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CDEEE y Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas asumen propiedad de Central Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- Las tres empresas distribuidoras de electricidad, Edenorte, Edesur y Edeeste realizaron este miércoles asambleas generales extraordinarias consecutivas en las que aprobaron la cesión de sus derechos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

La cesión se produce para facilitar la constitución de la sociedad comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina, de la cual la CDEEE será propietaria del 99.2 % y el Fonper del 0.8 por ciento, para lo cual han hecho un aporte de capital de US$622.0 millones, y asumido una deuda de US$1,750.9 millones con el Estado, con los que completan los RD$2,372.9 millones invertidos en la obra.

Las asambleas extraordinarias consecutivas tenían entre sus objetivos, según especificaban las convocatorias, autorizar la cesión total o parcial de los derechos, obras, beneficios y/u obligaciones establecidos en el contrato firmado en 2014 para la ingeniería procura y construcción de la central.

También autorizar a los gerentes administradores de Edenorte, Edesur y Edeeste a suscribir con la CDEEE y Fonper los contratos para la cesión de esos derechos, autorizar las actuaciones, diligencias, gestiones y trámites necesarios para ejecutar los ajustes en los libros y asientos contables y financieros en los que las distribuidoras aparezcan como titular del contrato EPC de Punta Catalina.

Además autorizar al vicepresidente de CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, y al presidente de Fonper, Fernando Rosa, a suscribir toda la documentación y realizar las gestiones y trámites necesarios para la ejecutoria formal de la subrogación de derechos de las distribuidoras en favor de ambas entidades.

El aporte de capital que convierte a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en accionista mayoritaria de la nueva empresas será de US$617.0 millones, en tanto que el Fonper aportará US$5.0 millones.

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, la inversión total realizada por el Estado dominicano en la CTCP a octubre pasado es de US$2,372,917,536.05, a los cuales se les resta los US$622 millones de aporte de capital que realizarán CDEEE y Fonper.

En comunicación del 14 de octubre, Hacienda señala que como propietario de la central termoeléctrica, vía la CDEEE y Fonper, el Estado dominicano espera recibir un retorno anual razonable por su participación accionaria en CTCP.

“El resto de los recursos destinados al proyecto, equivalente a la suma de US$1,750,917536.05, debe ser registrado en la sociedad comercial CTCP,S.A., en forma de una cuenta por pagar de dicha sociedad al Estado dominicano, a través del Ministerio de Hacienda. Dicha deuda generará un interés anual de 9.7165% sobre el saldo pendiente y se amortizará en 360 cuotas mensuales e iguales, comenzando el 20 de enero de 2020”.

Los pagos de capital e intereses serán de 15 millones de dólares mensuales, equivalentes a US$180.0 millones anuales.

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El rey Juan Carlos I decide abandonar España; estaría fijando residencia República Dominicana

Lo ha comunicado Casa Real a través de un comunicado

El rey no hace autocrítica en una carta en la que sólo habla de “ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”

Estaría fijando residencia en la República Dominicana

Juan Carlos I se va de España y se lo ha dicho a su hijo en una carta que la Casa Real ha hecho pública en un comunicado y en la que le anuncia su decisión “con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”.

El rey emérito explica que por esas razones manifiesta “su más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de sus funciones”, en referencia a las que desde 2014 tiene Felipe VI.

Añade el rey emérito que lo hace “desde la tranquilidad y el sosiego que requiere su alta responsabilidad”. Juan Carlos I dice además: “Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen”.

En su carta, Juan Carlos I recuerda que hace un año dejó de desarrollar actividades institucionales, y que ahora, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”.

La decisión, continúa, la toma “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad” después de ser rey “durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”, según firma.

“Con mi lealtad de siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre, concluye el comunicado, que puede consultar aquí de forma íntegra.

La Respuesta de Felipe VI

Ni el anuncio ni la respuesta de Felipe VI, incluida en el comunicado, son demasiado largas.

Según la Casa Real, “su Majestad el Rey le ha transmitido a S.M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.

En un párrafo, el comunicado asegura que “el rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

Se recuerda que diferentes fuentes en República Dominicana han confirmado que en el país caribeño se está preparando la nueva residencia para el rey Juan Carlos. En concreto, estará situada en una de las zonas más exclusivas de República Dominicana: La Romana, un lugar privilegiado donde podrá compartir charlas, asueto, sol y alguna copa con grandes amigos que también tienen propiedades allí: Felipe González, Jesús Barderas, Carlos Slim, la familia Clinton, e, incluso, familiares del actual candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden. Un ambiente muy propicio para el rey emérito, donde podrá disfrutar de su fortuna sin que nadie le moleste.

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Aeropuerto aprobado en Bávaro no pagará impuestos durante 15 años

Santo Domingo, RD

Aun cuando los desarrolla­dores del Aeropuerto Inter­nacional de Bávaro han di­cho que ese proyecto tiene carácter eminentemente privado y que nada costa­rá al Estado dominicano, el Consejo de Fomento Turís­tico (Confotur) le aprobó exenciones fiscales totales durante 15 años a esa obra del Grupo ABRISA, según consta en documentos a los que tuvo acceso este diario.
Esto, a su vez, sienta un precedente y lo coloca en un rango especial al cons­tituirse en la primera vez que ese organismo conce­de tales privilegios a un ae­ropuerto privado en el país.

Así, con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto depende, exclusi­vamente, de incentivos fisca­les que le fueron concedidos, incluso, antes de ser emitido el decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo el martes 21de julio, una ventaja que no tienen sus potenciales competidores.
La aprobación de estos privilegios fiscales, siem­pre conforme a la documen­tación a la que accedió Listín Diario, tuvo lugar el 16 de julio y la licencia ambiental aportada entre los documen­tos de apoyo tiene fecha del mismo día.

En la resolución 6796 de la Comisión Aeroportuaria (CA), en la que da un “no ob­jeción” al proyecto, someti­do por los promotores a Con­fotur, se señala en su artículo primero que la “inversión to­tal estará bajo la responsa­bilidad y costo exclusivo de su promotor Grupo ABRISA y de la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro”.

En el decreto de aproba­ción firmado por el presi­dente Danilo Medina, el con­siderando tercero repite la afirmación de la Comisión Aeroportuaria sobre la res­ponsabilidad de la carga to­tal de la inversión.

Sin embargo, según las conclusiones del Ministerio de Hacienda, como parte del análisis costo-beneficio del aeropuerto de Bávaro, he­cho a solicitud del Confotur, “en ausencia de los incenti­vos tributarios el proyecto no sería financieramente ren­table, debido a que este no compensa la inversión inicial realizada”.
Y más adelante se advier­te de que “los incentivos tri­butarios representarían un sacrificio fiscal para el Esta­do de RD$4.403.9 millones durante los años considera­dos, de los cuales el 73% co­rresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impues­to sobre los activos; el 4.0%

al impuesto a la transferen­cia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las im­portaciones.”
Sobre todo esto se consi­dera que la merma en los in­gresos fiscales, a consecuen­cia de la generosidad fiscal adoptada por el Confotur en la sesión presidida por el mi­nistro de Turismo, Francisco Javier García, podría ser mu­cho mayor.
Contratos y las ventajas
De acuerdo a los contratos suscritos por el Estado con los demás aeropuertos pri­vados, las ventajas concedi­das también les correspon­derán a ellos, es decir que habría que otorgar las mis­mas exenciones y por igual período a los aeropuertos de La Romana, Punta Cana y Santiago.

En las conclusiones del Ministerio de Hacienda se indica que “los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones, por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indi­rectos que aportaría el pro­yecto son inferiores al sacri­ficio fiscal generado por el Estado”.
Según los promotores del proyecto aeroportuario en Bávaro, que ya operaron la concesión de Las Américas y posteriormente vendieron “con pingües beneficios”, in­vertirán US$272.3 millones a ser cubierto el 61% con los aportes de sus accionistas, y el restante 39% a través de un financiamiento con el sec­tor bancario, a una tasa de 8% anual, pagadero en un perío­do de siete años, con dos de gracia.

Todas las aprobaciones ofi­ciales se concedieron en un periodo de 10 meses, pese a la pandemia y el estado de emergencia, y la decisión de Confotur se produjo sin que los beneficiarios cumpliesen con todos los requisitos pre­vistos.
Se ha destacado el hecho de que la representación de la Asociación Nacional de Hote­les y Restaurantes (Asonaho­res) solicitó infructuosamen­te, en la reunión de Confotur, que sólo se concediera una aprobación provisional del proyecto, “toda vez que el mismo carecía de los permi­sos correspondientes, como lo era el decreto de aprobación de concesión del que debe disfrutar toda infraestructura portuaria”.

Además, tampoco fueron sometidos los permisos muni­cipales ni otros especificados en la Ley de Fomento al Desa­rrollo turístico, como un “an­teproyecto arquitectónico, así como los detalles prelimina­res de ingeniería del mismo, preparado por un profesional o firma reconocida de profe­sionales dominicanos aptos, legalmente en ejercicio” y, co­mo aplica en este caso, “un plan de contingencia para prevenir y controlar los derra­mes de combustibles”.
Los no beneficiarios
Los aeropuertos no están se­ñalados directamente como beneficiarios en la Ley 158-01 de incentivo turístico. Aún si, como decidió Confotur, el aeropuerto cae dentro de las “actividades turísticas” con­templadas en el artículo 3 de la Ley 158-01, esta establece en su artículo primero que se aplica a “los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad”.

Una ojeada al párrafo I de la legislación lleva a conocer que esta concibe los incentivos co­mo parte de “un proceso racio­nalizado del desarrollo de la industria turística en todas las regiones de gran potenciali­dad” y que “no han alcanzado, a la fecha, el grado de desarro­llo esperado, o que pueden ser desarrolladas y mantener es­tándares y niveles de compe­titividad ya establecidos inter­nacionalmente”.
En la zona Este, constituida como la de mayor desarrollo turístico del país, operan ya los aeropuertos de La Roma­na y Punta Cana, con capaci­dad para atender la deman­da por los próximos 30 años, y se construye un aeródromo en Nisibón.

El nuevo aeropuerto del Grupo ABRISA se situaría a dos minutos de vuelo del de Punto Cana y, como ya se ha hecho norma, el Estado tendría que dotarlo de equi­pos técnicos que una fuen­te consultada estimó en unos US$40 millones.
Según fuentes, el sector público deberá cargar con una nómina de 500 personas para migración, seguridad, aduanas y controles fitosani­tarios, entre otras obligacio­nes públicas.
Informes señalan que un nuevo aeropuerto no nece­sariamente incentivará el nú­mero de visitantes que vienen a ese polo turístico por vía aé­rea, y que el año pasado su­maron un volumen de 7.1 mi­llones en aproximadamente 47 mil vuelos.

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