil que alegan haber nacido en territorio dominicano, son apátridas, y por lo tanto reclaman la nacionalidad dominicana.

3) Es la misma ONU que apadrina el Pacto la que pidió ofi cialmente, a través de su otrora secretario general Ban Ki-moon, a nuestro presidente Danilo Medina en Panamá, el otorgamiento de nacionalidad dominicana a un millón de ciudadanos haitianos que alegan haber nacido en territorio dominicano.

Como la mayoría de los dominicanos no sabe, ni conoce, de qué se trata el Pacto de la ONU, ni de las repercusiones que tendría su ratifi cación para la República Dominicana, a continuación transcribo y comento brevemente las partes que considero más peligrosas para la República, que de aprobarse, constituiría la fusión de República Dominicana con Haití en sus efectos prácticos: “OBJETIVO 4: Asegurar que todos los migrantes tengan una prueba de identidad legal y adecuada documentación.

e) Fortalezca las medidas para reducir la apatridia, incluso registrando los nacimientos de los migrantes, garantizar que las mujeres y los hombres puedan igualmente conferir su nacionalidad a sus hijos, y proporcionar nacionalidad a los niños nacidos en el territorio de otro Estado, especialmente en situaciones donde un niño sería apátrida, respetando plenamente el derecho humano a una nacionalidad y de acuerdo con la legislación nacional.” Como se puede apreciar, éste sería un eje mortal para la soberanía de la República Dominicana y su nacionalidad. Nos obligaría a darle la nacionalidad dominicana a todo aquel haitiano o hijo de haitiano que alegue haber nacido en la República Dominicana y ser apátrida. Esta acusación formal de apatridia la tiene ya la República Dominicana, de parte de la misma ONU, por una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que de una manera imperial y absurda nos ordenó cambiar nuestra Constitución y nuestras leyes para la falsifi cación masiva de nuestra nacionalidad.

“OBJETIVO 13: Usar la detención de inmigrantes sólo como una manera de último recurso y trabajar para alternativas.” ¿Qué signifi caría en la práctica esto? Que la detención de los ilegales haitianos en República Dominicana sería el último recurso. Se crea un mecanismo para difi cultar la detención y la repatriación de ilegales, lo que de manera directa viola la Constitución de la República y la Ley de Migración.

“OBJETIVO 15: Proporcionar acceso a servicios básicos para migrantes.

31. Nos comprometemos a garantizar que todos los migrantes, independientemente de su estado migratorio, puedan ejercer de sus derechos humanos a través de un acceso seguro a los servicios básicos. Nos comprometemos además a fortalecer la inclusión de migrantes sistemas de prestación de servicios, a pesar de que los nacionales y los migrantes regulares pueden ser derecho a una prestación de servicios más completa, al tiempo que garantiza que cualquier tratamiento diferencial debe basarse en la ley, ser proporcionado, perseguir un objetivo legítimo, de conformidad con ley de derechos humanos.” ¿Qué signifi ca para RD esto? Que todos los haitianos ilegales tendrían el mismo derecho que los dominicanos a obtener los servicios básicos de salud, educación, etc., de forma gratuita. En otras palabras, lo que ha venido ocurriendo, cargar con los problemas de la población haitiana en la República Dominicana.

d) Proporcionar acceso a la justicia para todos los migrantes en los países de tránsito y destino que son o puede estar sujeto a detención, incluso al facilitar el acceso a un servicio legal gratuito o asequible asesoramiento y asistencia de un abogado califi cado e independiente, así como acceso a información y el derecho a una revisión periódica de una orden de detención.” ¿Qué signifi caría este párrafo? Servicios legales gratuitos para los ilegales, asistencia de abogados de ofi cio para asistirlos ante recursos judiciales que buscarían esencialmente evitar la repatriación a su país de origen. Quiero culminar este artículo pidiéndole al presidente Danilo Medina y a mi amigo personal Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, que no ratifi quen este Pacto de Migración de la ONU. Hacerlo tendría inmensas repercusiones en todos los órdenes y abriría todas las vías, sin excepción, para luchar contra lo que sin dudas constituiría en los hechos la fusión de RD y Haití.

¡Oigan el clamor de este pueblo! ¡Rechazo al Pacto infame de la ONU!

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