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NACIONALES

Adolescente se quita la vida en la provincia Duarte

Las Piedra, Castillo, Provincia Duarte. La tristeza y desesperación se ha adueñado de sus padres, familiares, amiguitos y toda la población de Castillo, ante tan nefasta e inesperada noticia. Joshua Gálvez Valentín, según su padre el Sr. Manolo Gálvez hacendado de la residente en la Comunidad de Las Pierda del Municipio de Castillo, su hijo iba a cumplir ahora en el mes de abril 15 años de Edad. Pero por razones hasta el momento desconocidas se quitó la vida ahorcándose en la habitación de su casa.
Según el Medico legista y la fiscalía, que levantaron el cuerpo sin vida del adolescente, este murió por asfixie al colocarse una cuerda alrededor del cuello en su propia habitación, la cual está ubicada en el patio de la casa donde vivía con su padre.
Narra su padre que su hijo Joshua, había dejado una especie de escrito donde decía que lo quería a todos y a sus amiguitos, también que los perdonaran por lo que había hecho, y que él había cometido el hecho a eso de las 6 de la tarde (13/01/2020)
Sus restos están siendo velados en la Funeraria Municipal de Castillo y serán sepultados en hora de la tarde en el Cementerio Viejo de Castillo. Paz a su Alma y conformidad a sus padres y familiares.Desde Castillo, Prof. Gian Paredes (@MistherGianRedes)

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NACIONALES

Desafiar a las autoridades por dos minutos de fama o de sonido al grabar un video desafiante te puede costar de 1 a 20 años de prisión

Por Amadeo Peralta

-Ser apresado violando el toque de queda te puede costar hasta 6 meses de prisión.
-Las disculpas públicas no están contempladas en la Ley.
El Abogado de Amadeo Peralta, al hacer un análisis jurídico de las consecuencias que uno o más ciudadanos podrían enfrentar, cuando cometen el gravísimo error de auto grabarse con su celular desafiando a la Policía Nacional y luego cuelgan el video en las redes sociales, no saben las graves consecuencias que pudieran enfrentar, al igual que quienes sean apresados en las calles en horario prohibido para salir con el toque de queda.
Establece que entre otras violaciones a la Ley cometidas por quienes se graban, desafiando a la autoridad, utilizando armas (machetes) y son dos o más personas y suben el video injurioso en las redes sociales en busca de dos minutos de fama o de sonido en el barrio están cometiendo el delito de injuria publica, amenazas, asociación de malhechores, ultrajes y violencias contra la autoridad, resistencia, desobediencia y desacato, contra la autoridad pública, castigadas por los artículos 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, 224, 225, 230, 231, 305, 265, 266, 367, 209, 202, 207, del Código Penal Dominicano, entre otras imputaciones que puede variar según la gravedad del hecho.
Refiere el Abogado Amadeo Peralta, que según lo define el artículo 101 del Código Penal, la palabra armas comprende todas las maquinas, instrumentos o utensilios cortantes, punzantes o contundentes.
Y entre las imputaciones graves, y que pueden ser usadas por la policía y el ministerio público, para solicitarles medidas de coerción están;
Resistencia, desobediencia, desacato y otras faltas Cometidas contra la autoridad pública.
REBELIÓN
Art. 209.- Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la función pública que ejerzan.
Art. 212.- La rebelión cometida por una o dos personas armadas, se castigará con prisión de seis meses a dos años, y con igual pena de seis días a seis meses, si la ejecutaron sin armas.
Art. 217.- Se considerará reo de rebelión, y castigado como tal a, todo aquel que por discursos, pasquines, libelos, escritos o por cualquiera otro medio de publicidad, la hubiera provocado. Si la rebelión no se efectuare, el provocador será castigado con prisión de seis días a un año.
Ultrajes y violencias contra la autoridad pública.
Art. 224.- Se castigará con multa de diez a cien pesos, el ultraje que por medio de palabras, gestos o amenazas, se haga a los curules o agentes depositarios de la fuerza pública, y a todo ciudadano encargado de un servicio público, cuando estén en el ejercicio de sus funciones, o cuando sea en razón de dichas funciones.
Art. 225.- La pena será de seis días a un mes de prisión, si el agraviado fuere un comandante de la fuerza pública.
Art. 230.- Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño.
Art. 231.- Cuando las violencias especificadas en los artículos 228 y 230, den por resultado la efusión de sangre, heridas o enfermedad, se impondrá al culpable la pena de la reclusión, agravándose ésta hasta la de trabajos públicos, si el agraviado muriere dentro de los cuarenta días del hecho.
Asociación de malhechores.
Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.
Art. 266.- Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.
Amenazas.
Art. 305.- La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesinar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de trabajos públicos, o trabajos públicos, siempre que a dicha amenaza acompañe la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquiera. Al culpable se le podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.
Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años.
Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.
Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente.
Injurias.
Art. 367.- Se califica injuria, cualquiera expresión afrentosa, cualquiera inventiva o término de desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso.

Artículo 22.- Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.. (Injuria Pública.) La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínino.

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NACIONALES

Puerto Rico atrapa yola con 35 indocumentados dominicanos y haitianos

AGUADILLA, Puerto Rico – Agentes de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Estados Unidos detectaron e interceptaron el viernes una yola con 35 indocumentados de nacionalidad dominicana y haitiana que intentaban llegar a la costa suroeste.

“Hacer el viaje a través del Pasaje de Mona es extremadamente traicionero y peligroso, ” dijo Johnny Morales, Director de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP en el Caribe. “Viajar ilegalmente a Puerto Rico durante esta pandemia mundial agrega un peligro a la vida de estos inmigrantes ilegales.”

La yola se aventuro en la moche oscura sin luces navegacion.

Cerca de la medianoche del 2 de abril, la tripulación de un avión de patrulla marítima AMO DHC-8 observó un buque monomotor tipo “yola” moviéndose hacia el este, sin luces de navegación, a unas 40 millas del municipio de Cabo Rojo.

La tripulación del avión mantuvo una vigilancia constante de la embarcación, contactando a la tripulación de un buque interceptor marino AMO, que interceptó la embarcación a 18 millas náuticas de la isla, encontrando 35 personas a bordo.

Los agentes de AMO proporcionaron máscaras protectoras a todos los indocumentados dentro del bote. Los extranjeros afirmaron ser de la República Dominicana y Haití; 30 hombres, 4 féminas y una menor.

Siguiendo los protocolos del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe (CBIG), los 35 extranjeros abordaron el escampavías Joseph Tezanos de la Guardia Costera de los Estados Unidos para el procesamiento biométrico y para su eventual repatriación.

La misión de las Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en ingles) de Aduanas y Protección Fronteriza, de Estados Unidos es salvaguardar nuestra nación anticipando y confrontando las amenazas de seguridad a través de nuestra experiencia en la aplicación de la ley de aviación y marítima, capacidades innovadoras y asociaciones en la frontera y más allá. Con 1.800 agentes federales y personal de apoyo a la misión, 240 aeronaves y 300 embarcaciones marinas que operan en los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. AMO utiliza sus flotas sofisticadas para detectar, clasificar, interceptar, rastrear y capturar criminales en diversas ambientes dentro y fuera de las fronteras de los Estados Unidos.

En julio de 2006, CBIG se creó formalmente unificando los esfuerzos del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Guardacostas (USCG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, y las unidades de FURA de la Policía de Puerto Rico, con la meta común de mantener control y seguridad de las zonas costeras de la isla.

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