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OPINIONES

Fallece madre del senador Ruben Toyota

Santo Domingo.- Falleció la noche de este miércoles la señora Ricarda Hubiera Vilorio, madre del senador de la provincia de Hato Mayor y vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota).

Doña Callita murió en su hogar, del municipio Hato Mayor del Rey, a la edad de 87 años, después de luchar contra los efectos de dos accidentes cardiovasculares.

Le sobreviven sus hijos Rubén Darío y Ana Celeste Cruz Hubiera.

Los restos de Doña Callita serán velados este juevesen la Funeraria Comunitaria San Antonio, en tanto que el sepelio se efectuará el viernes a las 10:00 de la mañana en el Cementerio de Los Hatillos, en Hato Mayor.

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Martinez Moya

Los multitentáculos de la censura. Por Miguel Franjul

Miguel Franjul

Como la mitológica Hidra de Lerna, que tenía siete cabezas venenosas, así de multifacética es la censura contra la libertad de prensa, especialmente en el área digital, hasta ahora el escenario más amplio que existe para la difusión de las ideas del hombre.

Hasta aquí llegan los enemigos de la verdad y la transparencia, de la crítica o del disentimiento con sus distintas herramientas coercitivas. Y los ejemplos más recientes que ilustran esta conspiración contra la libertad de expresión se han dado en Venezuela, bajo la dictadura de Maduro y en otros países de nuestro continente, regidos por mandatarios antidemocráticos.

Después de haber asfixiado a casi toda la prensa impresa independiente de ese país, que a diario denunciaba la quiebra premeditada de la democracia, también persiguió a esta con sistemática intolerancia cuando migraron a la esfera digital.

Los impresos que abandonaron las rotativas, 52 periódicos y semanarios de dilatada presencia en Venezuela, se encontraron con el mismo enemigo en sus plataformas de internet, en la forma de bloqueos intermitentes o en algunos casos permanentes, que impedían el acceso de los usuarios a sus páginas.

El gobierno autocrático tiene el monopolio del bloqueo y el filtrado de los contenidos de internet que pretenden difundir las versiones digitales de los diarios asfixiados, obligando incluso a los proveedores privados de los servicios de telefonía y cable, a someterse a sus reglas restrictivas.

La censura comienza por una denegación de servicios a los usuarios, poniéndosela difícil a los ciudadanos que tratan de buscar contenidos no sesgados por la censura oficial.

Y mientras los diarios digitales luchan por sobrevivir, el gobierno también utiliza otra de las cabezas de la Hidra de Lerna, para montar en paralelo una red de medios digitales de línea oficialista, pretendiendo aparentar que el espacio digital está nutrido de opciones independientes, aunque en el fondo se trata de imponer la hegemonía comunicacional unidireccional.

La censura alcanza la radio y la televisión por cable. Según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, otra forma de censura es la “no respuesta” de conexión, que impide a los futuros usuarios poder acceder a los portales ‘web’ que operan en el país, una maquinación en la que aparecen comprometidas empresas privadas, como la Digitel, que encabeza los ejemplos de censura con más del 70 por ciento de los casos de bloqueos, en perjuicio de los usuarios de Movilnet y Movistar, entre otras.

Estas formas de censura digital no solo se dan en Venezuela. Se manifiestan en otros países latinoamericanos con regímenes autocráticos o con igual vocación y de ahí la importancia de que la prensa libre impulse y luche por imponer los principios de la “Declaración sobre la Libertad de Expresión en la Era Digital”, aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su última asamblea general en Salta, Argentina, el pasado mes de octubre.

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OPINIONES

El frenazo oportuno. POR JULIO MARTÍNEZ POZO

La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Oragnización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.

En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.

Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.

La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.

El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.

Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.

Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos

“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”

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