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Ley prohíbe apresar candidatos ocho días antes de las elecciones

Santo Domingo, RD

Para asegurar el libre ejer­cicio del derecho de elegir y ser elegido que recono­ce la Constitución domini­cana, la ley electoral con­tiene disposiciones que impiden la restricción de la libertad a un grupo de personas vinculadas con el proceso electoral y a los votantes por un tiempo de­terminado.

La lista la encabezan los candidatos a cargos electi­vos, que la ley prohíbe sean privados de su libertad du­rante los 8 días antes de los comicios, una veda que pa­ra el certamen del próximo domingo 5 de julio empe­zó a tener efecto desde el sábado 27 de junio.

La prohibición abar­ca a los miembros, secre­tarios y escribientes de las juntas electorales y sus su­plentes; los representantes acreditados ante las juntas electorales por las agrupa­ciones y partidos políticos reconocidos y sus sustitu­tos; así como los miembros de los organismos directi­vos de los partidos y fun­cionarios de la Junta Cen­tral Electoral (JCE).

Ante la violación de esa prohibición, cualquier per­sona podrá requerir la puesta en libertad del de­tenido y si no se ordena la puesta en libertad en una hora, la ley manda que se recurra al Tribunal Supe­rior Electoral (TSE).

Las personas favorecidas con esa disposición legal pueden acreditar su identi­dad a través de certificacio­nes que expida la JCE o la junta electoral correspon­diente a solicitud del inte­resado. Sin embargo, esa prohibición no es absoluta, porque la misma ley lo per­mite en caso de “crimen fla­grante”, es decir, pueden ser apresadas en el momen­to en que esté incurriendo cualquier delito.

El pasado lunes, la odon­tóloga Rosa Amalia Pilarte, candidata a diputada del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM), por la provin­cia La Vega, fue vinculada por el ministerio público de formar parte de una red de lavado de activos, que pre­suntamente encabeza su es­poso, Miguel López, quien fue arrestado al igual que el hijo de ambos, Miguel Artu­ro López Pilarte y otras dos personas. Sin embargo, la candidata no fue arrestada como inicialmente trascen­dió, ya que la ley electoral lo prohíbe.

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Prisión preventiva contra grupo por robo de armas y vehículos de fiscalía La Vega

La Vega.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de una empleada de la Fiscalía de esta demarcación y otros tres acusados de la sustracción de varios vehículos chatarras y armas de fuego que se encontraban en custodia de esa dependencia bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.
La medida de coerción es contra la coordinadora del personal administrativo de la Fiscalía de esta jurisdicción, Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como de Gilberto Manuel Burgos y de José Aníbal Abreu.
La petición del Ministerio Público fue acogida de manera completa por el tribunal, por lo que además de la prisión preventiva de 18 meses, el caso también fue declarado complejo.
A través de un comunicado de prensa se informó que por este caso también fue sometido a la justicia Wilson Rafael Vargas Rosa, cuya medida de coerción fue aplazada por dicho tribunal para este viernes 14 de agosto.
El Ministerio Público destacó que producto de la amplia y exhaustiva investigación llevada a cabo por este caso también fueron arrestados y sometidos a la justicia los imputados Rafael Antonio del Carmen de Dios Marte y Enrique Rafael García Jiménez, cuya audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también fue aplazada para mañana viernes.
Según se ha establecido en el transcurso de la investigación el robo de los vehículos se produjo en varios momentos, mientras que en el caso de las armas se ha determinado que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraba laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído las armas de fuego.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
De igual manera, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado varias armas procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega.
El órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales han sido recuperados cuatro vehículos, entre ellos yipetas y furgonetas, y un arma de fuego, además de que han sido confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
El Ministerio Público indicó que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, abuso de confianza, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
En el caso de Yuderky Cabrera Escarramán fueron presentados cargos adicionales por delitos de alta tecnología, tras establecerse que utilizó una firma escaneada de uso en comunicaciones internas de la titular de la Fiscalía de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, en un documento donde autorizaba la entrega de dichos vehículos al imputado Wilson Rafael Vargas Rosa.

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Matan oficial de 29 años cuando intentó evitar asalto en Herrera

SANTO DOMINGO.- Un oficial de la Policía Nacional murió este miércoles luego de ser herido de bala al intentar detener un asalto a un comerciante en el sector La Rosa, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La víctima es Francis Mézquita Casado, de 29 años, quien fue asesinado por disipados de dos individuos a bordo de una motocicleta, cuando intervino para evitar que el comerciante fuera despojado de su cartera y su celular frente a una compraventa.

El impacto de la bala se produjo en el abdomen, lo cual posteriormente le provocó la muerte.

Una nota policial identifica a uno de los atacantes como Juan Daniel Carrera Rodríguez, de 25 años, a quien hirió el cabo Mézquita Casado en el enfrentamiento. Fue capturado al momento de acudir al Hospital Dr. Vinicio Calventi a recibir atenciones médicas.

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