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Sin precedentes! República Dominicana necesitará menos petróleo para generar energía eléctrica

Santo Domingo, RD

La diversificación que ha experimentado la matriz de generación del sistema eléctrico nacional quitará presión a la tasa cambiaria el próximo año y podría representar un ahorro de alrededor de US$600 millones anuales.

El dato fue ofrecido por el presidente de la empresa de generación AES Dominicana, Edwin De los Santos, durante un almuerzo con periodistas y hacedores de opinión.

De los Santos expuso que solo con la entrada de la segunda unidad de Punta Catalina y las unidades generadoras que han sido convertidas a gas natural el país debe registrar un ahorro de US$600 millones por sustitución de combustibles, lo que dijo bajará el peso del subsidio eléctrico para el Gobierno.

Expuso que el reto para el futuro es tratar de expandir las facilidades para la conversión a gas natural, y que se pueda maximizar el uso de esa plataforma de gas natural y que las unidades de crecimiento también puedan beneficiarse.

Entrada de plantas

En esta semana, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) anunció la conversión de tres plantas generadoras (750 megavatios) a gas natural y las mismas empezarán a entrar a Quisqueya 1 en febrero, Quisqueya 2 en marzo y entre marzo y abril entraría CESPEM.

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Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por faltas disciplinarias graves

SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial destituyó a tres jueces que cometieron faltas graves, dos de ellos por pactar con personas vinculadas a un caso de narcotráfico y uno por actuar con parcialidad a favor de los demandantes en un proceso contra la distribuidora de electricidad Edesur.

Los destituidos por ser declarados disciplinariamente responsables de comportamientos alejados de sus deberes son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Además, Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

La decisión con respecto a Pérez García y Díaz responde a la investigación abierta en 2017 en relación con la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos.

La acusación indicaba que Pérez García, entonces presidente de la corte, sostuvo reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado de la decisión que se iba a adoptar y que ese intermediario sostuvo diversos encuentros con uno de los imputados, interacción en la que hubo acuerdos e inclusive entrega de suma de dinero.

El expediente disciplinario indica que Díaz realizó contacto con personas allegadas al proceso y a las partes a fin de producir un voto disidente en torno a favorecer la libertad de los imputados, acción por la que se aprovechó de determinadas partidas económicas.

La sanción establece que los investigados violaron el principio de legalidad, establecido en la Ley de Organización Judicial, 821, y sus modificaciones, y en el artículo 66, numerales 7 y 14, de la Ley 327, sobre Carrera Judicial.

También, los principios de objetividad y equidad, imparcialidad administrativa y judicial, prudencia, responsabilidad y transparencia del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

En cambio, De Aza Batista fue hallado responsable por parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, por tirar una línea de cables por terrenos de los demandantes, cuya propiedad se pretendió probar con documentos firmados por un estudiante que fingió ser agrimensor.

El Consejo determinó que durante el conocimiento del caso, el disciplinado mantuvo contactos tanto con el abogado de las partes, así como con el representante de todos los demandantes y testigo principal, con unas 30 llamadas registradas.

En su Resolución Disciplinaria 004-2020 el consejo halló al juez responsable de violentar los artículos 41, 1, 3, 60, 61 y 66 numeral 2 de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial, y los artículos 147 numerales 1, 14, 15 y 18, y 149 numeral 2 de su Reglamento de Aplicación, así como el principio de imparcialidad.

En ese caso, también declara no responsables disciplinariamente a los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loyda de la Rosa, quienes conocieron la demanda en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana; no obstante los remite por ante el Comité de Comportamiento Ético, por haber emitido opiniones “que no son propias de un juzgador”, en torno a la acusación de que había hecho Edesur al juez de primera instancia.

Caso Rizik

La Inspectoría General del Poder Judicial inicio una investigación en marzo del 2017, contra los tres jueces que emitieron una sentencia mediante la cual se anula una condena de diez y cinco años impuesta contra el empresario Winston Rizik y su hermano Nelson Rizik Delgado, acusados de narcotráfico, lavado de activos y de tráfico de armas.

Se trata de los magistrados de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Saulo Ysabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García y Rosaly Yovianka Stefani Brito, quienes dejaron sin efecto la condena del Primer Tribunal Colegiado de Monte Plata. Mientras, que la jueza Stefani Brito tras la investigación fue sacada del expediente.

Debido a esta decisión, se apodero al Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo para que conocieran otra vez el proceso y sentenciado al empresario y a su hermano.

En esa ocasión, el Consejo del Poder Judicial dispuso una investigación contra Díaz, Pérez García y Brito luego de que la Embajada de Estados Unidos decidiera despojarlos del visado por el fallo que favorece a Rizik.

El empresario cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega, tras ser condenado a diez años en mayo de 2016.

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Arrestan expresidente de ecuatoriano Abdalá Bucaram por delincuencia organizada

El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido el miércoles en su casa en Guayaquil por el supuesto delito de delincuencia organizada vinculado con la compra de insumos médicos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó en su cuenta de Twitter que “la madrugada de hoy la policía ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortiz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”.

Por su parte, la Fiscalía aclaró en la misma red social que a los apresados “se los investiga por presunta delincuencia organizada”.

Bucaram, arrestado el 3 de junio por otros delitos y luego puesto en libertad, estaba siendo trasladado a una cárcel en Quito, pero debido a un quebranto en su salud tuvo que ser internado en un hospital de Guayaquil. El exmandatario padece enfermedades cardíacas que lo han obligado a operarse varias veces.

Al expresidente (1996-1997), de 68 años, y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.

Ecuador ha reportado hasta el miércoles 95.563 casos del nuevo coronavirus y 5.951 fallecidos.

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