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OPINIONES

Partidos híbridos. Por Eduardo Jorge Prats


El iusconstitucionalista Félix Tena de Sosa retoma la cuestión de la naturaleza de los partidos en un magnífico artículo con ese mismo título (Diario Libre, 30 de julio de 2018) donde sostiene que hay tres aproximaciones respecto a esta: (i) la “privatista”, que afirma que los partidos “son instituciones de naturaleza privada, y, por lo tanto, se considera que el poder regulatorio del Congreso debe ser acotado a parámetros restringidos como el que corresponde a las asociaciones privadas”; (ii) la “publicista” que considera que los partidos son “instituciones de naturaleza pública” respecto a los cuales “el Congreso se haya investido de una amplia capacidad reguladora”, cual si fuesen órganos estatales; y (iii) la “híbrida”, en la cual Tena de Sosa enmarca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la que postula que los partidos son “instituciones públicas no estatales de base asociativa” (Sentencia TC/0531/15), es decir, “una especie de organización intermedia entre una asociación privada y un órgano público”. A juicio del jurista, la naturaleza sui géneris de los partidos obliga a que el legislador evite el sobredimensionamiento de lo privado en los partidos -que conduce a olvidar sus misiones constitucionales como mediadores entre la sociedad y el Estado- y a privilegiar lo público de los partidos -lo que borraría las fronteras entre el Estado y la sociedad.
Aunque Tena de Sosa no aborda la incidencia de la naturaleza de los partidos en la definición del estatuto legal de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas ni en la posibilidad de que la Junta Central Electoral las organice y ha señalado en tuit que ello “amerita una interpretación que armonice exigencias contradictorias”, es obvio que, dependiendo de si la naturaleza de los partidos es privada, pública o híbrida, será menos o más constitucionalmente admisible tal reglamentación legal. Y ello así por una razón sencilla: la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), al sentar su precedente sobre la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, afirmó que “el control de la función electoral es el meramente exterior que se caracteriza por la no intervención del Estado en el ámbito del derecho de asociación política de los ciudadanos, el cual conserva su naturaleza privatística originaria” (S.C.J. 16 de marzo de 2005). De manera que, en la historia jurisprudencial dominicana, la primera aproximación a la naturaleza de los partidos es la privatista -para no utilizar la palabra “privatística”, un italianismo tan caro a la SCJ- y es precisamente esa concepción la que sirve de base esencial para disponer la inconstitucionalidad de las primarias abiertas.
He sostenido que esta concepción privatista de la SCJ no es compartida por el Tribunal Constitucional (TC), Alta Corte que ha dicho que “el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas” (Sentencia TC/0192/15), aunque “si bien de naturaleza no estatal con base asociativa” (Sentencia TC/0531/15). Estos pronunciamientos mueven a Tena de Sosa a sostener que el TC se adscribe a la tesis de la naturaleza híbrida de los partidos. En ellos, sin embargo, lo que leo y veo es más bien la aproximación publicista. De todas maneras, aun aceptando como afirma Tena de Sosa, que el TC postula la tesis híbrida de los partidos, tres cosas me quedan claras. Primero, como afirma Tena de Sosa “una interpretación constitucionalmente adecuada de la naturaleza de los partidos políticos no puede ser otra que la ya establecida por el Tribunal Constitucional”. Segundo, se puede considerar a los partidos instituciones públicas -criterio que nunca he compartido- y ello no significa que sean estatales -como lo afirma expresamente el TC-. Y tercero, el TC no se adscribe a la tesis de los jueces supremos acerca de la “naturaleza privatística originaria de los partidos”, por lo que entiendo que la Alta Corte constitucional no suscribiría el precedente de la SCJ respecto a la inconstitucionalidad de las primarias.
En cualquier caso, sea privada, pública o híbrida la naturaleza de los partidos, lo cierto es que, como bien establece el profesor Allan Brewer-Carías, “el legislador pueda establecer el régimen que estime el más adecuado para regular la democracia interna de los partidos políticos, pudiendo establecer elecciones internas cerradas o abiertas, obligatorias y simultáneas”. Y es que hoy se reconoce que los partidos tienen una “nueva posición constitucional” (Fernando Flores Giménez), con misiones constitucionales que cumplir, que justificarían y harían más constitucionalmente razonable que bajo la tradicional concepción privatista una ley de partidos más intervencionista y sin que ello conlleve necesariamente convertir a los partidos en órganos del Estado.

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Migue Guerrero

Años después de su partida . Por Miguel Guerrero

Cuando mi padre murió, aquella triste y plomiza tarde de mayo, lo que proporcionó el valor necesario para soportar la tragedia enorme que se abatía sobre nosotros, no fue más que la inmensa sensación de pequeñez que de mí mismo y de mis hermanos, reflejó su muerte. La verdadera grandeza de su existencia estaba no en sus muchos logros personales, mezclados con similares tropiezos y desencantos que hicieron de su vida una extraña conjugación de éxitos y fracasos que terminaron por abatirle cuando ya le faltaban fuerzas físicas para enfrentar las tempestades, sino en la sencillez de su corazón y en su increíble percepción para captar la esencia pura de la existencia humana en la más intrascendente de la escenas cotidianas.

Tras su expresión adusta y severa flotaba un corazón tan dulce como la miel. Había luchado contra viento y marea y confrontado las peores vicisitudes en la formación de la más grande y exitosa de sus empresas personales, que era su familia, y sin embargo había logrado proteger las fibras esenciales de su corazón, al punto de poder encenderse interiormente ante el esplendor de una naciente flor o las lágrimas de un niño hambriento. Era allí donde residía su verdadera naturaleza y de donde yo extraje, desgraciadamente en la etapa final de su vida, los elementos fundamentales del amor y la admiración que la muerte y el tiempo no han logrado disminuir.

De todas las virtudes, la que más apreciaba en cualquiera de nosotros, sus hijos, eran la de la sencillez y la humildad. Las demás carecían del valor esencial de éstas, porque sabía que el talento, la riqueza y la belleza física, eran después de todo temporales como la vida misma y enanas ante la grandeza de Dios. (Extraído del libro del autor “El mundo que quedó atrás”, publicado en el 2002).

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OPINIONES

El día que la Iglesia Católica denunció la represión Trujillista

El 31 de enero de 1960, por una disposición de la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue leída en todas las iglesias católicas la Carta Pastoral que habían emitido los obispos el día 25 de enero de ese año.

El documento constituye una reacción muy cuidada de la Iglesia Católica contra la represión que había desatado la dictadura de Trujillo en contra de los miembros de la Agrupación 14 de Junio, liderada por el doctor Manuel Aurelio (Manolo) Tavarez Justo.

En la Carta Pastoral los obispos expresaron:

“Asumiendo la obligación pastoral de cuidar el espiritual rebaño, confiado por la Bondad Divina a nuestra solicitud, no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos. Por ello, expresamos nuestra paternal simpatía, nuestro profundo pesar y nuestro común sentimiento de dolor ya que es una obra de misericordia “consolar al triste” haciendo propia la frase del apóstol San Pablo: “Llorar con los que lloran”, del libro de Romanos capítulo 12 versículo 15.

Los obispos auguraron: “En medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia que, por encima de las humanas pasiones, Ella hará resplandecer la caridad y la clemencia”.

En el momento que la dictadura de Trujillo acrecentó la represión contra los miembros o sospechosos de pertenecer al 14 de Junio, el mensaje de la Iglesia Católica se interpretó como una nota de rechazo a las acciones del régimen.

La Carta Pastoral la firmaron el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pitini, Monseñor Octavio A. Beras, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo; Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Obispo de Santiago de los Caballeros; Monseñor Francisco Panal, Obispo de La Vega Real, Monseñor Juan Félix Pepen, Obispo de La Altagracia y Monseñor Tomás F. Reilly, Obispo Titular de Testimonio Prelado “Nullius” de San Juan de la Maguana.

En la carta pastoral los obispos también informaron a la Nación que enviaron una carta a la más Alta Autoridad del país, para que, en un plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y devuelta la paz a tantos hogares”.

En opinión del sacerdote jesuita Antonio Lluberes: “La logística de redacción y distribución de la carta fue un virtuosismo de sigilo, que no pudo ser detectado ni por los servicios de inteligencia, ni por los miembros del clero amigos del régimen.

“El Episcopado hizo una sutil distinción en el clero e incluso evitó que el documento llegase a manos de los sacerdotes sospechosos de trujillismo. Esa primera carta usaba un lenguaje aséptico pero estridente para aquellos años de oscurantismo.

“Los obispos repetían los más elementales derechos humanos y aludían a las circunstancias delicadas que se vivían en el país”.

En ese momento los agentes del Servicio de Inteligencia Militar llevaban a cabo una campaña de represión en la República Dominicana, contra los sindicados como desafectos del régimen dictatorial o miembros de la Agrupación 14 de Junio.

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