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20 años de prisión a para padrastro abusó y contagió de VIH hijastra de 3 años

El Cuarto Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a 20 años de prisión a un hombre de 53 años que abusó sexualmente a una menor de tres años, en el municipio Santo Domingo Norte.

El tribunal además ordenó que el condenado por delitos de incesto, abuso físico, psicológico y sexual en contra de la infante, pague una multa de RD$200 mil al Estado y una indemnización de RD$2 millones a favor de la víctima.

El Ministerio Público indicó que el hoy condenado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su hijastra, estableciéndose en el transcurso del proceso, mediante experticia médica, que dicho encartado es VIH positivo.

Se le condenó por violentar las disposiciones del artículo 332-1 de la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y varios artículos del Código Penal Dominicano, así como del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) en perjuicio de la menor, señala el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.

Según consta en el expediente instrumentado por la Fiscalía, en fecha 24 de abril de 2017, se presentó ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de ésta demarcación a realizar la denuncia, una representante de la menor, cuyos nombres igualmente se omiten para salvaguardar la privacidad de la víctima.

La denunciante informó que el pasado mes de febrero, la niña había manifestado que su padrastro le había tocado su parte íntima y que posteriormente en el mes de abril había cometido el abuso sexual.

El sentenciado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales.

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Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por faltas disciplinarias graves

SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial destituyó a tres jueces que cometieron faltas graves, dos de ellos por pactar con personas vinculadas a un caso de narcotráfico y uno por actuar con parcialidad a favor de los demandantes en un proceso contra la distribuidora de electricidad Edesur.

Los destituidos por ser declarados disciplinariamente responsables de comportamientos alejados de sus deberes son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Además, Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

La decisión con respecto a Pérez García y Díaz responde a la investigación abierta en 2017 en relación con la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos.

La acusación indicaba que Pérez García, entonces presidente de la corte, sostuvo reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado de la decisión que se iba a adoptar y que ese intermediario sostuvo diversos encuentros con uno de los imputados, interacción en la que hubo acuerdos e inclusive entrega de suma de dinero.

El expediente disciplinario indica que Díaz realizó contacto con personas allegadas al proceso y a las partes a fin de producir un voto disidente en torno a favorecer la libertad de los imputados, acción por la que se aprovechó de determinadas partidas económicas.

La sanción establece que los investigados violaron el principio de legalidad, establecido en la Ley de Organización Judicial, 821, y sus modificaciones, y en el artículo 66, numerales 7 y 14, de la Ley 327, sobre Carrera Judicial.

También, los principios de objetividad y equidad, imparcialidad administrativa y judicial, prudencia, responsabilidad y transparencia del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

En cambio, De Aza Batista fue hallado responsable por parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, por tirar una línea de cables por terrenos de los demandantes, cuya propiedad se pretendió probar con documentos firmados por un estudiante que fingió ser agrimensor.

El Consejo determinó que durante el conocimiento del caso, el disciplinado mantuvo contactos tanto con el abogado de las partes, así como con el representante de todos los demandantes y testigo principal, con unas 30 llamadas registradas.

En su Resolución Disciplinaria 004-2020 el consejo halló al juez responsable de violentar los artículos 41, 1, 3, 60, 61 y 66 numeral 2 de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial, y los artículos 147 numerales 1, 14, 15 y 18, y 149 numeral 2 de su Reglamento de Aplicación, así como el principio de imparcialidad.

En ese caso, también declara no responsables disciplinariamente a los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loyda de la Rosa, quienes conocieron la demanda en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana; no obstante los remite por ante el Comité de Comportamiento Ético, por haber emitido opiniones “que no son propias de un juzgador”, en torno a la acusación de que había hecho Edesur al juez de primera instancia.

Caso Rizik

La Inspectoría General del Poder Judicial inicio una investigación en marzo del 2017, contra los tres jueces que emitieron una sentencia mediante la cual se anula una condena de diez y cinco años impuesta contra el empresario Winston Rizik y su hermano Nelson Rizik Delgado, acusados de narcotráfico, lavado de activos y de tráfico de armas.

Se trata de los magistrados de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Saulo Ysabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García y Rosaly Yovianka Stefani Brito, quienes dejaron sin efecto la condena del Primer Tribunal Colegiado de Monte Plata. Mientras, que la jueza Stefani Brito tras la investigación fue sacada del expediente.

Debido a esta decisión, se apodero al Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo para que conocieran otra vez el proceso y sentenciado al empresario y a su hermano.

En esa ocasión, el Consejo del Poder Judicial dispuso una investigación contra Díaz, Pérez García y Brito luego de que la Embajada de Estados Unidos decidiera despojarlos del visado por el fallo que favorece a Rizik.

El empresario cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega, tras ser condenado a diez años en mayo de 2016.

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Arrestan expresidente de ecuatoriano Abdalá Bucaram por delincuencia organizada

El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido el miércoles en su casa en Guayaquil por el supuesto delito de delincuencia organizada vinculado con la compra de insumos médicos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó en su cuenta de Twitter que “la madrugada de hoy la policía ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortiz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”.

Por su parte, la Fiscalía aclaró en la misma red social que a los apresados “se los investiga por presunta delincuencia organizada”.

Bucaram, arrestado el 3 de junio por otros delitos y luego puesto en libertad, estaba siendo trasladado a una cárcel en Quito, pero debido a un quebranto en su salud tuvo que ser internado en un hospital de Guayaquil. El exmandatario padece enfermedades cardíacas que lo han obligado a operarse varias veces.

Al expresidente (1996-1997), de 68 años, y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.

Ecuador ha reportado hasta el miércoles 95.563 casos del nuevo coronavirus y 5.951 fallecidos.

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