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OPINIONES

El día que la Iglesia Católica denunció la represión Trujillista

El 31 de enero de 1960, por una disposición de la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue leída en todas las iglesias católicas la Carta Pastoral que habían emitido los obispos el día 25 de enero de ese año.

El documento constituye una reacción muy cuidada de la Iglesia Católica contra la represión que había desatado la dictadura de Trujillo en contra de los miembros de la Agrupación 14 de Junio, liderada por el doctor Manuel Aurelio (Manolo) Tavarez Justo.

En la Carta Pastoral los obispos expresaron:

“Asumiendo la obligación pastoral de cuidar el espiritual rebaño, confiado por la Bondad Divina a nuestra solicitud, no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos. Por ello, expresamos nuestra paternal simpatía, nuestro profundo pesar y nuestro común sentimiento de dolor ya que es una obra de misericordia “consolar al triste” haciendo propia la frase del apóstol San Pablo: “Llorar con los que lloran”, del libro de Romanos capítulo 12 versículo 15.

Los obispos auguraron: “En medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia que, por encima de las humanas pasiones, Ella hará resplandecer la caridad y la clemencia”.

En el momento que la dictadura de Trujillo acrecentó la represión contra los miembros o sospechosos de pertenecer al 14 de Junio, el mensaje de la Iglesia Católica se interpretó como una nota de rechazo a las acciones del régimen.

La Carta Pastoral la firmaron el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pitini, Monseñor Octavio A. Beras, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo; Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Obispo de Santiago de los Caballeros; Monseñor Francisco Panal, Obispo de La Vega Real, Monseñor Juan Félix Pepen, Obispo de La Altagracia y Monseñor Tomás F. Reilly, Obispo Titular de Testimonio Prelado “Nullius” de San Juan de la Maguana.

En la carta pastoral los obispos también informaron a la Nación que enviaron una carta a la más Alta Autoridad del país, para que, en un plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y devuelta la paz a tantos hogares”.

En opinión del sacerdote jesuita Antonio Lluberes: “La logística de redacción y distribución de la carta fue un virtuosismo de sigilo, que no pudo ser detectado ni por los servicios de inteligencia, ni por los miembros del clero amigos del régimen.

“El Episcopado hizo una sutil distinción en el clero e incluso evitó que el documento llegase a manos de los sacerdotes sospechosos de trujillismo. Esa primera carta usaba un lenguaje aséptico pero estridente para aquellos años de oscurantismo.

“Los obispos repetían los más elementales derechos humanos y aludían a las circunstancias delicadas que se vivían en el país”.

En ese momento los agentes del Servicio de Inteligencia Militar llevaban a cabo una campaña de represión en la República Dominicana, contra los sindicados como desafectos del régimen dictatorial o miembros de la Agrupación 14 de Junio.

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Orlando Jorge Mera

Obstruir el tránsito, ¿permitido a los conchos?. Por Katheryn Luna

Obstruir el tránsito es una de las infracciones por la cual a cualquier ciudadano le imponen una multa, siempre y cuando no sea un chofer de carro público.

Es habitual ver cómo un conductor de ´concho´ estaciona el vehículo donde quiera, como quiera y sin presión alguna del taponamiento que provoca su accionar.

Obstruir el tránsito y hacer paradas en cualquier esquina es un pan de cada día que al parecer no está a la vista de las autoridades, las mismas que son capaces de aplicar la ley otros, por esa infracción y por otras que se comenten a diario.

Que conste, que no estoy diciendo que no debe aplicarse la ley al resto de los conductores, sino, que los conductores del transporte público que también circulan sin cinturón de seguridad, sin luces direccionales, y sin hablar del mal estado de los vehículos, no pueden estar exentos de la ley.

¿No tratamos de mejorar el transporte público y el tránsito? Esto es parte del orden. Consciente estoy que únicamente con multas no se soluciona el caos que no solo envuelve a los transportistas, que mejorar la conducta y educación de los conductores en general no es cosa de un día y mucho menos poder contar con un transporte seguro y adecuado es tarea fácil.

Como alguien me dijo: no nos podemos cansar de decir las cosas como son, algún día será diferente.

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Martinez Moya

Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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¿Esta el país preparado para el voto automatizado?

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