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Canciller Miguel Vargas : “Todo ciudadano dominicano que quiera ir a Venezuela tiene que solicitar su visa”


Dijo que se tenían que establecer controles por actos delictivos de algunos venezolanos

El canciller dominicano Miguel Vargas manifestó que el requerimiento de visa a los venezolanos es una medida de carácter soberano que se hizo en favor del país.

Vargas señaló que se han venido registrando actos delincuenciales en los que figuran ciudadanos venezolanos, por lo que era necesario establecer controles.

Sostuvo que la decisión también se justifica por un tema de reciprocidad porque “todos los dominicanos que deseen viajar a Venezuela tienen que ir al consulado o la embajada de Venezuela y buscar su visa como corresponde”.

“Son procesos rápidos que se están haciendo, son procesos que duran de tres a cinco días; pero tenemos que tener mayores controles, ya se habían registrado actos delincuenciales donde en algunos casos aparecían ya ciudadanos venezolanos”, argumentó.

El canciller defendió el derecho que tiene el país a a establecer los mecanismos migratorios necesarios.

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Al menos tres muertos tras caer patana desde un puente en la Circunvalación (video)

Santo Domingo, RD

Una patana de doble cola cayó desde el puente en la avenida Circunvalación (Haina- autopista Duarte), dejando como resultado al menos tres personas muertas.

El accidente habría ocurrido cerca de las 6:00 de la mañana de este viernes. De acuerdo a un agente de la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a esa hora se reportó el siniestro al 911.

El vehículo pesado estaba ocupado por dos adultos y un menor de 12 años.

La cola de la patana cayó dentro del río Manoguayabo. El conductor se dirigía en dirección norte-sur.

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CIDH informa al Gobierno RD recibe denuncia por violar derecho propiedad terrenos turísticos

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) comunicó al Gobierno dominicano que se encuentra apoderada de una instancia por violación al derecho de propiedad en perjuicio de uno de los afectados por las decisiones judiciales que envuelven terrenos turísticos en Enriquillo y Pedernales.

El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comunicó el caso mediante el registro número P-1692-20, a través de las instancias correspondientes, a fin de que el Estado tome conocimiento del expediente, el cual se encuentra en una fase de estudio.

El expediente al que hace referencia la CIDH es una instancia sobre el reclamo del ingeniero Manuel Carvajal Sánchez, quien presentó el caso en un escrito detallado por intermedio de su abogado, el licenciado Héctor Rafael Tapia Acosta.

La demanda contra el Estado dominicano fue encaminada en Washington a través de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quien también comunicó a Carvajal Sánchez que la misma se encuentra en la etapa inicial del análisis correspondiente para proceder a tomar una decisión.

Carvajal Sánchez invoca en la demanda su calidad de tercero adquiriente de buena fe en el caso de las parcelas 215-A-47, 215-A-48 y 215-A-65 del distrito catastral 3 del municipio de Enriquillo, cuyos títulos de propiedad han sido anulados por supuestamente haber sido registrados de manera fraudulenta.

Señala que al adquirir los terrenos se pudo comprobar que los mismos no tenían ningún tipo de oposición a transferencia “y teniendo este documento la garantía del Estado, hace innecesario que se examinen libros de registros, y no se puede presumir la existencia de un concierto fraudulento, por lo que la presunción de adquiriente de buena fe se impone”.

Agrega que no obstante el Estado puso en litigio el caso, incurriendo en “una intervención descarada del Poder Ejecutivo, maniobrando descaradamente para conculcar derechos fundamentales e inalienables como el derecho de propiedad y el derecho de defensa”.

La instancia hace saber a la CIDH que al momento de adquirir los terrenos de referencia, el registrador de títulos de la jurisdicción se negó al registro rutinario de dicha propiedad, alegando que los originales que avalan la misma no se encontraban en esa oficina.

“Esta eventualidad, totalmente inusual y anómala, ha impedido de manera inconstitucional, ilegal y arbitraria, que se formalice el registro de los referidos derechos sobre los inmuebles a favor de su legítimo y único propietario, el señor Carvajal Sánchez, cuyos derechos con vocación registral no han sido cuestionados a todo lo largo del proceso que nos ocupa”, sostiene.

La instancia indica que además de la violación al derecho de propiedad, en el proceso que afecta a Carvajal Sánchez se ha vulnerado el artículo 12 de la ley de casación que consagra la suspensión de la ejecución de las sentencias recurridas.

Denuncia que esta situación ha producido una cadena de violaciones a las normas jurídicas de la República Dominicana, incluyendo decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia, razón por la cual se ha visto precisado a procurar la tutela de la CIDH.

Asimismo, señala que decisiones del Tribunal Constitucional se han referido a la protección del derecho de propiedad, invocando decisiones de la Suprema Corte que establecen la protección de los terceros adquirientes a frente a la eventualidad de irregularidades cometidas por el vendedor.

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