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Familiares se quejan por supuesto maltrato contra mujer que mató a Cristina García

El abogado y los familiares de la mujer acusada de matar de varias estocadas a una española el pasado viernes en el sector Esperilla del Distrito Nacional denunciaron este lunes que a su pariente se le violaron sus derechos y fue maltratada físicamente.

El jurista Palermo Medina Falcón, primo de Fatin Leonarda Falcón Alvino, alias Dalida, de 34 años, imputada por la muerte de Cristina García, de 49 años, y quien dijo ser su defensor legal, indicó que al momento de conocerle la medida de coerción se le asignó un defensor público sin el consentimiento de ésta.

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Explicó que Falcón Alvino afirmó durante la audiencia que no quería ser representada por un abogado de oficio, ya que tiene uno privado, sin embargo se le conoció al audiencia donde la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Octavia Fernández, le impuso tres meses de prisión preventiva a cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres.

“Ella anunció de que no quería que la defendiera, porque ella tiene su abogado que soy yo, y subimos a la Oficina de Atención Permanente y ciertamente en el acta, en el expediente se hace consignar de que ella le expresa a la secretaría que ella tiene su abogado, pero no obstante de eso, cuando está al lado del defensor público le dice, yo quiero mi abogado, mi abogado es Palermo Medina, se lo reiteró en viarias ocasiones”, expresó.

Asimismo Medina Falcón sostuvo que a la imputada fue maltratada físicamente cuando era trasladada desde Baní, donde dijo que se entregó voluntariamente.

“Ha sido maltratada, le dieron golpes… ella me ha dicho, primo me han torturado, he dicho cosas que realmente, pero han sido el producto de los maltratos de los golpes que me han dado”, aseguró.

Dijo que el Ministerio Público ha actuado de forma irresponsable y han sido unos “ineptos” y que además la imputada no estuvo asistida por un abogado al momento de ser interrogada.

Mientras que la madre de Falcón Alvino, Fautin Alvino Cuevas, aseguró que su hija no podría cometer un crimen como el que se le imputa.

“Mi hija no da para eso”, acotó al ser abordada por los periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

De su lado, el exbanquero Luis Álvarez Renta, cuñado de la occisa, durante una rueda de prensa, afirmó que el crimen no tuvo nada que ver con la familia y que están sorprendidos del hecho, ya que Falcón Alvino y García se llevaban bien.

“Esto fue un crimen doméstico no tuvo nada que ver con la familia, no tuvo nada que ver con ninguno de nosotros ni con su familia directa, una cosa muy desafortunada, un crimen de una señora que trabaja con ella, hasta donde nosotros entendemos se llevan bien”, indicó.

Asimismo dijo que el día del suceso, el hijastro de la occisa había llegado del país y que Falcón Alvino preparó la comida, la sirvió y se fue más temprano como era de costumbre los viernes.

“Ese día llegó el joven, la señora que mató a Cristina le preparó la comida a todos, les sirvió la comida, ella se iba temprano porque nosotros tenemos al costumbre de que los viernes temprano le permitimos a todo nuestro personal que se vallan para que disfruten su fin de semana, ella se fue temprano, entonces regresó, de acuerdo lo que condesó y ahí se cometió el crimen”, apuntó Álvarez Renta.

Añadió que el esposo de a imputada, el prófugo Juan Gabriel Germán Cabrera, alias La Gaviota, de 24 años a quien se le acusa de ser cómplice, no acostumbraba a ir al apartamento de García, pero había ido en pocas ocasiones.

Ayer, Rosalba Ramos, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, dijo, que de acuerdo a las investigaciones, Falcón Alvino gozaba de la confianza de la familia pues tenía un año trabajando para ellos y planificó, en conjunto con su pareja, robarse el referido monto de dinero.

Para ello Germán Cabrera, alias La Gaviota se haría pasar como mensajero para llevarse el dinero y algunas prendas, ya que Falcón Alvino, no podía sacar nada de la torre de apartamentos por política del mismo.

La magistrada dijo que el plan consistía en que Falcón Alvino iba a poner todo en un lugar, donde Germán Cabrera se iba a ser pasar por mensajero e iba a recoger el dinero para que en las cámaras de seguridad no se captara nada, sin embargo, la torre cuenta con buena seguridad y al no permitirse que el Germán Cabrera tuviera acceso a la vivienda, la empleada doméstica se devolvió.

Afirmó que es ahí cuando la occisa se dio cuenta de que el dinero, un chuchillo y un abrigo de su esposo estaban en la parte de afuera del apartamento y al subir, le reclamaba a Falcón Alvino y ésta le da muerte con múltiples estocadas.

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Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por faltas disciplinarias graves

SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial destituyó a tres jueces que cometieron faltas graves, dos de ellos por pactar con personas vinculadas a un caso de narcotráfico y uno por actuar con parcialidad a favor de los demandantes en un proceso contra la distribuidora de electricidad Edesur.

Los destituidos por ser declarados disciplinariamente responsables de comportamientos alejados de sus deberes son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Además, Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

La decisión con respecto a Pérez García y Díaz responde a la investigación abierta en 2017 en relación con la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos.

La acusación indicaba que Pérez García, entonces presidente de la corte, sostuvo reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado de la decisión que se iba a adoptar y que ese intermediario sostuvo diversos encuentros con uno de los imputados, interacción en la que hubo acuerdos e inclusive entrega de suma de dinero.

El expediente disciplinario indica que Díaz realizó contacto con personas allegadas al proceso y a las partes a fin de producir un voto disidente en torno a favorecer la libertad de los imputados, acción por la que se aprovechó de determinadas partidas económicas.

La sanción establece que los investigados violaron el principio de legalidad, establecido en la Ley de Organización Judicial, 821, y sus modificaciones, y en el artículo 66, numerales 7 y 14, de la Ley 327, sobre Carrera Judicial.

También, los principios de objetividad y equidad, imparcialidad administrativa y judicial, prudencia, responsabilidad y transparencia del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

En cambio, De Aza Batista fue hallado responsable por parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, por tirar una línea de cables por terrenos de los demandantes, cuya propiedad se pretendió probar con documentos firmados por un estudiante que fingió ser agrimensor.

El Consejo determinó que durante el conocimiento del caso, el disciplinado mantuvo contactos tanto con el abogado de las partes, así como con el representante de todos los demandantes y testigo principal, con unas 30 llamadas registradas.

En su Resolución Disciplinaria 004-2020 el consejo halló al juez responsable de violentar los artículos 41, 1, 3, 60, 61 y 66 numeral 2 de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial, y los artículos 147 numerales 1, 14, 15 y 18, y 149 numeral 2 de su Reglamento de Aplicación, así como el principio de imparcialidad.

En ese caso, también declara no responsables disciplinariamente a los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loyda de la Rosa, quienes conocieron la demanda en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana; no obstante los remite por ante el Comité de Comportamiento Ético, por haber emitido opiniones “que no son propias de un juzgador”, en torno a la acusación de que había hecho Edesur al juez de primera instancia.

Caso Rizik

La Inspectoría General del Poder Judicial inicio una investigación en marzo del 2017, contra los tres jueces que emitieron una sentencia mediante la cual se anula una condena de diez y cinco años impuesta contra el empresario Winston Rizik y su hermano Nelson Rizik Delgado, acusados de narcotráfico, lavado de activos y de tráfico de armas.

Se trata de los magistrados de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Saulo Ysabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García y Rosaly Yovianka Stefani Brito, quienes dejaron sin efecto la condena del Primer Tribunal Colegiado de Monte Plata. Mientras, que la jueza Stefani Brito tras la investigación fue sacada del expediente.

Debido a esta decisión, se apodero al Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo para que conocieran otra vez el proceso y sentenciado al empresario y a su hermano.

En esa ocasión, el Consejo del Poder Judicial dispuso una investigación contra Díaz, Pérez García y Brito luego de que la Embajada de Estados Unidos decidiera despojarlos del visado por el fallo que favorece a Rizik.

El empresario cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega, tras ser condenado a diez años en mayo de 2016.

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Arrestan expresidente de ecuatoriano Abdalá Bucaram por delincuencia organizada

El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido el miércoles en su casa en Guayaquil por el supuesto delito de delincuencia organizada vinculado con la compra de insumos médicos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó en su cuenta de Twitter que “la madrugada de hoy la policía ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortiz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”.

Por su parte, la Fiscalía aclaró en la misma red social que a los apresados “se los investiga por presunta delincuencia organizada”.

Bucaram, arrestado el 3 de junio por otros delitos y luego puesto en libertad, estaba siendo trasladado a una cárcel en Quito, pero debido a un quebranto en su salud tuvo que ser internado en un hospital de Guayaquil. El exmandatario padece enfermedades cardíacas que lo han obligado a operarse varias veces.

Al expresidente (1996-1997), de 68 años, y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.

Ecuador ha reportado hasta el miércoles 95.563 casos del nuevo coronavirus y 5.951 fallecidos.

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