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INTERNACIONALES

Nuevo golpe al 3%: la Guardia Civil desactiva un cártel de empresas corruptas

La Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este martes un nuevo dispositivo contra la trama corrupta del 3% de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya(CDC), actual PDeCAT. La operación, que ha recibido el nombre de Colisorium, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y se centra en un cártel de empresas que habría amañado durante años decenas de adjudicaciones de organismos públicos dependientes de la Generalitat, pactando previamente en secreto las condiciones en las que iban a concurrir a esas licitaciones. De ese modo, se aseguraban márgenes de beneficio muy superiores a los habituales, en detrimento de las arcas públicas y de la libre competencia, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas.

Entre los implicados se encuentra el departamento infraestructures.cat de la Generalitat, así como la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) y las mercantiles GPO Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA, Ayesa Ingeniería y Arquitectura SA, Dopec SL. La Guardia Civil está registrando en estos momentos las sedes de estas instituciones y empresas en Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sevilla. También ha hecho un requerimiento de información a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que ya hizo una investigación sobre este colectivo de sociedades.

Las pesquisas del Instituto Armado, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, habrían permitido descubrir un presunto pacto colusorio de las empresas implicadas para repartirse decenas de licitaciones de empresas públicas de la Generalitat. La pista clave que ha conducido a este operativo fue localizada en el registro de infraestructures.cat durante la operación Petrum III en octubre de 2015. Los investigadores localizaron un correo electrónico remitido desde una cuenta abierta a nombre de un personaje ficticio, Nuria Bofill, que desvelaba la existencia de un sistema para alterar la baremación de los concursos públicos de instituciones controladas por Convergència. El método consistía en inflar la puntuación del apartado técnico, de carácter subjetivo, con respecto al capítulo económico, fundamentalmente objetivo.

Un agente de la Guardia Civil en la puerta de la sede de Ayesa Ingeniería en Sevilla. (EFE)
Un agente de la Guardia Civil en la puerta de la sede de Ayesa Ingeniería en Sevilla. (EFE)

La cuenta de correo administrada por la supuesta Nuria Bofill, como adelantó ‘El Español’ en julio de 2017, resultó ser el medio de comunicación utilizado por el cártel para coordinarse. Fijaba las condiciones en las que debía concurrir a los concursos cada una de las compañías implicadas para asegurarse de que las adjudicaciones se producían por un importe muy superior al que habría resultado si los procesos se hubieran celebrado en una situación de libre competencia. Las mercantiles ajenas a este círculo quedaban sistemáticamente excluidas de los contratos adjudicados en Cataluña.

Los investigadores apuntan que este método habría estado funcionando con el conocimiento de altos cargos del Govern de Artur Mas y de Converència, que habrían participado en el reparto de los beneficios extra que generaba artificialmente el pacto colusorio. En concreto, las averiguaciones han permitido descubrir reuniones del cártel con el exconsejero de Justicia Germà Gordó(2012-2016) y el extesorero de Convergència Andreu Viloca, ambos imputados ya en el caso del 3%.

El exconsejero de Justicia Germà Gordó, imputado en el caso del 3%. (EFE)
El exconsejero de Justicia Germà Gordó, imputado en el caso del 3%. (EFE)

Las irregularidades afectarían a licitaciones de Gestión de Infraestructuras y su sucesora, Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, durante la época en que sus máximos responsables eran los cargos de Convergència Joan Lluís Quer, fugado a Chile, y Josep Antoni Rosell. También habrían participado en la trama los entes públicos Riegos de Cataluña SA (Regsa), Aigües Ter Llobregat (ATLL), Agencia Catalana del Agua, Consorcio de Aguas de Tarragona y Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa), esta última dependiente del ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Un millón en donaciones ilegales a CDC

El origen de este nuevo operativo contra la corrupción en Cataluña se remonta a 2013, cuando el Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) abrió un procedimiento por unas supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, de Convergència. En los meses siguientes se descubrió que su partido había aplicado durante años un sistema para amañar centenares de adjudicaciones públicas a cambio de donaciones opacas. El dinero entraba presuntamente en la caja B de Convergència a través de sus fundaciones, CatDem, Forum Barcelona y Nous Catalans.

El pasado febrero, el caso fue asumido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras detectarse movimientos de fondos en el extranjero. En uno de los últimos autos del juez que dirige la investigación, José de la Mata, se acusa ya al PDeCAT de ser heredero directo de Convergència y se concluye que la presunta organización criminal habría manipulado licitaciones entre 2008 y 2014 por importe de 175 millones de euros a cambio de aportaciones ilegales al partido que sumarían un millón. No obstante, la cifra es provisional.

“Esta operativa, lejos de corresponderse con una iniciativa autónoma e independiente de determinadas personas físicas en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad en el partido, se correspondería con un sistema normalizado de financiación que se habría sostenido en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados”, sostiene De la Mata.

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INTERNACIONALES

Michael Avenatti es acusado de fraude y extorsión

El abatido abogado Michael Avenatti fue acusado el miércoles por los fiscales federales de Nueva York de estafar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, el cliente que impulsó a Avenatti a la atención nacional.

Avenatti, de 48 años, enfrenta un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad con agravantes. Se enfrenta a hasta 22 años de prisión si es declarado culpable de esos cargos.

Según los fiscales, Avenatti robó “una parte importante” de un anticipo que se suponía que Daniels recibiría de un contrato de libros mediante el envío de una carta documentada con la firma de Daniels a su agente literario que le ordenó a este que desviara el dinero a una cuenta controlada por Avenatti . Luego, el abogado gastó el dinero: $ 148,750 – “en pasajes aéreos, hoteles, servicios de automóviles, restaurantes y entrega de comidas, minoristas en línea, nóminas para su firma de abogados y otro negocio que posee, y seguros”.

La acusación dice que después de que Daniels le preguntó a Avenatti por qué ella no había recibido el dinero, Avenatti afirmó falsamente que aún estaba tratando de extraer el pago del editor. Semanas más tarde, el abogado supuestamente “usó fondos recientemente recibidos de otra fuente” para pagar a Daniels el dinero que se le debía.

“Michael Avenatti abusó y violó el deber central de un abogado: el deber de su cliente”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, en un comunicado. “Como se dijo, usó su posición de confianza para robar un avance en el contrato de libros del cliente. Como se dijo, mintió descaradamente y le robó a su cliente para mantener su extravagante estilo de vida, incluso para pagar, entre otras cosas, un automóvil mensual pago en un Ferrari. Lejos de representar a su cliente con celo, Avenatti, como se afirma, se dedica a un engaño y un robo absolutos, victimiza en lugar de abogar por su cliente “.

En una declaración enviada por correo electrónico a Fox News, Avenatti dijo: “Espero con interés que un jurado escuche todas las pruebas y emita un juicio sobre mi conducta. En ningún momento se malversó ni mal manejo ningún dinero. Una vez recibidos los correos electrónicos relevantes, Se presentan contratos, mensajes de texto y documentos. “

Avenatti también twitteó una defensa de su conducta hacia Daniels, escribiendo: “Ningún dinero relacionado con la Sra. Daniels nunca fue malversado o mal manejado. Ella recibió millones de dólares en servicios legales y gastamos grandes sumas en gastos. Ella pagó directamente solo $ 100.00 por todo lo que recibió. Espero que un jurado escuche las pruebas “.

Avenatti alcanzó la fama de representar a Daniels cuando ella presentó una demanda para ser liberada de un acuerdo de no divulgación que involucra una supuesta cita con el presidente Donald Trump.

Los federales dicen que desvió fraudulentamente el dinero que se le debía al cliente en una transacción con libros a una cuenta que controlaba.

Según los fiscales, lo hizo enviando una carta fraudulenta que pretendía contener la firma de su cliente al agente literario de Stormy. Según la queja … Stormy no sabía que la carta existía y mucho menos firmarla.

Supuestamente usó el dinero de esa cuenta para financiar pasajes aéreos, hoteles, restaurantes, entregas de comidas y cumplir con la nómina para sus negocios. En total, supuestamente desvió alrededor de $ 300k … y aunque le envió alrededor de la mitad de eso, los fiscales dicen que no le ha pagado el saldo restante.

Avenatti negó los cargos y tuiteó: “En ningún momento se malversó o maltrató ningún dinero”. Si es declarado culpable de los nuevos cargos, Avenatti enfrenta hasta 20 años por el cargo de fraude electrónico y un plazo obligatorio de 2 años en el cargo de robo de identidad agravado.

Además, Avenatti también está en el punto de mira de los federales por supuestamente intentar extorsionar a Nike por más de $ 20 millones.

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INTERNACIONALES

El exjefe negociador de las FARC: “Fue un grave error haber entregado las armas”

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, ha ahondado este lunes la crisis política e institucional en torno a la frágil implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En paradero desconocido desde agosto del año pasado, ha lanzado una carga de profundidad al asegurar en una carta divulgada a través de su cuenta de Twitter que el paso más trascendental de ese proceso, el desarme para convertirse en un partido político, fue un “grave error”, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo pactado.

La incendiaria misiva con la que reaparece Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– se origina en el caso de Jesús Santrich, el excomandante guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos. Santrich fue recapturado el viernes en la propia puerta de la cárcel, bajo nuevos cargos de la justicia ordinaria relacionados con narcotráfico, cuando se disponía a salir en libertad tras un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de haberse cortado los brazos en prisión, Santrich fue trasladado la madrugada del sábado a una clínica en medio de versiones contradictorias sobre su estado de salud. La decisión del tribunal de paz ha provocado hasta ahora las renuncias del fiscal general, la vicefiscal y la ministra de Justicia, mientras el presidente Iván Duque ha respaldado la decisión de la procuraduría de apelar el fallo.

“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich-, puede ser legal”, se lamenta Márquez en la misiva, haciendo eco de las sospechas de miembros de las FARC de que en la cárcel sedaron a Santrich antes de su fugaz salida, y esa fue la razón de su ingreso a cuidados intensivos. Márquez le pide al presidente Duque –un crítico de los diálogos– que “no dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz”.

En el pasaje más preocupante, atribuyéndose la vocería de los comandantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, “impactados por la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, Márquez se dirige directamente a los miles de excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”. Son reclamos que el exjefe negociador de la insurgencia ha hecho en el pasado, pero ahora aterrizan en el momento más delicado desde que Duque asumió el poder el pasado agosto.

La antigua guerrilla ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el paradero desconocido de Márquez y otros líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores, avivados por el rocambolesco caso Santrich, apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones.

Mientras Duque ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, especialmente en lo relativo a la extradición, su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha enfatizado el compromiso “inquebrantable” del Gobierno para acompañar, apoyar y proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación. La JEP ya decidió reactivar la orden de captura contra otro excomandante que abandonó sus responsabilidades con la reincorporación, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa.

La carta de Márquez contrasta con la respuesta de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, que ratificó el fin de semana su compromiso con lo pactado en otra carta enviada a sus militantes. “Nos encontramos en un momento en el que no podemos flaquear. Nos corresponde, más que nunca, fortalecer la unidad de nuestro partido como garante de la implementación de lo acordado”, declaró Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido.

A pesar de su alejamiento del partido, Márquez es un líder emblemático. No solo negoció con el Gobierno, llegó a ser la figura pública más relevante de las FARC junto con Timochenko, y el número dos de la organización. Sin embargo, renunció a su escaño como senador y se internó en el ETCR de Miravalle, en el Caquetá, tras la captura de Santrich hace poco más de un año. Desde agosto no se conoce su paradero. Su sobrino, Marlon Marín, es el informante clave de la DEA en el caso por narcotráfico, aunque la fiscalía colombiana ha dicho que no tiene una orden de captura en contra del exjefe negociador. La incertidumbre sobre el futuro de la paz se acrecienta.

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