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OPINIONES

Partidos híbridos. Por Eduardo Jorge Prats


El iusconstitucionalista Félix Tena de Sosa retoma la cuestión de la naturaleza de los partidos en un magnífico artículo con ese mismo título (Diario Libre, 30 de julio de 2018) donde sostiene que hay tres aproximaciones respecto a esta: (i) la “privatista”, que afirma que los partidos “son instituciones de naturaleza privada, y, por lo tanto, se considera que el poder regulatorio del Congreso debe ser acotado a parámetros restringidos como el que corresponde a las asociaciones privadas”; (ii) la “publicista” que considera que los partidos son “instituciones de naturaleza pública” respecto a los cuales “el Congreso se haya investido de una amplia capacidad reguladora”, cual si fuesen órganos estatales; y (iii) la “híbrida”, en la cual Tena de Sosa enmarca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la que postula que los partidos son “instituciones públicas no estatales de base asociativa” (Sentencia TC/0531/15), es decir, “una especie de organización intermedia entre una asociación privada y un órgano público”. A juicio del jurista, la naturaleza sui géneris de los partidos obliga a que el legislador evite el sobredimensionamiento de lo privado en los partidos -que conduce a olvidar sus misiones constitucionales como mediadores entre la sociedad y el Estado- y a privilegiar lo público de los partidos -lo que borraría las fronteras entre el Estado y la sociedad.
Aunque Tena de Sosa no aborda la incidencia de la naturaleza de los partidos en la definición del estatuto legal de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas ni en la posibilidad de que la Junta Central Electoral las organice y ha señalado en tuit que ello “amerita una interpretación que armonice exigencias contradictorias”, es obvio que, dependiendo de si la naturaleza de los partidos es privada, pública o híbrida, será menos o más constitucionalmente admisible tal reglamentación legal. Y ello así por una razón sencilla: la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), al sentar su precedente sobre la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, afirmó que “el control de la función electoral es el meramente exterior que se caracteriza por la no intervención del Estado en el ámbito del derecho de asociación política de los ciudadanos, el cual conserva su naturaleza privatística originaria” (S.C.J. 16 de marzo de 2005). De manera que, en la historia jurisprudencial dominicana, la primera aproximación a la naturaleza de los partidos es la privatista -para no utilizar la palabra “privatística”, un italianismo tan caro a la SCJ- y es precisamente esa concepción la que sirve de base esencial para disponer la inconstitucionalidad de las primarias abiertas.
He sostenido que esta concepción privatista de la SCJ no es compartida por el Tribunal Constitucional (TC), Alta Corte que ha dicho que “el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas” (Sentencia TC/0192/15), aunque “si bien de naturaleza no estatal con base asociativa” (Sentencia TC/0531/15). Estos pronunciamientos mueven a Tena de Sosa a sostener que el TC se adscribe a la tesis de la naturaleza híbrida de los partidos. En ellos, sin embargo, lo que leo y veo es más bien la aproximación publicista. De todas maneras, aun aceptando como afirma Tena de Sosa, que el TC postula la tesis híbrida de los partidos, tres cosas me quedan claras. Primero, como afirma Tena de Sosa “una interpretación constitucionalmente adecuada de la naturaleza de los partidos políticos no puede ser otra que la ya establecida por el Tribunal Constitucional”. Segundo, se puede considerar a los partidos instituciones públicas -criterio que nunca he compartido- y ello no significa que sean estatales -como lo afirma expresamente el TC-. Y tercero, el TC no se adscribe a la tesis de los jueces supremos acerca de la “naturaleza privatística originaria de los partidos”, por lo que entiendo que la Alta Corte constitucional no suscribiría el precedente de la SCJ respecto a la inconstitucionalidad de las primarias.
En cualquier caso, sea privada, pública o híbrida la naturaleza de los partidos, lo cierto es que, como bien establece el profesor Allan Brewer-Carías, “el legislador pueda establecer el régimen que estime el más adecuado para regular la democracia interna de los partidos políticos, pudiendo establecer elecciones internas cerradas o abiertas, obligatorias y simultáneas”. Y es que hoy se reconoce que los partidos tienen una “nueva posición constitucional” (Fernando Flores Giménez), con misiones constitucionales que cumplir, que justificarían y harían más constitucionalmente razonable que bajo la tradicional concepción privatista una ley de partidos más intervencionista y sin que ello conlleve necesariamente convertir a los partidos en órganos del Estado.

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OPINIONES

¿Leonel puede ser candidato presidencial en el 20/20?.

Por Ángel Lockward

Santo Domingo, RD

Leonel Fernández planteó que fue víctima de un fraude digital durante las votaciones, el escrutinio automático y la transmisión de los votos. Afirma que más personas votaron por él que por su contrincante, a quien la JCE y el PLD proclamaron como candidato presidencial.

Aunque no logre probar su teoría, por el costo de US$10 millones, de la auditoria forense solicitada y el tiempo que conlleva su realización, que es imposible en el calendario electoral, no sólo ha deslegitimado dicha candidatura, sino que además, ha transmitido una enorme preocupación sobre las elecciones de 2020: Ya él no debe preocuparse, Luis sí.

La discusión por el momento parece centrarse en las opciones que se abren al “defraudado”, quien parece obligado a marcharse: Pero no es que él quiera irse del PLD, es que sus adversarios en una suerte de suicidio colectivo, desean que se marche. La Presidencia del PLD, vacante, sería ocupada por Danilo: Es la única posición que le falta.

Su eventual salida abre diversas interrogantes. Si se marcha está obligado a ser actor activo en la próxima contienda: Podría sentirse tentado a apoyar abiertamente al PRM – no es su primera opción-; quizás llevar por el PRM – si pactan – a su esposa Margarita o presentarse por varios partidos que han declarado su interés de postularlo, lo que nos lleva a considerar si esto es constitucionalmente viable: Sí lo es.

Ser elegido es un derecho fundamental establecido en el artículo 22.1, cuyas condiciones no se dejaron a la reserva de Ley, en consecuencia al legislador ordinario le está vedado imponer otras distintas a las establecidas en el artículo 123, además de que no puede por ley, alterar la “esencia” de dicho derecho y, ese contenido no sólo implica el derecho del elegible, sino en particular, en este caso, de uno por quien se movilizó casi un millón de personas a votar: el derecho de sus electores está por encima de cualquier otro.

Se dirá que la disparatosa Ley 33-18 en el numeral 4 del artículo 49, prohíbe a los “que han sido presentados como candidatos de un partido” postularse por otros para el mismo certamen, se aducirá que él no ha sido propuesto como candidato del PLD para el certamen de mayo, eso aplicaría a Gonzalo Castillo, si renunciara del PLD que ya lo proclamó, no a Leonel.

El transfuguismo a que se refiere el artículo 134 de la Ley 15-19 es una desviación propia de las democracias parlamentarias, corrientemente se refiere a “legisladores” que al pasar de un partido a otro contribuyen a la caída de los gobiernos y, en las presidenciales, a “elegidos” que se marchan con el santo y la limosna luego de obtener el cargo, no a dirigentes que como simples ciudadanos, salen de una organización y escogen otro camino de participación política, conforme al principio de libre afiliación, como estableció el Constitucional en la TC 0441-19: Seria por ejemplo absurdo que si una persona es “precandidata y la expulsan o le hacen salir de una organización”, no pueda ejercer su derecho a través de otra.

Las leyes 33-18 y 15-19, ajenas a la Constitución, son un compendio de disparates ricas en contradicciones por los “arreglos que se hicieron para aprobarlas” y por la ignorancia de quienes la votaron y, esas contradicciones abren un espacio adicional a Leonel a través de una candidatura independiente pues, cuando en la Ley 33-18 se habla de “agrupaciones políticas”, es en sentido local, para elecciones provinciales, municipales y de distritos, es allí en donde se aplica la prohibición del artículo 49; pero cuando la Ley 15-19 menciona en su artículo 148 específicamente para “candidatura independiente a Presidente de la República”, se trata de una “agrupación política de carácter nacional no contemplada en la Ley de Partidos, escrito, expresamente, para un caso como el de Leonel: Puede ser candidato independiente conforme a la Ley Electoral y a la Constitución.

La política es una ciencia de realidades y hoy lo cierto es que al PLD le conviene más que Leonel sea candidato presidencial, aunque reste a Gonzalo la mitad de los votos que sacó en las primarias, que acorralarlo legalmente, y que obligado a apoyar abiertamente a Luis, le sume a éste un poco más de la totalidad de sus electores, pues la derrota del PLD sería terrible e inevitable: Si el divorcio va, es mejor por mutuo consentimiento.

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CIENCIAS

EE.UU. y Canadá han perdido un 29 % de sus pájaros, o lo que es lo mismo 3.000 millones de ejemplares, en los últimos 50 años

Estados Unidos y Canadá han perdido el 29 % de sus pájaros, o lo que es lo mismo 3.000 millones de ejemplares, desde 1970, según una investigación que publica este jueves la revista Science.

“Líneas múltiples e independientes de pruebas muestran una reducción masiva de pájaros”, dijo el autor principal del estudio, Ken Rosenberg, del Laboratorio de Ornitología de Cornell, en Nueva York.

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ENCUESTA LIBRE

¿Esta el país preparado para el voto automatizado?

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