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OPINIONES

La mejor ley . Por Julio Martínez Pozo

Guiada por principios que no deben obviarse en ningún enjuiciamiento objetivo, como son los de la pluralidad, separación de funciones, flexibilidad, participación, gradualidad y equilibrio financiero, la Ley 87-01, de Seguridad Social, es la mayor reivindicación socioeconómica que se ha materializado en República Dominicana, después de la desaparición de la tiranía trujillista.

Es cierto que de los tres modos financieros con los que cuenta, el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, el último aún no se aplica, como tampoco se ha creado la atención primaria, que son claves para el equilibrio financiero, pero a pesar de esas lagunas el país que conoceremos hoy en materia de servicios de salud y de garantías de una pensión de retiro o sobrevivencia, es muy distinto al que teníamos.

Independientemente de que hay una agencia oficial de defensa de los derechos de los afiliados, que es la DIDA, en cada unidad productiva de este país debería educarse sobre esos derechos, dejando claros los deberes, para que no haya un solo trabajador o empleado que no sepa qué es exactamente lo que el sistema les garantiza, y a que obliga al empleado y al empleador.

Que hayan entidades con roles de intermediación, que alcancen rentabilidad con sus funciones no puede enforcarse como algo negativo, si eso es garantía de eficiencia y de mayor beneficio para los afiliados. No es lo mismo un médico o una clínica facturando servicios, sin otro interlocuctor que obligue al cumplimiento de ciertos protocolos a la hora de brindarlos para garantizar que se hayan ofrecido, y que correspondan a los que obliga el catálogo.

El sistema público de salud, por más inversiones que se hace en el, es deficiente porque carece de guardianes de su racionalidad financiera.

La locura de una sociedad sin intermediación es sencillamente el mundo del caos, que no tiene ningún modelo que no conduzca al fracaso. Llama la atención que la existencia de unos fondos de pensiones, que son una de las grandes virtudes de la economía dominicana, a la que les aportan una envidiable liquidez, se quiera proyectar como un factor negativo, al que se aprovecha cualquier oportunidad para bombardear, con razón o sin ella.

Es lo que ha ocurrido, con la campaña de que a más de diez mil familiares de fallecidos se les ha negado la pensión de sobrevivencia, dato que la Superintendencia de Pensiones, sostiene que es apócrifo y que carece de sustento.

No niega rezago en esa materia, y conjunto con la Junta Central Electoral, ha acordado el mecanismo para disponer de la información de defunción, y notificar a las administradoras de pensiones, para que se contacten con los familiares, que cumplan con las previsiones del artículo 51 de la Ley 87-01, que otorga ese derecho a la o el cónyuge, hijos menores de 18 años, que pudieran estar cubiertos hasta los 21 si son estudiantes; o permanente si son discapacitados.

El que no esté en lo que pauta ese artículo, podrá ser un heredero, pero no un beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Y para sus reclamos tiene que agotar un procedimiento distinto al pautado en la Ley de Seguridad Social.

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Orlando Jorge Mera

Obstruir el tránsito, ¿permitido a los conchos?. Por Katheryn Luna

Obstruir el tránsito es una de las infracciones por la cual a cualquier ciudadano le imponen una multa, siempre y cuando no sea un chofer de carro público.

Es habitual ver cómo un conductor de ´concho´ estaciona el vehículo donde quiera, como quiera y sin presión alguna del taponamiento que provoca su accionar.

Obstruir el tránsito y hacer paradas en cualquier esquina es un pan de cada día que al parecer no está a la vista de las autoridades, las mismas que son capaces de aplicar la ley otros, por esa infracción y por otras que se comenten a diario.

Que conste, que no estoy diciendo que no debe aplicarse la ley al resto de los conductores, sino, que los conductores del transporte público que también circulan sin cinturón de seguridad, sin luces direccionales, y sin hablar del mal estado de los vehículos, no pueden estar exentos de la ley.

¿No tratamos de mejorar el transporte público y el tránsito? Esto es parte del orden. Consciente estoy que únicamente con multas no se soluciona el caos que no solo envuelve a los transportistas, que mejorar la conducta y educación de los conductores en general no es cosa de un día y mucho menos poder contar con un transporte seguro y adecuado es tarea fácil.

Como alguien me dijo: no nos podemos cansar de decir las cosas como son, algún día será diferente.

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Martinez Moya

Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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ENCUESTA LIBRE

¿Esta el país preparado para el voto automatizado?

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