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Andy Dahuajre

Leonel Fernández, una derrota innecesaria. Por Melvin Matthews

La aprobación en la Cámara de Diputados de la debatida y anhelada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, tras una dramática alianza entre legisladores del Presidente Danilo Medina y de la oposición, trajo consigo la derrota de las posturas contrarias sustentadas por los congresistas leales al ex presidente Leonel Fernandez, quien en una publicación aparecida el martes, pronosticaba que la novedosa legislación provocará “la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo”.
El presidente Danilo Medina ha ganado otra jornada de la larga confrontación que sostiene con su compañero Fernández, ahora en torno al proyecto pendiente de la segura sanción del Senado. Junto a sus 70 diputados, Medina logró arrimarse el apoyo del PRM, el cual emerge como una organización de tácticas imprevisibles, más los apoyos de su aliado el PRD y del sorprendente PRSC, que sostenía posturas inflexibles frente al gobierno.
Fernandez sufrió una derrota innecesaria y peligrosa de cara al futuro inmediato. Innecesaria, porque debilitó su liderazgo, perdió mucho tiempo y gastó muchas municiones politicas librando un improductivo combate, que, en virtud de su experiencia como estadista de 12 años en el poder, no podía darse el lujo de perder. El conoce perfectamente la fortaleza presidencial; aquella, que en determinadas circunstancias, resulta inexpugnable; peligrosa su derrota porque la intransigencia, la incapacidad de ambos para armonizar posiciones, dejó expedito el camino hacia la división del partido de gobierno, a menos que predomine la reflexiva cordura.
Dos decisiones de Medina impidieron la caida del proyecto: su carta a los presidentes del Congreso exhortandoles a crear una comisión mixta especial de consenso, y la extensión de la legislatura ordinaria.
La nación tiene la anhelada ley, Medina salió fortalecido y Fernandez ha quedado inexplicablemente solitario. Craso error.

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Andy Dahuajre

Pecado original del derecho penal de los derechos humanos. Por Eduardo Jorge Prats


Un pecado afecta al derecho penal de los derechos humanos que se remonta a los orígenes mismos de dicha disciplina en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis y cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy día, a 70 años de aquel proceso sin parangón en la historia. En dichos juicios, se condenó a personas por una serie de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron establecidos durante el proceso judicial y no previo al momento en que se cometieron los hechos, como exige el principio de legalidad penal, cuya finalidad es que el acusado pueda saber qué conductas están prohibidas o permitidas por el derecho y, en consecuencia, esté en condiciones de prever las consecuencias que acarrea la realización de las mismas. Por si lo anterior fuera poco, no se trató de un proceso imparcial, pues el tribunal estaba constituido exclusivamente por representantes de las potencias vencedoras en el conflicto bélico mundial y la investigación e instrucción fueron llevadas a cabo por personal designado por las potencias vencedoras; no hubo instancia superior a la que pudieran recurrir los condenados; el procedimiento aplicado desconoció los principios elementales de validez y carga probatoria; y no se permitió la asistencia de abogados a los imputados durante la fase de instrucción ni se les permitió acogerse al derecho de no autoincriminación.
Lo anterior fue justificado, parcial o totalmente, por los juristas de la época, entre ellos Hans Kelsen y Gustav Radbruch, a pesar de que se trataba de principios básicos del Estado de Derecho, cuya violación paradójicamente se imputaba a los acusados en Núremberg. Tanto el Tribunal como la doctrina mayoritaria de entonces como de ahora justificó, por ejemplo, la violación de la máxima “nullum crimen sine lege”, bajo el predicamento de que constituiría una injusticia mayor permitir que infracciones intencionadas contra los instrumentos internacionales quedaran impunes, al tiempo que se afirmaba que las conductas sancionadas se hallaban previamente prohibidas por el derecho internacional. Pero es obvio que los procesos se basaron en una legislación “ex post facto”; que el derecho internacional no preveía sanción penal para muchas de las conductas sancionadas; que aquellas que constituían un ilícito internacional no acarreaban consecuencia punitiva y solo activaban la responsabilidad internacional del Estado; que otras, como los crímenes de guerra, si bien existían en el derecho internacional consuetudinario, no contaban con una descripción típica concreta, con lo que se violaba el principio de taxatividad; y que los crímenes contra la humanidad, aunque pudieran considerarse delitos en la legislación interna alemana, no fueron sancionados en base a esta legislación ni con las consecuencias legales punitivas previstas en el ordenamiento jurídico alemán.
Si todo se hubiese quedado en Nuremberg no hubiese problemas. Pero la cuestión es que el pecado original ha irradiado con posterioridad no solo alderecho penal internacional –donde se manifiesta en la falta de taxitividad de los crímenes internacionales- sino también al derecho penal de los estados, que considera que quienes violaron los tratados de derechos humanos, al ser juzgados por los tribunales, deben tener sus garantías materiales y procesales disminuidas por el solo hecho de que se les impute haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Penart v. Estonia, a pesar de que los actos cometidos por los acusados podían ser legales bajo el Derecho soviético en el tiempo de su comisión, condenó a estos por crímenes contra la humanidad que fueron definidos cuatro décadas después de su comisión.
Estas decisiones, junto con otras más de jurisdicciones internacionales y nacionales, han ido conformando un neopunitivista derecho penal del enemigo de los derechos humanos, “cuarta velocidad del derecho penal” muy criticada por la doctrina penal que entiende el derecho penal como un derecho de garantías, pero que, sin embargo, constituye hoy un paradigma incuestionable para los estados, los activistas de derechos humanos y la sociedad civil, a pesar de estas manchas a su legitimidad. Esto hay que decirlo desde la dogmática y la academia si creemos, junto con el siempre lúcido Max Weber, que “el profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra de un aula”.

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Andy Dahuajre

La fabulosa trampa a las familias Rosario

Por: JOSÉ MANUEL GUZMÁN IBARRANadie apellido Guzmán olvidará la increíble historia de la fabulosa fortuna dejada por el Barón de la Atalaya. La Baronía de San Miguel de la Atalaya fue un título nobiliario español, creado el 8 de octubre de 1778 por Carlos III de España a favor del Tte. D. José de Guzmán. Esto, en recompensa por fundar la villa fortificada de San Miguel de la Atalaya, en la isla de Santo Domingo. Lo cual fue cierto, y dicho título fue testado a favor de sus herederos, y de ahí, una leyenda para incautos ambiciosos o una fábula para los niños sobre la exigibilidad de título y hacienda. Una gran cantidad de dinero fácil que solo tenía que reclamar.Es increíble que en el 2018, ahora con personas apellido Rosario, surja historia parecida, con la amarga particularidad que muchos de ese apellido han preferido dejar trabajo y paz familiar, en espera que la promesa de dinero sin trabajo producto de fabulosa herencia. Sueño de los rosarios en que las mesías se convierta de la noche en la mañana en personas tan adineradas y poderosas que el mismísimo Carlos Slim (el hombre más rico de Latinoamérica y dueño de Claro Dominicana) estaría a la vez envidioso y sorprendido de tantos euros o dólares recuperados, gracias a la intervención de personas que venden su supuesto servicio y ayuda solo a cambio de cumplir con su gestión. A la fecha, lamentablemente, tal como han sido las autoridades del Banco Central y el Banco de Reservas de que no hay acreditaciones de cuentos fortunas, y la advertencia de la fiscal Yenni Berenice Reynoso, de que se trata de un timo, todavía hay gente que quiere creer en historias de Disney. Por qué lo ve, esto ya es una de las cosas más fáciles de creer que se haya cometido en el territorio dominicano. La gente quiere creer en lo que es real, porque la realidad se antoja difícil y otras veces triste. Es similar a la lectura del horóscopo en los periódicos, o la compra de la lotería de Nueva York, poco importa la veracidad de lo leído o de las cifras abrumadoras de la estadística que la probabilidad de aprobación. Eso ilusiona. La diferencia con la historia de la familia Rosario y la promesa de herencia es que nadie al leer el horóscopo sale a casarse con la primera rubia hermosa o primer hombre que no está en la tónica de lotería. Sin embargo, en este caso increíble, muchos incautos han dejado su trabajo, abandonados sus estudios, o gastados sus magros para tener sus papeles en regla para cobrar un dinero que no existe, que no tienen acreditado nadie y que no hay evidencia de ninguna otra vez. Este es un caso en el que no hay tal impacto humano y social, se llama y se puede fuente de inspiración para la literatura fantástica. Sin embargo, lo que se avecina para millas de personas y familias es una gran decepción, una pérdida de esperanza, una pérdida de dinero en algún caso sustancial, y en definitiva tragedias personales y familiares. En esta historia el único ganador es el grupo que en una reunión es capaz de recaudar 20 millones de pesos entregados por los incautos para las gestiones legales; pero la justicia existe, y la autoridad actuará. No hay crimen perfecto, ni mentira que llegue lejos. Los estafadores pagarán su fechoría.

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