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Andy Dahuajre

El PRD debe seguir el camino de la unidad interna, el crecimiento y la concertación electoral . Por FERNANDO PEÑA

El camino del PRD es unidad, diálogo y concertación.

Unidad, organización y crecimiento interno, pero esa unidad debe seguir la concertación con todos los sectores políticos, económicos y sociales y no solamente con los grupos y organizaciones afines al poder.

Esos son los medios fundamentales para alcanzar los objetivos políticos trazados.

Es imprescindible precisar el significado de cada uno de ellos, porque de lo contrario, las palabras y las formas pueden desnaturalizar las finalidades enunciadas y ocultar propósitos no solo diferentes sino contrapuestos a su verdadero sentido.

La unidad, esta debe realizarse con todos los sectores políticos, económicos y sociales, la unidad es precisamente la interacción de los contrarios y la integración de las diferencias en un proyecto inclusivo de carácter general el que, por su misma naturaleza, no excluya sectores que sostengan puntos de vista distintos y contrarios.

De no ser así, solo nos quedaremos en la adhesión a un proyecto definido y estructurado por el poder, y no un intercambio de ideas y puntos de vista de los que debe surgir un plan estratégico de nación.

Y hacia ahí, hacia esto último es hacia donde debe trillar su camino el PRD…

El PRD es un partido de historia, de lucha, de principios, de independencia, no de adhesión política simple, no es solo obtener su parte, a una estructura predeterminada y omnipotente. No se puede aceptar que se tengan los resultados de la concertación antes del diálogo.

Concertación y unidad no significa plegarse al modelo del poder sin una actitud razonables y reflexiva.

El PRD debe tirarse a la calle, organizar al pueblo, los acuerdos y concertaciones no pueden eliminar la lucha a favor del pueblo, ni anular todo vestigio de propuesta sociales, políticas y económicas a favor de la nación, ni abandonar la agenda del día a día.

En realidad, la unidad, el diálogo y la concertación que plantea el PRD debe tener como finalidad sentar las bases de una gran concertación de fuerzas políticas y sociales, donde surja el consenso con un plan de nación y de la integración de las diferencias.

El PRD tiene que abrazar y plantear la concertación, con una nueva forma de conducta política, que nos enrumbe a la construcción de una nueva sociedad, una estructura con los medios necesarios para dar respuesta a los problemas apremiantes que gravitan sobre nuestro pueblo.

Ese es el salto cualitativo que debe dar el PRD, hacia la concertación verdadera, siguiendo la línea de su nuevo líder , Miguel Vargas, de no a la confrontación….

La concertación que debe buscar el PRD debe ser para fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia y para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía sobre la que recaen las decisiones y los acuerdos que se adopten.

Todo ello en el entendido de que se concerta para evitar que se tomen medidas unilaterales o decisiones que no tengan en cuenta los intereses y problemas de la sociedad, y que, por lo mismo, generen inestabilidad y desequilibrio.

El PRD cuando habla de unidad, diálogo y concertación, debería ser para considerar estos elementos que definen cada una de esas acciones políticas.

Porque no se concerta,o no se debe concerta, para que el poder complete un cuadro de dominio político total, ni para que los sectores que van al diálogo solamente encuentren posiciones en la estructura de poder dominante.

Debe ir el PRD hacia un plan estratégico de nación. Que tenga que ver con las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia, la educación, la salud, el sistema electoral, el empleo, para mencionar algunos.

Así, a partir de una agenda básica, llevarlos como propuesta a Danilo Medina, al Gobierno. Y discutir un plan estratégico, no solo posibles cargos en el Estado. Ese tendría que ser el contrato social que sustente un proyecto de nación.

El PRD tiene que ser el motor, el canalizador de esa propuesta, que tenga los objetivos necesarios para construir el país que se desea, y que haya la participación activa del sector político sensato y la ciudadanía.

El PRD debe sustentar un proyecto de nación, buscar el respaldado de los sectores políticos sensatos, económicos y sociales del país.

Por ello la unidad, el diálogo y la concertación son absolutamente necesarios para alcanzar ese propósito fundamental.

El PRD es el partido, por su historia y lucha, llamado a inspirar y proponer ese plan de nación, llenarse de confianza en las reservas morales de nuestro pueblo.

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Andy Dahuajre

Danilo Medina y la oposición conservadora. Por Eduardo Jorge Prats

Eduardo Jorge Prats (2015)

Semanas atrás, en este mismo diario (Acento) , Juan Bolívar Diaz afirmaba que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) era “muy conservador”. Aunque el señalamiento se refería exclusivamente a que el PRM había sido muy conservador “al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016”, posición refutada brillantemente por una de las cabezas mejor montadas de la ciencia económica dominicana –Iván Rodríguez-, al sostener la crítica de los economistas del Partido Revolucionario Dominicano a dicha posición, y la cual puede sintetizarse en la contradicción de proponer reducciones presupuestales en sectores claves como Poder Judicial y Procuraduría General de la Republica, mientras al mismo tiempo se proponen altísimos incrementos salariales para los miembros de una Policía Nacional cuestionada y no reformada, lo cierto es que la aseveración de Diaz nos mueve a reflexionar sobre lo que consideramos que es el verdadero conservadurismo del PRM y de la mayoría de la oposición al gobierno del presidente Danilo Medina.

El conservadurismo de la oposición dominicana tiene su origen en la prevalencia en nuestro país de una cultura autoritaria que ha hecho que, durante mucho tiempo, Republica Dominicana más que un Estado de Derecho haya sido un “Estado de Derecha”. Esa cultura autoritaria ha penetrado amplios segmentos de nuestra izquierda, la que, en su momento -usando “recargado” el término acuñado por Juan Isidro Jimenez Grullon-, hemos denominado “nuestra falsa izquierda”. Esta inclinación autoritaria es visible en el firme apoyo de la oposición al discurso penal hegemónico, que es el del populismo penal, con todo lo que ello implica: erosión de las garantías fundamentales de los justiciables y legitimación del discurso de la mano dura y de la pena de muerte aplicada extrajudicialmente a presuntos delincuentes muertos en supuestos “intercambios de disparos”. Si alguien duda lo que afirmamos que se lea los enjundiosos y muy leídos ensayos de Guillermo Moreno sobre el Código Procesal Penal, en especial su posición respecto a la validez de extender jurisprudencialmente los procesos y la prisión preventiva, más allá del plazo legal taxativamente establecido por el legislador, es decir, en clara violación a la ley, posición doctrinal –sostenida también, no por casualidad, por uno de los juristas estrella de la Fuerza Nacional Progresista, Gregory Castellanos Ruano- que es la que ha permitido a muchos jueces penales derribar una de las conquistas liberales más preciadas en la ciencia jurídico-procesal-penal, como lo es la limitación del proceso y la prisión preventiva a un plazo razonable clara y específicamente establecido por el legislador y no al plazo que medalaganaria y arbitrariamente señale el juzgador. Lo que pasa es que, por un lado, hay un populismo penal de derecha que busca la condena sin garantías de presuntos inocentes cuya principal crimen es el “porte ilegal de cara”, acusados en realidad de ser “pobres, negros y feos”, y, por otro, un populismo penal de izquierda que busca esta misma condena para los delincuentes de cuello blanco, presuntamente culpables por ser políticamente minoritarios o manifiestamente desagradables en la escala de la corrección política. Ambos populismos, sin embargo, son eminentemente conservadores y autoritarios.

Pero la oposición dominicana es claramente conservadora no solo porque asume por acción u omisión el discurso del populismo penal. Es que también coquetea con el resto del populismo al asumir determinadas reivindicaciones sociales sin enfrentar directamente a las clases propietarias y burguesas; al adoptar acríticamente el discurso ultranacionalista y su rechazo casi demencial a la inmigración, a lo haitiano y a las “grandes potencias”, en especial a Estados Unidos; y al oponerse o no respaldar abiertamente las justas e impostergables demandas de determinados colectivos, como es de la comunidad LGBT. Este conservadurismo viene de la alianza non sancta de una izquierda y una derecha que comparten el gen nacionalista y autoritario, y que, además, resultan ser ambas representativas de un “machismo leninismo” más que ostensible en su indiferencia u oposición a los derechos de la mujer, incluyendo el derecho al aborto, y en su descarada homofobia. Sobra decir que casi toda la oposición es maniquea pues todos los problemas de la cosa pública los plantea en términos de una bipolaridad de personas buenas y personas malas, lo que es evidencia de un personalismo rayano en el mesianismo y que, por demás, y en la medida que subestima el rol de las instituciones, es netamente conservador.

En contraste con esta oposición conservadora, el presidente Danilo Medina aparece colocado claramente a su izquierda o por lo menos en el centro del espectro político. Solo hay que leer las observaciones presidenciales al Código Penal y su valiente defensa a los derechos de la mujer y ver el vergonzoso silencio de la oposición frente a este tema, para darse cuenta quien es conservador o no. Incluso, en un tema tan espinoso como el de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes de status migratorio irregular, el presidente Medina se colocó en una posición mucho más progresista que la oposición, al proponer al Congreso Nacional, en medio del furor patriotero, una ley que, como la 169-14, viene a enfrentar la situación creada por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y a poner a la República Dominicana en mejores condiciones para defenderse honrosamente frente a la comunidad internacional. Y, lo que es más importante, sus avanzadas políticas sociales, en especial la revolución educativa que lleva a cabo el Gobierno, con la asignación del 4% del PIB para la educación, la tanda extendida, el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer educación pre-escolar universal, la alimentación que beneficia a millones de estudiantes y la construcción de las estancias infantiles, ubican al presidente Medina en una posición claramente socialdemócrata, progresista y liberal, que contrasta con el vergonzoso conservadurismo de la oposición.

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Andy Dahuajre

Julio Cury: Teoría de ponderación

Cuando dos principios constitucionales coliden, uno tiene que ceder ante el otro, lo cual no significa que el desplazado sea declarado nulo o inválido, sino inaplicable a un caso específico. La doctrina y jurisprudencia constitucionales han reconocido tres teorías para solucionar esos conflictos o antinomias, siendo la más socorrida la del balanceo o ponderación.

En su Sentencia TC 0011/12, el Tribunal Constitucional sentó su primer precedente al respecto, para lo cual hizo suyo el criterio de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia No. T-210/94, del 27 de abril de 1994). Veamos: “En consecuencia, es indispensable que el fallador, en la ponderación de los derechos en juego, aprecie y evalúe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejercen los derechos, de manera que a la luz de la situación de hecho concreta, pueda establecer si el ejercicio de uno de ellos resulta desproporcionado, lo que sucedería en caso de vulnerar el núcleo esencial de un derecho fundamental específico”.

Y más adelante se lee: “En otra importante decisión respecto al tema que nos ocupa, la misma Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-417/96, del 9 de septiembre de 1996) estableció que… el juez ha de evaluar la real existencia de la colisión, buscando, en principio, hacer compatibles todos los derechos en juego. Si la compatibilidad no puede alcanzarse por razón de las características del conflicto, debe prevalecer el derecho más próximo a la dignidad del ser humano… procurando, desde luego, que el derecho no preponderante resulte afectado únicamente en la medida necesaria para no sacrificar el prevaleciente”.

Posteriormente, en su Sentencia TC 0042/12, el TC sostuvo que la necesidad de ponderar derechos fundamentales en conflicto “implica la operación de balancear esos derechos en concurrencia, o sea, establecer un orden de importancia entre ellos, haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en una estimación específica para el caso concreto. Así, en el presente caso se determinará cuál de esos derechos (el de acceso a la información o el derecho a la intimidad) debe ceder…”.

Algunos dirigentes políticos, incluido uno que otro con el título de licenciado en Derecho debajo de las axilas, han opinado que la sentencia en virtud de la cual el TC declaró inadmisible una acción directa contra el vigésimo transitorio, “cerró el caso definitiva e irrevocablemente”. Es obvio que desconocen que el máximo órgano de justicia constitucional cuenta con técnicas jurídicas como el distinguishing, reversing y overruling, y que el párrafo I del art. 31 de la Ley No. 137-11 le permite apartarse de sus precedentes, siendo suficiente “expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio”.

Peor todavía, ignoran que la ponderación es la más efectiva herramienta de solución de pugnas entre principios constitucionales. Y hasta donde se sabe, el TC aún no ha decidido, por vía de apoderamiento mediante recurso de revisión constitucional, si la restricción al derecho a ser elegible que el vigésimo transitorio le impone al Presidente, prevalece sobre otros derechos fundamentales de que él es igualmente titular. No hay necesidad de impacientarse, pues como enseña el Eclesiastés, “Todo tiene su momento oportuno… hay tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para llorar y tiempo para reír”.

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