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David Collado exige RD$10 mil millones de pesos para enfrentar problemas urbanos en la capital

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, manifestó ayer que es necesaria la creación de una ley de capitalidad para la asignación de los recursos económicos según las necesidades de cada provincia, y al mismo tiempo para mejorar la eficacia de los mecanismos recepción de ingresos y la asignación del presupuesto anual al Distrito. Estimó que US$200,000,000 (unos RD$10 mil millones de pesos) es el presupuesto “más o menos”, equitativo para la ciudad de Santo Domingo de cara a resolver y enfrentar sus problemas urbanos. “Se tiene que buscar una solución y sobre todo se tiene que aprobar una ley de capitalidad, no para mi gestión, sino para todos, porque nunca sería propulsor de un traje a la medida para una administración que yo encabece en lo inmediato. Si usted va a Colombia tiene una ley de capitalidad mayor y eso es claro, las medidas que se toman macro en diferentes proyectos no pueden catalogar a la ciudad de Santo Domingo como igual de condiciones queDajabón. Santo Domingo es el centro económico, financiero y cultural. Demasiado hemos hecho”, expresó David Collado. Precisó también que el cabildo dispone de unos 75 millones de dólares anuales como presupuesto, del cual un 80% se destina para aseo urbano y nómina. Por lo cual indicó que es insuficiente y representa un desafío para cumplir con todas las demandas del centro comercial más grande del país como lo es el Distrito Nacional.

Durante la entrevista del almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, dirigida por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, junto a Héctor Linares, subdirector y Héctor Marte, jefe de redacción de apertura, David Collado, acompañando de Amín Abel, director de planeamiento urbano, y Jesús D’Alessandro, director del plan estratégico del ADN, aclaró que en el año 2018 le ahorraron a la ciudad 180 millones de pesos en recogida de residuos sólidos. Igualmente, el funcionario aclaró que la recogida de basura le deja un déficit de RD$1,000, 000,000 anual al Ayuntamiento del Distrito, cuando entiende que debería ser todo lo contrario, y citó a la ciudad de Medellín, Colombia, donde la recogida de desechos sólidos produce un excedente a la ciudad 10 millones de dólares. “Tomemos a consideración que el presupuesto de la ciudad de Santo Domingo anualmente es de 75 millones de dólares al año. La ciudad de San Juan, Puerto Rico, tiene un presupuesto de 1,000 millones de dólares, la ciudad de Guayaquil tiene un presupuesto de 1,200 millones de dólares.
Tenemos un presupuesto donde residen un millón doscientas mil personas y diariamente nos visitan un millón y medio de personas que comen, trabajan y generan desechos sólidos. Estamos hablando de dos millones y pico de personas en nuestra ciudad. También 315 mil vehículos tiene nuestra ciudad, 360 mil motores, una ciudad que ha crecido de manera desordenada con poca planificación y hoy podemos decir que somos el único municipio que tiene un certificado por la oficina de ordenamiento territorial del país. Por primera vez la ciudad de Santo Domingo tiene un plan de ordenamiento territorial”, señaló.

El alcalde de la ciudad primada de América reveló que gracias al plan de ordenamiento territorial que han desarrollado, han otorgado los permisos de uso de suelo que son solo necesarios de acuerdo a la zona donde son requeridos.

“El plan de ordenamiento territorial fue consultado con más de 286 instituciones en conjunto con la Embajada Norteamericana, el programa de las Naciones Unidas, el programaBloomberg, donde técnicos jóvenes han conversado con todos los gremios empresariales. Nuestra administración no ha otorgado ningún permiso fuera de las condiciones existentes. Lo importante es que nuestra ciudad se organice y la inversión extranjera venga”, apuntó.

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Prisión preventiva contra grupo por robo de armas y vehículos de fiscalía La Vega

La Vega.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de una empleada de la Fiscalía de esta demarcación y otros tres acusados de la sustracción de varios vehículos chatarras y armas de fuego que se encontraban en custodia de esa dependencia bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.
La medida de coerción es contra la coordinadora del personal administrativo de la Fiscalía de esta jurisdicción, Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como de Gilberto Manuel Burgos y de José Aníbal Abreu.
La petición del Ministerio Público fue acogida de manera completa por el tribunal, por lo que además de la prisión preventiva de 18 meses, el caso también fue declarado complejo.
A través de un comunicado de prensa se informó que por este caso también fue sometido a la justicia Wilson Rafael Vargas Rosa, cuya medida de coerción fue aplazada por dicho tribunal para este viernes 14 de agosto.
El Ministerio Público destacó que producto de la amplia y exhaustiva investigación llevada a cabo por este caso también fueron arrestados y sometidos a la justicia los imputados Rafael Antonio del Carmen de Dios Marte y Enrique Rafael García Jiménez, cuya audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también fue aplazada para mañana viernes.
Según se ha establecido en el transcurso de la investigación el robo de los vehículos se produjo en varios momentos, mientras que en el caso de las armas se ha determinado que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraba laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído las armas de fuego.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
De igual manera, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado varias armas procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega.
El órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales han sido recuperados cuatro vehículos, entre ellos yipetas y furgonetas, y un arma de fuego, además de que han sido confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
El Ministerio Público indicó que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, abuso de confianza, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
En el caso de Yuderky Cabrera Escarramán fueron presentados cargos adicionales por delitos de alta tecnología, tras establecerse que utilizó una firma escaneada de uso en comunicaciones internas de la titular de la Fiscalía de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, en un documento donde autorizaba la entrega de dichos vehículos al imputado Wilson Rafael Vargas Rosa.

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Matan oficial de 29 años cuando intentó evitar asalto en Herrera

SANTO DOMINGO.- Un oficial de la Policía Nacional murió este miércoles luego de ser herido de bala al intentar detener un asalto a un comerciante en el sector La Rosa, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La víctima es Francis Mézquita Casado, de 29 años, quien fue asesinado por disipados de dos individuos a bordo de una motocicleta, cuando intervino para evitar que el comerciante fuera despojado de su cartera y su celular frente a una compraventa.

El impacto de la bala se produjo en el abdomen, lo cual posteriormente le provocó la muerte.

Una nota policial identifica a uno de los atacantes como Juan Daniel Carrera Rodríguez, de 25 años, a quien hirió el cabo Mézquita Casado en el enfrentamiento. Fue capturado al momento de acudir al Hospital Dr. Vinicio Calventi a recibir atenciones médicas.

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