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Martinez Moya

Una sentencia curiosa del TSA. Por Julio Cury

El art. 29 de la Ley No. 675-44, sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, del 31 de diciembre de 1944, prevé tres circunstancias excepcionales que pueden motivar a los alcaldes a declarar en sus respectivas jurisdicciones “cuando un edificio terminado constituye peligro público, un estorbo público o es lesivo al ornato”. Peligro público, de conformidad con dicha disposición, es “Todo edificio, obra o construcción que presente una amenaza para la seguridad de sus moradores, vecinos, de los transeúntes o cualesquiera otras personas y que por esto mismo requiera su destrucción total o parcial”.

No se precisa ser erudito para deducir que la peligrosidad a que se refiere el legislador es la estructural, de modo que asegure la integridad física de los munícipes ante un determinado evento fortuito o de fuerza mayor. En efecto, la facultad de los alcaldes municipales y de distritos municipales se circunscribe a evaluar la infraestructura de las edificaciones, tanto en planta como en elevación, ya que buena parte de la población, especialmente la de escasos recursos, realiza edificaciones en zonas vulnerables y sin asesoramiento profesional, lo cual incrementa la posibilidad de su colapso.

En esos casos es que el alcalde puede intervenir al amparo de la Ley No. 675-44, no así cuando la peligrosidad resida en la ocupación de intrusos ni cuando atente contra el derecho a la salud, circunstancias que escapan del ámbito competencial de los gobiernos locales. ¿A qué viene todo esto? Pues a que por Sentencia No. 030-2018-AC-00030, del 13 de agosto pasado, la Primera Sala del TSA acogió una acción de amparo de cumplimiento, ordenándole al ADN, no así a su Alcalde que es la autoridad pública a quien expresamente la Ley No. 675-44 le reconoce tal potestad, “agotar el procedimiento previsto por la Ley No. 675-44…”.

El tribunal consideró que existían “posibilidades sumamente altas de que corran o estén en peligro los derechos a la salud e integridad personal” de los accionantes, para lo cual no se sustentó en un informe pericial que acreditara el peligro estructural del inmueble cuya destrucción se pretendía, sino en la opinión de un alguacil que penetró en el sin permiso consentido de su propietario para levantar un acto de comprobación.

¿Qué dijo haber visto? Pues “desechos (sic) de bebidas alcohólicas, materias fecales y olores a orines, colillas de cigarrillos, cartones en el piso, chasis de un vehículo… en la cual consta además un abandono del inmueble que ha sido objeto de refugio para desaprensivos”. ¡Válgame Dios! Nada de eso, ni siquiera visto con lupa de aumento, constituye peligro público en el lenguaje de la Ley No. 675-44. A propósito, ¿alguien sabe que son “desechos de bebidas alcohólicas”?

En cuanto al “… abandono del inmueble que ha sido objeto de refugio para desaprensivos”, es obvio que más que de una subjetividad, se trata de una presunción especulativa, pues el ministerial no dijo haber visto a los supuestos desaprensivos, por lo que estuvo lejos de ser una comprobación con valor probatorio. Y aún los hubiese alcanzado a ver, tampoco justificaba la sentencia comentada, toda vez que no se trata del peligro público al que se refiere la repetida Ley No. 675-44, sin omitir que la prevención del peligro que pudiera degenerar de semejante hecho, no es responsabilidad de ningún ayuntamiento, sino de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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Martinez Moya

Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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Cumbre Mar-a-Lago. Por Julio Martínez Pozo

Dos días antes del encuentro en Mar-a-Lago del presidente Donald Trump con mandatarios caribeños, la secretaría de prensa del gobierno estadounidense emitió un escueto comunicado que adelantaba de forma precisa los objetivos de la convocatoria:

1-Importantizar la región y estrechar aún más los lazos de amistad, colaboración en seguridad e incremento de la inversión; 2-Contrapesar la influencia de China (o lo que Estados Unidos define como sus prácticas depredadoras); y, 3-Ampliar la presión sobre Venezuela para propiciar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.


A los planes de inversión en ese comunicado se le ubicaba un objetivo: sector energético.

Transcurrida la reunión, es claro que el presidente Donald Trump no se presentó a ella con las manos vacías, sino como el único presidente norteamericano con iniciativa económica para la región después de Donald Reagan, en 1984, con su plan de desarrollo e inversión para la cuenca del Caribe.

Ha declarado a los países convocados: Mancomunidad de la Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Haití y Santa Lucía, en “estatus prioritario” para los programas de inversión que Estados Unidos lleva a cabo a través del OPIC, su canalizador de aportes financieros para programa de desarrollo.

“Estados Unidos está junto a nuestros amigos caribeños y quiere avanzar en nuestros estrechos y antiguos lazos con la región, trabajando más estrechamente en prioridades como Venezuela y centrarnos en el crecimiento económico”, escribió el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en Twitter.


En los próximos 90 días delegaciones de alto nivel peregrinarán por la región identificando los nichos de inversión en los que se expresará la capitalización estadounidense, cosa que parece estar claramente visualizada en República Dominicana: las termoeléctricas de Punta Catalina, para las que el Estado dominicano anda en busca de socio estratégico.

Siendo RD por mucho la economía de mayor volúmen en todo el Caribe, es prácticamente la única con desarrollo económico para atesorar las grandes inversiones que conlleva la industria energética.

Estados Unidos ha estado más vinculado que nadie a todo el proceso de Punta Catalina, la empresa que preparó la licitación, la que ha fabricado la planta, la que suple el carbón y la que ayudará a establecer el valor de la empresa y la normativa para la incorporación de un asociado al Estado, todas made in USA.

El sector eléctrico también es atractivo para la inversión china, que ha expresado su intención de financiar la rehabilitación de las redes para evitar las grandes pérdidas que enfrenta el sector por concepto de energía que nadie aprovecha.

Aunque no se haya hecho mención pública de ese tema un punto concreto de interés de los Estados Unidos es la modificación de la ley dominicana de compra y contrataciones públicas, para que sus inversionistas pueden licitar en un terreno de mayor transparencia y menos discrecionalidad de los incumbentes.

Sobre la suerte de Nicolás Maduro y su camarilla a RD no se le puede pedir más: ha cerrado filas sin ninguna vacilación con los países que han declarado ilegítimo el gobierno chavista y que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino.

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