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OPINIONES

Partidos híbridos. Por Eduardo Jorge Prats


El iusconstitucionalista Félix Tena de Sosa retoma la cuestión de la naturaleza de los partidos en un magnífico artículo con ese mismo título (Diario Libre, 30 de julio de 2018) donde sostiene que hay tres aproximaciones respecto a esta: (i) la “privatista”, que afirma que los partidos “son instituciones de naturaleza privada, y, por lo tanto, se considera que el poder regulatorio del Congreso debe ser acotado a parámetros restringidos como el que corresponde a las asociaciones privadas”; (ii) la “publicista” que considera que los partidos son “instituciones de naturaleza pública” respecto a los cuales “el Congreso se haya investido de una amplia capacidad reguladora”, cual si fuesen órganos estatales; y (iii) la “híbrida”, en la cual Tena de Sosa enmarca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la que postula que los partidos son “instituciones públicas no estatales de base asociativa” (Sentencia TC/0531/15), es decir, “una especie de organización intermedia entre una asociación privada y un órgano público”. A juicio del jurista, la naturaleza sui géneris de los partidos obliga a que el legislador evite el sobredimensionamiento de lo privado en los partidos -que conduce a olvidar sus misiones constitucionales como mediadores entre la sociedad y el Estado- y a privilegiar lo público de los partidos -lo que borraría las fronteras entre el Estado y la sociedad.
Aunque Tena de Sosa no aborda la incidencia de la naturaleza de los partidos en la definición del estatuto legal de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas ni en la posibilidad de que la Junta Central Electoral las organice y ha señalado en tuit que ello “amerita una interpretación que armonice exigencias contradictorias”, es obvio que, dependiendo de si la naturaleza de los partidos es privada, pública o híbrida, será menos o más constitucionalmente admisible tal reglamentación legal. Y ello así por una razón sencilla: la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), al sentar su precedente sobre la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, afirmó que “el control de la función electoral es el meramente exterior que se caracteriza por la no intervención del Estado en el ámbito del derecho de asociación política de los ciudadanos, el cual conserva su naturaleza privatística originaria” (S.C.J. 16 de marzo de 2005). De manera que, en la historia jurisprudencial dominicana, la primera aproximación a la naturaleza de los partidos es la privatista -para no utilizar la palabra “privatística”, un italianismo tan caro a la SCJ- y es precisamente esa concepción la que sirve de base esencial para disponer la inconstitucionalidad de las primarias abiertas.
He sostenido que esta concepción privatista de la SCJ no es compartida por el Tribunal Constitucional (TC), Alta Corte que ha dicho que “el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas” (Sentencia TC/0192/15), aunque “si bien de naturaleza no estatal con base asociativa” (Sentencia TC/0531/15). Estos pronunciamientos mueven a Tena de Sosa a sostener que el TC se adscribe a la tesis de la naturaleza híbrida de los partidos. En ellos, sin embargo, lo que leo y veo es más bien la aproximación publicista. De todas maneras, aun aceptando como afirma Tena de Sosa, que el TC postula la tesis híbrida de los partidos, tres cosas me quedan claras. Primero, como afirma Tena de Sosa “una interpretación constitucionalmente adecuada de la naturaleza de los partidos políticos no puede ser otra que la ya establecida por el Tribunal Constitucional”. Segundo, se puede considerar a los partidos instituciones públicas -criterio que nunca he compartido- y ello no significa que sean estatales -como lo afirma expresamente el TC-. Y tercero, el TC no se adscribe a la tesis de los jueces supremos acerca de la “naturaleza privatística originaria de los partidos”, por lo que entiendo que la Alta Corte constitucional no suscribiría el precedente de la SCJ respecto a la inconstitucionalidad de las primarias.
En cualquier caso, sea privada, pública o híbrida la naturaleza de los partidos, lo cierto es que, como bien establece el profesor Allan Brewer-Carías, “el legislador pueda establecer el régimen que estime el más adecuado para regular la democracia interna de los partidos políticos, pudiendo establecer elecciones internas cerradas o abiertas, obligatorias y simultáneas”. Y es que hoy se reconoce que los partidos tienen una “nueva posición constitucional” (Fernando Flores Giménez), con misiones constitucionales que cumplir, que justificarían y harían más constitucionalmente razonable que bajo la tradicional concepción privatista una ley de partidos más intervencionista y sin que ello conlleve necesariamente convertir a los partidos en órganos del Estado.

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Martinez Moya

Los multitentáculos de la censura. Por Miguel Franjul

Miguel Franjul

Como la mitológica Hidra de Lerna, que tenía siete cabezas venenosas, así de multifacética es la censura contra la libertad de prensa, especialmente en el área digital, hasta ahora el escenario más amplio que existe para la difusión de las ideas del hombre.

Hasta aquí llegan los enemigos de la verdad y la transparencia, de la crítica o del disentimiento con sus distintas herramientas coercitivas. Y los ejemplos más recientes que ilustran esta conspiración contra la libertad de expresión se han dado en Venezuela, bajo la dictadura de Maduro y en otros países de nuestro continente, regidos por mandatarios antidemocráticos.

Después de haber asfixiado a casi toda la prensa impresa independiente de ese país, que a diario denunciaba la quiebra premeditada de la democracia, también persiguió a esta con sistemática intolerancia cuando migraron a la esfera digital.

Los impresos que abandonaron las rotativas, 52 periódicos y semanarios de dilatada presencia en Venezuela, se encontraron con el mismo enemigo en sus plataformas de internet, en la forma de bloqueos intermitentes o en algunos casos permanentes, que impedían el acceso de los usuarios a sus páginas.

El gobierno autocrático tiene el monopolio del bloqueo y el filtrado de los contenidos de internet que pretenden difundir las versiones digitales de los diarios asfixiados, obligando incluso a los proveedores privados de los servicios de telefonía y cable, a someterse a sus reglas restrictivas.

La censura comienza por una denegación de servicios a los usuarios, poniéndosela difícil a los ciudadanos que tratan de buscar contenidos no sesgados por la censura oficial.

Y mientras los diarios digitales luchan por sobrevivir, el gobierno también utiliza otra de las cabezas de la Hidra de Lerna, para montar en paralelo una red de medios digitales de línea oficialista, pretendiendo aparentar que el espacio digital está nutrido de opciones independientes, aunque en el fondo se trata de imponer la hegemonía comunicacional unidireccional.

La censura alcanza la radio y la televisión por cable. Según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, otra forma de censura es la “no respuesta” de conexión, que impide a los futuros usuarios poder acceder a los portales ‘web’ que operan en el país, una maquinación en la que aparecen comprometidas empresas privadas, como la Digitel, que encabeza los ejemplos de censura con más del 70 por ciento de los casos de bloqueos, en perjuicio de los usuarios de Movilnet y Movistar, entre otras.

Estas formas de censura digital no solo se dan en Venezuela. Se manifiestan en otros países latinoamericanos con regímenes autocráticos o con igual vocación y de ahí la importancia de que la prensa libre impulse y luche por imponer los principios de la “Declaración sobre la Libertad de Expresión en la Era Digital”, aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su última asamblea general en Salta, Argentina, el pasado mes de octubre.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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