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Martinez Moya

Desquicio en el TSE . Por Julio Martínez Pozo

La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral: “Artículo 3.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución”.

Apoderado de un recurso en el que miembros del Partido Revolucionario Dominicano procuraban la nulidad de la convención realizada para escoger las autoridades del partido y la modificación estatuaria,el Tribunal Superior Electoral da ganancia de causa a la parte recurrente, incurriendo en una vulneración al derecho de defensa contraria al mandato constitucional, que fue verificada por el Tribunal Constitucional, que se pronunció anulando la decisión del TSE por atropellar derechos fundamentales.

El punto de la controversia actual es que al volver a conocer la decisión anulada, el Tribunal Superior Electoral, en votación tres a dos, ignora los aspectos que la decisión del Tribunal Constitucional ordena observar, ratificando su primera sentencia, sin reparar en el mandato del artículo 184 de la Constitución de la Republica que establece sobre el Tribunal Constitucional que “sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Ante ese hecho, el presidente del senado de la República, que tiene a su cargo conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y el Consejo de la Magistratura, ha pedido a la cámara baja, indagar si hay méritos para un juicio político, que además de la sustentación jurídica necesita el aval político de dos terceras partes de la matrícula de diputados.

La más reciente experiencia se registró con dos miembros de la Junta Central Electoral anterior, Eddy Olivares y José Angel Aquino, cuya petición de juicio no se materializó porque fue descartado en las Cámara de Diputados.

La dirección del PRD ejerció su defensa ante el punto por el que se le acusaba, ilegitimidad en la convocatoria a convención, pero le sorprendieron reteniéndole la falla por otro, falta de quórum, tema del que no se defendió porque no formaba parte de la controversia, razón por la que el fallo violenta el debido proceso.

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats escribió en Twitter “Tengo más de 10 años litigando en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral defendiendo a @miprd y @MiguelVargasM, ganando y perdiendo. Pero nunca, nunca había visto una aberración como la última decisión del TSE en contra del PRD”

¿Qué explica el desquicio que evidencia esa decisión?

Encono frente al gobierno, reflejado frente a un alto funcionario, aliado del partido oficial y del presidente Danilo Medina, que se negó a elevar a 1,200 millones el presupuesto del TSE, dejándolo en 600.

Encono con el Tribunal Constitucional que ha adoptado varias medidas que reducen el ámbito del TSE a lo estrictamente contencioso, determinando, por ejemplo que los reclamos sobre asignación de fondos sean tema del Tribunal Superior Administrativo, lo concerniente a reconocimiento que sean de la JCE, y todas los conflictos administrativos no contenciosos vayan al TSE.

Esas decisiones van dejando al TSE, en lo que estaba previsto en el borrador de la reforma constitucional del 2010, una sala activada en tiempos de campaña para los temas contenciosos, contrario a lo que busca su actual incumbente: otra JCE paralela con un costo insostenible.

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Martinez Moya

Alejandro Abreu: La trayectoria pública de Miguel Vargas, el relato no contado

En su primer momento público estelar, sin solución prefirió renunciar.

La trayectoria pública de 36 años de Miguel Vargas se inicia en 1982, al ser nombrado por el presidente Salvador Jorge Blanco Director General de la “Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo”. Su primer momento estelar fue la promoción del proyecto de construcción de la “Presa de Madrigal”, que buscaba una solución sostenible a la disposición de este líquido vital para el Gran Santo Domingo.

Venía de realizar en la década del 1970: una labor profesional destacada en la “Compañía Dominicana de Teléfonos” como gerente en su departamento de ingeniería, del inicio de sus exitosas iniciativas empresariales privadas, y de la participación en el Partido Revolucionario Dominicano, de la mano de Fulgencio Espinal.

La realización del proyecto Madrigal fue obstaculizado debido a la división al interior del partido de gobierno, entre las tendencias de los ex presidentes Jacobo Majluta y Jorge Blanco; a pesar de este contar con el visto bueno para ser financiado de manera favorable para el país, por parte de un organismo financiero internacional, diligenciado por el gobierno y Miguel Vargas en su condición de director general de la CAASD.

Más de tres décadas después de la iniciativa para construir la presa en el rio Madrigal afluente del rio Haina, especialistas del área de la ingeniería hidráulica, continúan reconociendo que este era el mejor proyecto y el de menos costos para garantizar la disponibilidad de agua en la zona urbana más importante, y de mayor demanda. Esta oportunidad se perdió por la falta de entendimiento al interior de los grupos de poder de la época.

El primer momento estelar de Miguel Vargas en la vida pública fue limitado por intereses y agentes extraños a él, a sus intenciones y acciones. Por tal causa renunció al cumplir dos años en su primera función pública, el 16 de agosto del 1984.

Sin la solución de la Presa de Madrigal, prefería no ser Director de la CAASD y renunciar a los privilegios que supone ser funcionario público.

Consolidó sus iniciativas empresariales (sin tener cargos públicos) combinándola con un intenso trabajo político de servicio a José Francisco Peña Gómez.

Una vez fuera de los cargos públicos (1984/2000), se dedicó a sus iniciativas empresariales en proyectos de construcción de centros y plazas comerciales, torres de apartamentos y almacenes aduanales, proyectos turísticos y hoteleros; además de acompañar a Peña Gómez, junto a Hatuey Decamps en su respaldo político y financiero, desde la Comisión Económica del PRD.

Sin contar con la existencia del presupuesto público para el mantenimiento de los partidos, sustentó sistemáticamente las iniciativas del LIDER, así como los gastos administrativos y la nómina del PRD.

Fueron dieciséis años de desarrollo de inversiones en diversos campos, de confianza y apoyo al líder histórico de su partido; interrumpidos por sus aspiraciones a Acalde del Distrito Nacional en la convención del 1997, motivado por el propio Peña Gómez para equilibrar las fuerzas al interior del PRD, entre las tendencias del futuro presidente Hipólito Mejía y la del ex ministro y alcalde Fello Suberví. Estás serían las primeras elecciones municipales separadas, recién aprobadas por la reforma constitucional impulsada por el PRD en 1994.

Su segundo gran momento público, vino precisamente de la mano del LIDER HISTORICO del PRD.

En su segundo gran momento político, Miguel Vargas representó de manera directa los intereses y la visión del líder histórico de ese partido. Lo eligió por su hoja de servicio incondicional, fidelidad y la confianza ganada en años de apoyo permanente y consecuente.

Gracias a esta táctica política de lanzar la precandidatura de uno de sus colaboradores más cercanos, se produjo un equilibrio de fuerzas entre los tres principales aspirantes, Eligio Jaquez, Julio Mariñez y Miguel Vargas, incorporado a la competencia a última hora por el pedido expreso del Líder histórico del PRD.

Este tranque posibilita la última candidatura del Dr. Pena Gómez. Su presencia en la boleta electoral del 1998, contribuyó de manera decisiva a la gran victoria de su partido a nivel del Congreso y los Ayuntamientos que a su vez galvanizó el camino para la victoria presidencial del PRD en las elecciones de mayo del 2000.

Su eficaz servicio político a José Francisco Peña Gómez, y por vía de consecuencia a las victorias del PRD, en el 1998 y el 2000, lo catapultó al escenario político nacional de primer nivel.

Lo logrado, se lo ha ganado

por esfuerzo propio. Se mantendría en los próximos dieciocho años (2000-2018) como uno de los principales hombres públicos, y más exitosos funcionarios de nuestra historia republicana.

A partir del 1998 continuarían sus logros profesionales y políticos, fruto de su capacidad gerencial y su visión para ver lo que otros no alcanzan; ahora sin la presencia física de su líder José Francisco Peña Gómez, del cual fue día a día, su fiel escudero en el desarrollo de su intensa agenda, en los campos, ciudades del país, y en sus constantes viajes al exterior.

En sus primeros 23 años de vida pública (1977-2000) solo ocupó dos años un cargo oficial, una evidencia práctica y objetiva de que su patrimonio empresarial y familiar no está asociado a la administración de presupuesto público.

SNCOMUNICACIONESPRD

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Cumbre Mar-a-Lago. Por Julio Martínez Pozo

Dos días antes del encuentro en Mar-a-Lago del presidente Donald Trump con mandatarios caribeños, la secretaría de prensa del gobierno estadounidense emitió un escueto comunicado que adelantaba de forma precisa los objetivos de la convocatoria:

1-Importantizar la región y estrechar aún más los lazos de amistad, colaboración en seguridad e incremento de la inversión; 2-Contrapesar la influencia de China (o lo que Estados Unidos define como sus prácticas depredadoras); y, 3-Ampliar la presión sobre Venezuela para propiciar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.


A los planes de inversión en ese comunicado se le ubicaba un objetivo: sector energético.

Transcurrida la reunión, es claro que el presidente Donald Trump no se presentó a ella con las manos vacías, sino como el único presidente norteamericano con iniciativa económica para la región después de Donald Reagan, en 1984, con su plan de desarrollo e inversión para la cuenca del Caribe.

Ha declarado a los países convocados: Mancomunidad de la Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Haití y Santa Lucía, en “estatus prioritario” para los programas de inversión que Estados Unidos lleva a cabo a través del OPIC, su canalizador de aportes financieros para programa de desarrollo.

“Estados Unidos está junto a nuestros amigos caribeños y quiere avanzar en nuestros estrechos y antiguos lazos con la región, trabajando más estrechamente en prioridades como Venezuela y centrarnos en el crecimiento económico”, escribió el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en Twitter.


En los próximos 90 días delegaciones de alto nivel peregrinarán por la región identificando los nichos de inversión en los que se expresará la capitalización estadounidense, cosa que parece estar claramente visualizada en República Dominicana: las termoeléctricas de Punta Catalina, para las que el Estado dominicano anda en busca de socio estratégico.

Siendo RD por mucho la economía de mayor volúmen en todo el Caribe, es prácticamente la única con desarrollo económico para atesorar las grandes inversiones que conlleva la industria energética.

Estados Unidos ha estado más vinculado que nadie a todo el proceso de Punta Catalina, la empresa que preparó la licitación, la que ha fabricado la planta, la que suple el carbón y la que ayudará a establecer el valor de la empresa y la normativa para la incorporación de un asociado al Estado, todas made in USA.

El sector eléctrico también es atractivo para la inversión china, que ha expresado su intención de financiar la rehabilitación de las redes para evitar las grandes pérdidas que enfrenta el sector por concepto de energía que nadie aprovecha.

Aunque no se haya hecho mención pública de ese tema un punto concreto de interés de los Estados Unidos es la modificación de la ley dominicana de compra y contrataciones públicas, para que sus inversionistas pueden licitar en un terreno de mayor transparencia y menos discrecionalidad de los incumbentes.

Sobre la suerte de Nicolás Maduro y su camarilla a RD no se le puede pedir más: ha cerrado filas sin ninguna vacilación con los países que han declarado ilegítimo el gobierno chavista y que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino.

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