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Andy Dahuajre

los digitales “aniquilan” a periódicos de papel dominicanos

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) acaba de ofrecer cifras bastante significativas que han puesto a muchas personas a meditar sobre el futuro de los periódicos impresos de la República Dominicana.

Dice el organismo oficial que aquí hay registradas 7 millones 148 mil 380 cuentas de internet. Si tomamos en cuenta que algunas de ellas son usadas por hasta cinco personas a la vez, y que hay centros de internet en todos los barrios, se deduce que casi la mitad de la población dominicana tiene ya acceso a este servicio, y que la perspectiva es que haya un crecimiento de las mismas.

Paralelamente hay una creciente tendencia del público a enterarse de las noticias por vía digital, pues es más rápido, más interactivo y, lo más importante: gratis. No hay que ensuciarse las manos ni esperar a que el ejemplar de un periódico de papel llegue hasta nosotros. A través de internet, en cuestión de minutos podemos acceder a muchos periódicos a la vez, tanto de aquí como del extranjero, bien sea a través de la computadora de un escritorio como de un simple teléfono celular. Y además, tenemos la oportunidad de enterarnos de las noticias inmediatamente se producen, sin tener que esperar al día siguiente.

El mercado publicitario

Estos atributos han hecho variar el mercado publicitario, pues está demostrado que algunos digitales dominicanos tienen más lectores que muchos periódicos impresos, cuya circulación es cada día menor. Esto significa que es más conveniente colocar publicidad en los primeros, no sólo porque el anuncio será visto por mayor cantidad de personas sino también porque los banners de internet tienen la peculiaridad de que permiten al lector dar clic encima de los mismos e ingresar a las publicaciones institucionales de los anunciantes, por lo que la publicidad es mucho más efectiva y, por añadidura, mucho más barata.

EL AUTOR es periodista, director de ALMOMENTO.NET.

La penetración tanto de los medios digitales como de los impresos de circulación gratuita, han acelerado los problemas de los periódicos de papel de la República Dominicana, los cuales han reducido drásticamente su captación publicitaria. Un primer paso suyo ha sido dejar de salir los domingos. Otro paso ha sido reducido sustancialmente su número de ejemplares.

Los periódicos tradicionales están, indiscutiblemente, “entre la espada y la pared”. Para no quedar rezagados, algunos han tratado de sumarse a la corriente y reforzar sus ediciones on line. Pero el remedio les resultará peor que la enfermedad, pues al hacerlo están acelerando su propia destrucción, por el simple motivo de que están dando gratis hoy lo que pretenden vender mañana.

Pregunta obligada

La pregunta que muchos se hacen en los actuales momentos es: ¿Desaparecerán estos periódicos?

Personalmente entiendo que todo dependerá de la capacidad y habilidad que tengan para readaptar sus contenidos.

Si desean mantenerse, necesariamente tendrán que abocarse a un periodismo distinto, a un manejo más agresivo de los temas de interés público, lo que significa, entre otras cosas, hacer mayor ejercicio de la investigación, recurriendo con nuevas formas a la profundidad y a la variedad.

Por carecer de recursos y tiempo para ello, los medios digitales, televisivos y radiales están frenados de la posibilidad de entrar en pormenores de hechos que son noticia y surgen diariamente o que persisten en el anonimato. Es la coyuntura que debe aprovechar la prensa escrita, que en la actualidad dedica buen espacio a informaciones que se constituyen en material fiambre por haber sido divulgadas antes por los digitales. En otras palabras: la prensa escrita está publicando mañana casi el 90% de las noticias que han salido hoy en los digitales.

El tema es apasionante. Volveremos sobre él con nuevos argumentos.

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Andy Dahuajre

Pecado original del derecho penal de los derechos humanos. Por Eduardo Jorge Prats


Un pecado afecta al derecho penal de los derechos humanos que se remonta a los orígenes mismos de dicha disciplina en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis y cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy día, a 70 años de aquel proceso sin parangón en la historia. En dichos juicios, se condenó a personas por una serie de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron establecidos durante el proceso judicial y no previo al momento en que se cometieron los hechos, como exige el principio de legalidad penal, cuya finalidad es que el acusado pueda saber qué conductas están prohibidas o permitidas por el derecho y, en consecuencia, esté en condiciones de prever las consecuencias que acarrea la realización de las mismas. Por si lo anterior fuera poco, no se trató de un proceso imparcial, pues el tribunal estaba constituido exclusivamente por representantes de las potencias vencedoras en el conflicto bélico mundial y la investigación e instrucción fueron llevadas a cabo por personal designado por las potencias vencedoras; no hubo instancia superior a la que pudieran recurrir los condenados; el procedimiento aplicado desconoció los principios elementales de validez y carga probatoria; y no se permitió la asistencia de abogados a los imputados durante la fase de instrucción ni se les permitió acogerse al derecho de no autoincriminación.
Lo anterior fue justificado, parcial o totalmente, por los juristas de la época, entre ellos Hans Kelsen y Gustav Radbruch, a pesar de que se trataba de principios básicos del Estado de Derecho, cuya violación paradójicamente se imputaba a los acusados en Núremberg. Tanto el Tribunal como la doctrina mayoritaria de entonces como de ahora justificó, por ejemplo, la violación de la máxima “nullum crimen sine lege”, bajo el predicamento de que constituiría una injusticia mayor permitir que infracciones intencionadas contra los instrumentos internacionales quedaran impunes, al tiempo que se afirmaba que las conductas sancionadas se hallaban previamente prohibidas por el derecho internacional. Pero es obvio que los procesos se basaron en una legislación “ex post facto”; que el derecho internacional no preveía sanción penal para muchas de las conductas sancionadas; que aquellas que constituían un ilícito internacional no acarreaban consecuencia punitiva y solo activaban la responsabilidad internacional del Estado; que otras, como los crímenes de guerra, si bien existían en el derecho internacional consuetudinario, no contaban con una descripción típica concreta, con lo que se violaba el principio de taxatividad; y que los crímenes contra la humanidad, aunque pudieran considerarse delitos en la legislación interna alemana, no fueron sancionados en base a esta legislación ni con las consecuencias legales punitivas previstas en el ordenamiento jurídico alemán.
Si todo se hubiese quedado en Nuremberg no hubiese problemas. Pero la cuestión es que el pecado original ha irradiado con posterioridad no solo alderecho penal internacional –donde se manifiesta en la falta de taxitividad de los crímenes internacionales- sino también al derecho penal de los estados, que considera que quienes violaron los tratados de derechos humanos, al ser juzgados por los tribunales, deben tener sus garantías materiales y procesales disminuidas por el solo hecho de que se les impute haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Penart v. Estonia, a pesar de que los actos cometidos por los acusados podían ser legales bajo el Derecho soviético en el tiempo de su comisión, condenó a estos por crímenes contra la humanidad que fueron definidos cuatro décadas después de su comisión.
Estas decisiones, junto con otras más de jurisdicciones internacionales y nacionales, han ido conformando un neopunitivista derecho penal del enemigo de los derechos humanos, “cuarta velocidad del derecho penal” muy criticada por la doctrina penal que entiende el derecho penal como un derecho de garantías, pero que, sin embargo, constituye hoy un paradigma incuestionable para los estados, los activistas de derechos humanos y la sociedad civil, a pesar de estas manchas a su legitimidad. Esto hay que decirlo desde la dogmática y la academia si creemos, junto con el siempre lúcido Max Weber, que “el profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra de un aula”.

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Andy Dahuajre

Leonel Fernández, una derrota innecesaria. Por Melvin Matthews

La aprobación en la Cámara de Diputados de la debatida y anhelada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, tras una dramática alianza entre legisladores del Presidente Danilo Medina y de la oposición, trajo consigo la derrota de las posturas contrarias sustentadas por los congresistas leales al ex presidente Leonel Fernandez, quien en una publicación aparecida el martes, pronosticaba que la novedosa legislación provocará “la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo”.
El presidente Danilo Medina ha ganado otra jornada de la larga confrontación que sostiene con su compañero Fernández, ahora en torno al proyecto pendiente de la segura sanción del Senado. Junto a sus 70 diputados, Medina logró arrimarse el apoyo del PRM, el cual emerge como una organización de tácticas imprevisibles, más los apoyos de su aliado el PRD y del sorprendente PRSC, que sostenía posturas inflexibles frente al gobierno.
Fernandez sufrió una derrota innecesaria y peligrosa de cara al futuro inmediato. Innecesaria, porque debilitó su liderazgo, perdió mucho tiempo y gastó muchas municiones politicas librando un improductivo combate, que, en virtud de su experiencia como estadista de 12 años en el poder, no podía darse el lujo de perder. El conoce perfectamente la fortaleza presidencial; aquella, que en determinadas circunstancias, resulta inexpugnable; peligrosa su derrota porque la intransigencia, la incapacidad de ambos para armonizar posiciones, dejó expedito el camino hacia la división del partido de gobierno, a menos que predomine la reflexiva cordura.
Dos decisiones de Medina impidieron la caida del proyecto: su carta a los presidentes del Congreso exhortandoles a crear una comisión mixta especial de consenso, y la extensión de la legislatura ordinaria.
La nación tiene la anhelada ley, Medina salió fortalecido y Fernandez ha quedado inexplicablemente solitario. Craso error.

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