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OPINIONES

Acusación EEUU contra Félix Bautista es grave

ACUSACION EE. UU. CONTRA BAUTISTA ES GRAVE.

Por Melvin Matthews.

–No ha de sorprender si termina sometido ante un tribunal de Estados Unidos.

No creo que se trata de un simple juego político de Washington para afectar política y electoralmente al expresidente Leonel Fernandez, las graves acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el legislador oficialista Felix Bautista, su familia y empresas; esas inculpaciones perturban la imagen nacional y hunden al partido oficial.
Interpretarlo de ese modo tan simplista subestima la capacidad de la Justicia estadounidense en la lucha contra la corrupción dentro y fuera de sus fronteras, al tiempo que minimiza el contenido y alcance de los cargos lanzados directa y públicamente por dos instituciones poderosas de la Union Americana, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, contra el senador del PLD, así como sus probables repercusiones legales.
No es un juego acusar a Bautista Rosario de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haiti tras varios desastres naturales y de usar su posición para lucrarse de los esfuerzos humanitarios desplegados en el vecino país; no es una pose del presidente Donald Trump prohibirle a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista y cinco empresas relacionadas con él; tampoco es un relajo norteamericano retirarle el visado a Bautista, su esposa e hijos.
Me parece que Bautista no ha tratado ese pliego de acusaciones con la seriedad que ameritan, ni le ha explicado responsablemente a la nación dominicana su versión de los hechos.
Mientras tanto, Reynaldo Pared Perez, presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, ha suspendido a Bautista provisionalmente de la organización. Pared explicó que la profesionalidad perdurará hasta tanto el caso sea conocido por el Comité Político del PLD.
Finalmente, no seria una sorpresa si los cargos imputados a Bautista terminan en un sometimiento ante un tribunal de Estados Unidos y la consiguiente solicitud de extradición a la Justicia dominicana. Asistiriamos al deprimente espectáculo de un legislador y político que pondría a prueba la fortaleza de la institucionalidad legislativa y judicial de la República Dominicana.

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Juan T H

El PRM y la ADP . Por Juan TH


Por JUAN T H

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aunque no es un sindicato, funciona como tal. De los frentes de masas, que antiguamente tenían grandes poderes de convocatoria para defender sus intereses y hasta los de otros gremios, es el único que mantiene su vigencia.

Es el sindicato con más de cien mil integrantes. Maneja poco menos de 800 millones de pesos del uno por ciento que, vía nómina, se les descuenta a los profesores. Su cooperativa es, tal vez, la más grande con activos que superan los 16 mil 200 millones de pesos. Este año fiscal arrojó beneficios superiores a los mil millones.

(Es una contradicción: la cooperativa de los maestros y el sindicato de los maestros, son entidades millonarias, pero la mayoría de los profesores, sino todos, son pobres)

El ministerio de Educación, por igual, es el más grande, no solo el que recibe más dinero (4% del PIB, lo que representa cerca de 150 mil millones de pesos) y el que más empleados docentes y administrativos tiene.

Durante muchos años, sobre todo en los gobiernos del PLD, la ADP ha dirigido el Ministerio de Educación agenciándose el 60% de los cargos, dándole un carácter político partidario, hasta la llegada de Andrés Navarro que dispuso cambios radicales con los exámenes y las evaluaciones por desempeño en las escuelas, distritos municipales y provinciales, encontrando, por supuesto, radicales resistencias del gremio magisterial.

Este artículo, sin embargo, no pretende juzgar las acciones del ministro Navarro, sus aciertos o desaciertos; lo que pretende es probar la fortaleza de la ADP que durante los gobiernos de Balaguer estuvo dirigida por los maestros más progresistas del país, provenientes de la izquierda, pero que, fruto de errores imperdonable, la perdieron.

El mes próximo habrá elecciones en la ADP. Los oficialistas se pusieron de acuerdo para llevar un solo candidato. Olvidaron las diferencias Danilo-Leonel para mantener el control de un gremio tan grande y tan importante. Lo mismo hicieron en la cámara de diputados, en el Colegio Médico, y de Abogados, entre otros: cuando sus intereses estratégicos peligran, se unen. Por ejemplo, cuando la diputada Faride Raful pidió una investigación los mil 400 millones de pesos que recibió Joao Santana, danilistas y leonelistas se opusieron para impedirlo. Su espíritu de cuerdo no desaparece nunca.

No dudo que Danilo y Leonel hagan lo mismo cuando vean que pueden perder las elecciones del 20, porque ambos saben, como lo saben los demás dirigentes del PLD y los funcionarios, que es mejor arriba que abajo, que es mejor la libertad que la cárcel. Eso lo tienen claro. (De no ser por eso, Leonel no impone a Danilo en la presidencia. Ha pagado un precio muy caro, pero no ha ido a los tribunales, ni a la cárcel)

La oposición, en cambio, siempre está dividida. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que dice seguir el pensamiento de Peña Gómez y las enseñanzas de la historia, no termina de comprender que “la unidad hace la fuerza”, y que “sin fuerza no hay victoria”. En los comicios del Colegio de Abogados no se unificó, y perdieron. En otras ocasiones ha sucedido lo mismo. En la ADP me hablan del “candidato de Luís” y el “Candidato de Hipólito”. En la UASD sucedió igual: “La candidata de Hipólito” y el “candidato de Luís”. Por ese camino el PRM irá de fracaso en fracaso.

Hipólito no debe tener un candidato en ningún frente de masas. Luis tampoco. Debe haber un solo candidato: El del PRM, no importa que simpatice por uno de los dos. El espíritu de cuerpo debe prevalecer para lograr la victoria o lograr, en el caso de la ADP, donde existe la proporcionalidad, una cuota de poder para que el PLD no pueda actuar solo.

Hay que ganar los espacios de poder para poder llegar al poder, valga la redundancia. Ni Hipólito, ni Luis llegaran al gobierno divididos; tendrán que ponerse de acuerdo –si es que quieren ganar- porque de lo contrario serán derrotados. El PRM tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones venideras, pero debe unirse y luego coadyuvar para formar un frente programático con todas las fuerzas políticas de oposición. No hay opción.

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Andy Dahuajre

Lo olvidé, sector eléctrico: 19% del PIB. Por Andrés Dauhajre Hijo

El lunes pasado, luego de publicarse en este periódico el artículo “Una Nación de Hipócritas”, recibí este mensaje de un economista amigo: “Andy, para poner el punto final, solo te faltó presentar cuanto de la deuda pública se ha debido al déficit del sector eléctrico cubierto con transferencias del Gobierno.” Tenía razón. Mencioné en el artículo que esa había sido una de las causas, pero me entretuve calculando lo representado por las divisas subsidiadas, los fraudes bancarios, las exenciones tributarias y la evasión fiscal, y olvidé estimar el impacto sobre la deuda pública del déficit eléctrico. Es lo que haré a continuación.

Aunque obtuve la información de las transferencias anuales que ha hecho el Gobierno al sector eléctrico desde 1988 al 17 de agosto del 2018, vamos a dejar fuera del cálculo las correspondientes al período 1988-1998, y considerar únicamente las realizadas a partir del 1999, año en que arranca el modelo de capitalización y de separación horizontal de la industria. También dejo fuera las destinadas al proyecto Punta Catalina, pues el mismo fue una decisión del Gobierno.

El monto total que el Gobierno transfirió al sector eléctrico para cubrir su déficit entre el 1ro. de enero de 1999 y el 17 de agosto de 2018 ascendió a RD$589,667 millones. Para estimar cuanto esto representa del PIB del 2018, debemos convertir el valor transferido a pesos del 2018. Utilizando para la conversión el IPC del Banco Central, se tiene que el monto transferido al sector eléctrico, en pesos del 2018, asciende a RD$760,460 millones, equivalente a 19% del PIB del 2018. Como se puede observar, del 50% de la deuda pública, al sector eléctrico debemos responsabilizarlo de casi el 40%.

Alguien podría señalar que estamos abultando el dato al llevarlo a pesos del 2018, y que lo correcto sería sumar todos los años, cuánto representaron las transferencias con relación al PIB de cada año. Si alguien prefiere esa metodología, incorrecta, por cierto, no vamos a objetarlo. Tome los datos del segundo gráfico y verá que la suma arrojaría 29.4% del PIB (60% de la deuda pública).

Varias causas explican el déficit del sector eléctrico. Como mencionamos la semana pasada, parte del problema es que el modelo de separación horizontal de la industria no genera los incentivos para la facturación de toda la energía comprada y el cobro eficiente de la facturada. El generador entrega la energía producida al distribuidor, a sabiendas de que, si este último no factura y cobra la totalidad, no hay problemas, pues el pagador de última instancia, el Gobierno, buscará el faltante sin importar que, para ello, este último tenga que endeudarse, como ha sucedido año tras año. Por eso las pérdidas de las EDES, originadas fundamentalmente en la energía que compran y no facturan como consecuencia de fraudes en el consumo, y muy baja inversión para la modernización del sistema de distribución y comercialización, rondan el 29%, las más elevadas de la región.

En un modelo de integración vertical de la industria, el generador no iría tan cómodo, pues el mismo tendría que distribuir, comercializar, facturar y cobrar la energía generada. Tendría un fuerte incentivo para reducir las pérdidas por fraude, invirtiendo en tecnologías modernas que permitan facturar y cobrar el 100% de la energía generada. Si alguna institución financiera multilateral tiene dudas sobre este modelo, que visite CEPM, la empresa verticalmente integrada que opera la concesión de Punta Cana – Macao, y que pregunte cuánto factura y cobra de la energía generada.

Existen otras causas detonantes del déficit del sector eléctrico. Unas motivadas por decisiones políticas, y otras por decisiones económicas, ambas comprensibles. El Gobierno dominicano no ha querido acoger la sugerencia del FMI-BID-BM de adoptar un sistema flexible de tarifas de electricidad pues sostiene que, con la matriz de generación que tiene el país, en la cual los derivados del petróleo representan el 40% de la generación (2017), un sistema flexible donde la tarifa suba o baje cuando lo haga el precio del fuel-oil, daría lugar a una volatilidad de la tarifa eléctrica más costosa económica, social y políticamente, que la generada por la variación semanal de los precios de los combustibles del transporte. No hay dudas de que un sistema flexible para la determinación del pliego tarifario mensual para el servicio de electricidad sería lo preferible, pues contribuiría a reducir el déficit financiero del sector eléctrico, y fomentaría el uso racional de la energía. El Gobierno lo entiende y está consciente que esa es la meta a la que debemos llegar, pero quiere hacerlo una vez el país disponga de una matriz de generación de electricidad donde la energía generada con derivados del petróleo no sobrepase el 10% de la energía servida. Por eso tomó la decisión de invertir en la construcción de dos unidades carbón en Punta Catalina con una capacidad nominal de 752 MW.

Otra causa generadora de déficit eléctrico es la decisión económica racional de grandes empresas e industrias que han querido reducir el costo de su factura eléctrica para ser más competitivas. Nos referimos a los Usuarios No Regulados (UNRs).

Durante el período 2010-2017, el 20% de toda la energía inyectada por el SENI ha sido consumida por los UNRs, los cuales, negociando directamente con generadores o con las propias EDES, han comprado electricidad a una tarifa, en promedio, 2 centavos de dólar por kWh más baja que la que habrían tenido que pagar (MTD2, con y sin descuentos). Para que se tenga una idea, esto ha erosionado los ingresos de las EDES durante el período 2010-2017 en US$440 millones. ¿Qué ha significado la facilidad que se le ha otorgado a estas grandes empresas e industrias de comprar energía a un precio inferior al que habrían tenido que pagar? Un aumento de la deuda pública de igual monto, es decir, de US$440 millones. No tiene nada de malo ni de pecaminoso el esfuerzo racional y comprensible de estas grandes empresas e industrias de agenciarse tarifas más bajas. Pero recordemos, como decía Milton Friedman, “there is no such thing as a free lunch”. El ahorro que obtienen los UNRs se financia con endeudamiento público.

Hay más. Si las EDES se atrasan en los pagos con los generadores que venden en el spot, enfrentan intereses más penalidades equivalentes a una tasa de interés anual en dólares -por un financiamiento que casi nunca ha sobrepasado 6 meses, cercana del 25%, seis veces la tasa indicativa a 6 meses en la curva de rendimiento de los bonos globales dominicanos.

Reconozco que el principal responsable de esta aberración es el Gobierno. Un simple decreto que modifique el Reglamento de la Ley General de Electricidad, acabaría con esta transferencia abusiva de recursos desde el Estado a los generadores privados.
Para complacer al economista amigo, cerramos con el siguiente resumen. Las divisas subsidiadas otorgadas a industrias privadas (1982-1984), representaron el 5.6% del PIB; los fraudes bancarios privados (2003-2004), 21%; las exenciones tributarias otorgadas a empresas privadas y personas físicas (1969-2018), 100%; la evasión fiscal de empresas, profesionales y personas físicas (1968-2018), 123%; y el déficit del sector eléctrico cubierto con transferencias del Gobierno (1999-agosto/2018), 19%. En total, 269% del PIB. Si nuestros gobiernos hubiesen sido fiscalmente dispendiosos e irresponsables, como apunta la crítica, la deuda pública hace rato habría superado el 100% del PIB. A pesar la revelada insaciabilidad privada, la deuda pública equivale a 50% del PIB. Los que no hayan recibido divisas subsidiadas, incurrido en fraudes bancarios, obtenido exenciones tributarias, evadido impuestos, incurrido en fraudes en el consumo de electricidad, o recibido tarifas eléctricas privilegiadas, tienen calidad moral para tirar piedras a la deuda pública. Los demás, si no quieren que les tilden de hipócritas o farsantes, deben optar por el silencio.

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