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OPINIONES

Las dictaduras castrochavistas solo dejarán el poder por la fuerza. Por Carlos Sánchez Berzain

Los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia están organizados para permanecer indefinidamente en el poder, contra la voluntad de sus pueblos e ignorando el repudio internacional. Derrotados por la voluntad ciudadana, arrinconados por protestas populares, con crisis de las que son autores, hundidos en corrupción y narcotráfico, su gestión es una diaria cadena de delitos que ejecutan y encubren usando el poder político. Los dictadores castrochavistas envían desde hace mucho tiempo el mensaje inequívoco que dejaran el poder solo de la manera en que lo ejercen: por la fuerza.

Ninguna acción política o democrática interna o internacional ha logrado cambio alguno en la decisión de detentar el poder a perpetuidad de los regímenes del castrochavismo. Los Castro y su entorno en Cuba son los jefes del sistema transnacional montado desde que Hugo Chávez entregó el petróleo y la riqueza de Venezuela que han usado para empoderarse, logrando las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega/Murillo en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. Han perdido influencia y sufren el impacto del retorno a la democracia de Ecuador.

La dictadura de Cuba es el caso mas destacado y trágico con sus casi sesenta años de oprobio, que ahora busca repotenciarse con la farsa de una “reforma constitucional” sin participación del pueblo. Los detentadores del poder en Cuba están viendo conveniente a su objetivo de retener el poder indefinidamente, reconocer alguna forma de propiedad privada y quitar la palabra “comunismo” de su texto, entre otros sofismas que sostienen por la fuerza.

La dictadura de Venezuela cree consolidada sus maniobras de “asamblea constituyente” y “reelección del dictador” realizadas sin participación del pueblo. Soporta una creciente presión ciudadana, Maduro se mantiene en el poder de facto pese a su destitución ordenada por la Asamblea Nacional. El número de presos políticos aumenta con la detención de militares y el dictador ejecuta ahora el viejo show cubano sesentista de “preparar al pueblo para una invasión imperialista”. Grupos de paramilitares del régimen siembran terror y realizan ejecuciones extrajudiciales.

La dictadura de Nicaragua, solo en los últimos tres meses ha asesinado mas de 350 personas, mas de 1.200 heridos, cientos de presos y exiliados políticos. Para retener el poder usa el manido recurso del “dialogo” que manipula a su conveniencia mientras realiza “operaciones de limpieza” contra los defensores de la libertad con paramilitares encapuchados que torturan y matan sembrando el terror y Ortega/Murillo se declaran víctimas de un “golpe de estado” cuando el país entero pide que se vayan.

La dictadura de Bolivia acaba de ser reconocida por haber convertido el país en “la economía informal mas grande del mundo”. Afronta crecientes protestas populares para que cumpla el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) en el que Evo Morales perdió su pretensión de reelegirse indefinidamente, pero cuyo mandato desconoce con un fallo de sus jueces que han declarado como “derecho humano” del dictador el ser candidato y hacer fraude a perpetuidad. Grupos de encapuchados han aparecido en Bolivia declarándose defensores de Evo Morales y de su “proceso de cambio” amenazando a la ciudadanía que defiende el 21F NO es NO. El dictador Morales ha pedido “sacar a chutazos” (patadas) a los defensores del 21F y tiene en apronte sus paramilitares y cocaleros.

La salida de Ecuador del grupo dictatorial es atribuida al “error” de Correa de no reelegirse indefinidamente y poner como “candidato controlado” a Lenin Moreno que resultó liderando el retorno a la democracia en curso. El Presidente Moreno convocó referéndum y consulta popular que suprimió la reelección indefinida y está desmontando el sistema de “represión política judicializada”. Ha acusado a la dictadura de Nicaragua por sus actos criminales, ha llamado a consulta a su Embajador en Bolivia y anunciado que no enviará Embajador a Venezuela.

Las acciones y la estrategia de los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia para mantenerse por siempre en el poder son los mismos, los hechos demuestran que es “un plan de fuerza” en el que el crimen es el instrumento fundamental, el terror y la violencia sus herramientas. Castro, Maduro, Ortega/Murillo y Morales ejercen el poder por la fuerza y le están diciendo al mundo que solo lo dejaran por la fuerza.

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Andy Dahuajre

Pecado original del derecho penal de los derechos humanos. Por Eduardo Jorge Prats


Un pecado afecta al derecho penal de los derechos humanos que se remonta a los orígenes mismos de dicha disciplina en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis y cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy día, a 70 años de aquel proceso sin parangón en la historia. En dichos juicios, se condenó a personas por una serie de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron establecidos durante el proceso judicial y no previo al momento en que se cometieron los hechos, como exige el principio de legalidad penal, cuya finalidad es que el acusado pueda saber qué conductas están prohibidas o permitidas por el derecho y, en consecuencia, esté en condiciones de prever las consecuencias que acarrea la realización de las mismas. Por si lo anterior fuera poco, no se trató de un proceso imparcial, pues el tribunal estaba constituido exclusivamente por representantes de las potencias vencedoras en el conflicto bélico mundial y la investigación e instrucción fueron llevadas a cabo por personal designado por las potencias vencedoras; no hubo instancia superior a la que pudieran recurrir los condenados; el procedimiento aplicado desconoció los principios elementales de validez y carga probatoria; y no se permitió la asistencia de abogados a los imputados durante la fase de instrucción ni se les permitió acogerse al derecho de no autoincriminación.
Lo anterior fue justificado, parcial o totalmente, por los juristas de la época, entre ellos Hans Kelsen y Gustav Radbruch, a pesar de que se trataba de principios básicos del Estado de Derecho, cuya violación paradójicamente se imputaba a los acusados en Núremberg. Tanto el Tribunal como la doctrina mayoritaria de entonces como de ahora justificó, por ejemplo, la violación de la máxima “nullum crimen sine lege”, bajo el predicamento de que constituiría una injusticia mayor permitir que infracciones intencionadas contra los instrumentos internacionales quedaran impunes, al tiempo que se afirmaba que las conductas sancionadas se hallaban previamente prohibidas por el derecho internacional. Pero es obvio que los procesos se basaron en una legislación “ex post facto”; que el derecho internacional no preveía sanción penal para muchas de las conductas sancionadas; que aquellas que constituían un ilícito internacional no acarreaban consecuencia punitiva y solo activaban la responsabilidad internacional del Estado; que otras, como los crímenes de guerra, si bien existían en el derecho internacional consuetudinario, no contaban con una descripción típica concreta, con lo que se violaba el principio de taxatividad; y que los crímenes contra la humanidad, aunque pudieran considerarse delitos en la legislación interna alemana, no fueron sancionados en base a esta legislación ni con las consecuencias legales punitivas previstas en el ordenamiento jurídico alemán.
Si todo se hubiese quedado en Nuremberg no hubiese problemas. Pero la cuestión es que el pecado original ha irradiado con posterioridad no solo alderecho penal internacional –donde se manifiesta en la falta de taxitividad de los crímenes internacionales- sino también al derecho penal de los estados, que considera que quienes violaron los tratados de derechos humanos, al ser juzgados por los tribunales, deben tener sus garantías materiales y procesales disminuidas por el solo hecho de que se les impute haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Penart v. Estonia, a pesar de que los actos cometidos por los acusados podían ser legales bajo el Derecho soviético en el tiempo de su comisión, condenó a estos por crímenes contra la humanidad que fueron definidos cuatro décadas después de su comisión.
Estas decisiones, junto con otras más de jurisdicciones internacionales y nacionales, han ido conformando un neopunitivista derecho penal del enemigo de los derechos humanos, “cuarta velocidad del derecho penal” muy criticada por la doctrina penal que entiende el derecho penal como un derecho de garantías, pero que, sin embargo, constituye hoy un paradigma incuestionable para los estados, los activistas de derechos humanos y la sociedad civil, a pesar de estas manchas a su legitimidad. Esto hay que decirlo desde la dogmática y la academia si creemos, junto con el siempre lúcido Max Weber, que “el profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra de un aula”.

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Andy Dahuajre

Leonel Fernández, una derrota innecesaria. Por Melvin Matthews

La aprobación en la Cámara de Diputados de la debatida y anhelada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, tras una dramática alianza entre legisladores del Presidente Danilo Medina y de la oposición, trajo consigo la derrota de las posturas contrarias sustentadas por los congresistas leales al ex presidente Leonel Fernandez, quien en una publicación aparecida el martes, pronosticaba que la novedosa legislación provocará “la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo”.
El presidente Danilo Medina ha ganado otra jornada de la larga confrontación que sostiene con su compañero Fernández, ahora en torno al proyecto pendiente de la segura sanción del Senado. Junto a sus 70 diputados, Medina logró arrimarse el apoyo del PRM, el cual emerge como una organización de tácticas imprevisibles, más los apoyos de su aliado el PRD y del sorprendente PRSC, que sostenía posturas inflexibles frente al gobierno.
Fernandez sufrió una derrota innecesaria y peligrosa de cara al futuro inmediato. Innecesaria, porque debilitó su liderazgo, perdió mucho tiempo y gastó muchas municiones politicas librando un improductivo combate, que, en virtud de su experiencia como estadista de 12 años en el poder, no podía darse el lujo de perder. El conoce perfectamente la fortaleza presidencial; aquella, que en determinadas circunstancias, resulta inexpugnable; peligrosa su derrota porque la intransigencia, la incapacidad de ambos para armonizar posiciones, dejó expedito el camino hacia la división del partido de gobierno, a menos que predomine la reflexiva cordura.
Dos decisiones de Medina impidieron la caida del proyecto: su carta a los presidentes del Congreso exhortandoles a crear una comisión mixta especial de consenso, y la extensión de la legislatura ordinaria.
La nación tiene la anhelada ley, Medina salió fortalecido y Fernandez ha quedado inexplicablemente solitario. Craso error.

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