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OPINIONES

La ley eliminó arrastre de senadores. Por Eddy Olivares Ortega

Los primeros efectos causados por la aprobación precipitada de la Ley Orgánica del Régimen Electoral han aflorado, para sorpresa de todos, en perjuicio del propio Partido de la Liberación Dominicana.

Se trata de una de las disposiciones que los responsables de la aprobación de la referida ley habían dado por un hecho que se había aprobado conforme a la voluntad del presidente Danilo Medina y la cúpula del partido de gobierno: el arrastre de los diputados a los senadores.

Sin embargo, no fue así, en la prisa, que como se sabe es mala consejera, los legisladores no se percataron de que, en relación con el tema, sometieron a votación el texto original del proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral que había sido sometido por la Junta Central Electoral, el cual eliminaba el arrastre, al disponer la creación de niveles de elección separados para los senadores y los diputados.

El mecanismo de arrastre de los diputados a los senadores, que por cierto solo se aplica en la República Dominicana, constituye una de las más vergonzosas aberraciones del Sistema Electoral Dominicano, la cual el Partido de la Liberación Dominicana pretende mantener, a pesar de ser contraria al artículo 77 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente: “La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley”.

La razón por la que el hegemónico partido de gobierno presionará hasta las últimas consecuencias para mantener el arrastre de los diputados a los senadores está fundamentada en que los senadores sufren un mayor desgastes que los diputados y que la compra de los votos por parte de los diputados resulta más efectiva y económica que si la hicieran los senadores.

Pero ya es tarde, sin darse cuenta los legisladores aprobaron el artículo 92, sobre las elecciones, agregándole a los niveles presidencial y municipal, el nivel senatorial y el nivel de diputaciones, por separado, en lugar del nivel congresual. Una interesante novedad de la Ley No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, que deja claramente establecida la separación del voto del senador del voto del diputado.

Como para despejar cualquier duda, la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral establece en su artículo 267, la utilización de la Ley 157-13, sobre Voto Preferencial, para la asignación de los escaños correspondientes a los representantes electos para la Cámara de Diputados, Concejos de Regidores y Juntas de Vocales. Nada que ver con los senadores, a pesar de que esta ley fue la que consagró el arrastre de los diputados a los senadores, al disponer que cuando el elector decidía marcar al candidato a diputado favorecía al candidato a senador del mismo partido.

En ese sentido, la aberración que bien pudo corregir el Tribunal Constitucional, la ha corregido, oportunamente, sin que fuera su intención, el propio legislador, al disponer, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, un nivel de elección para los senadores.

Mientras tanto, está fuera de discusión que a partir de las próximas elecciones, si se aplica correctamente el derecho, los senadores, para ser elegidos, tendrán que contar con el apoyo directo de los electores del Distrito Nacional y las provincias.

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Orlando Jorge Mera

Obstruir el tránsito, ¿permitido a los conchos?. Por Katheryn Luna

Obstruir el tránsito es una de las infracciones por la cual a cualquier ciudadano le imponen una multa, siempre y cuando no sea un chofer de carro público.

Es habitual ver cómo un conductor de ´concho´ estaciona el vehículo donde quiera, como quiera y sin presión alguna del taponamiento que provoca su accionar.

Obstruir el tránsito y hacer paradas en cualquier esquina es un pan de cada día que al parecer no está a la vista de las autoridades, las mismas que son capaces de aplicar la ley otros, por esa infracción y por otras que se comenten a diario.

Que conste, que no estoy diciendo que no debe aplicarse la ley al resto de los conductores, sino, que los conductores del transporte público que también circulan sin cinturón de seguridad, sin luces direccionales, y sin hablar del mal estado de los vehículos, no pueden estar exentos de la ley.

¿No tratamos de mejorar el transporte público y el tránsito? Esto es parte del orden. Consciente estoy que únicamente con multas no se soluciona el caos que no solo envuelve a los transportistas, que mejorar la conducta y educación de los conductores en general no es cosa de un día y mucho menos poder contar con un transporte seguro y adecuado es tarea fácil.

Como alguien me dijo: no nos podemos cansar de decir las cosas como son, algún día será diferente.

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Martinez Moya

Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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ENCUESTA LIBRE

¿Esta el país preparado para el voto automatizado?

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