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Transparencia Internacional resume el esquema de sobornos de Odebrecht y Punta Catalina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un artículo publicado en el portal web de Transparencia Internacional, resume el esquema de sobornos y corrupción de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, en República Dominicana, y que habría salpicado a la central termoeléctrica Punta Catalina y la campaña presidencial de Danilo Medina en 2016.

El reporte, firmado por Ramón Collado, destaca que a principios de 2013, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina y el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobaron la construcción de la central eléctrica de carbón Punta Catalina, compuesta por dos unidades generadoras de electricidad de 376 megavatios cada una.

Collado subraya que Punta Catalina “abordaría los cortes de energía de la República Dominicana y las costosas tarifas de electricidad”, sin que hasta el momento el mega proyecto haya logrado estos objetivos.

“Ahora, mientras el país se prepara para votar en las elecciones generales, los planes para vender parte de la planta parecen tener más que ver con asegurar el poder político que generar valor para los dominicanos”, indica.

Asegura que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado (CDEEE), dirigida por el asociado cercano de Medina, Rubén Bichara, otorgó poderes especiales al economista Andrés Dauhajre y otros consultores para examinar la oferta de Odebrecht por el contrato para construir Punta Catalina.

“Con la luz verde de Dauhajre – señala –, la CDEEE y el PLD le otorgaron a Odebrecht un contrato de más de US$ 2 mil millones, ignorando las ofertas rentables de las constructoras chinas SEPCO3 (US $ 1,1 mil millones) y Gezhouba Group (US$ 900 millones)”.

El esquema de soborno de Odebrecht y Punta Catalina

En la publicación de Transparencia Internacional, Ramón Collado destaca que el presidente Medina se había reunido con ejecutivos de alto rango de Odebrecht en varias ocasiones antes de aprobar la construcción de Punta Catalina.

Una de estas reuniones se llevó a cabo en julio de 2012. En ese año, Medina, entonces presidente electo, se reunió en Brasil con la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, el ex CEO de Odebrecht Marcelo Odebrecht, el expresidente brasileño Lula da Silva y el estratega político João Santana.

“Se cree que durante estas reuniones, Medina, con el enlace de Rousseff, da Silva y Santana, estaba negociando el contrato de Punta Catalina con Odebrecht”.

Collado también resalta las transacciones secretas realizadas por Odebrecht entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014: 62 pagos de US $39.5 millones aparentemente relacionados con el contrato de Punta Catalina. Cinco de estos pagos, por un total de más de US$ 3,3 millones, fueron a Baker Street Financial Inc., cuyo director era Dauhajre, el consultor que aprobó la oferta. En el sistema de comunicaciones clandestino de Odebrecht conocido como Drousys, los pagos se designaron como «Planta termoeléctrica».

En abril de 2014, continúa la publicación, el entonces gerente de Odebrecht en la República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz, autorizó un pago de US$ 20,4 millones a Ángel Rondón, cabildero de Odebrecht, por influir en el PLD para favorecer a Odebrecht sobre otros postores con respecto al contrato de Punta Catalina.

Sobornos de Punta Catalina en la reelección Danilo

El artículo recoge también denuncias hechas sobre presuntos pagos relacionados al contrato de Punta Catalina para facilitar la reelección del presidente Danilo Medina.

“Se informó que varios representantes del Congreso y senadores recibieron sobornos que iban desde US $275,000 a US$ 1 millón a cambio de apoyar la reforma constitucional de Medina en 2015”, expresa.

“Esta reforma le permitió a Medina postularse para un segundo mandato. Fue reelegido presidente en mayo de 2016”.

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Prisión preventiva contra grupo por robo de armas y vehículos de fiscalía La Vega

La Vega.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de una empleada de la Fiscalía de esta demarcación y otros tres acusados de la sustracción de varios vehículos chatarras y armas de fuego que se encontraban en custodia de esa dependencia bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.
La medida de coerción es contra la coordinadora del personal administrativo de la Fiscalía de esta jurisdicción, Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como de Gilberto Manuel Burgos y de José Aníbal Abreu.
La petición del Ministerio Público fue acogida de manera completa por el tribunal, por lo que además de la prisión preventiva de 18 meses, el caso también fue declarado complejo.
A través de un comunicado de prensa se informó que por este caso también fue sometido a la justicia Wilson Rafael Vargas Rosa, cuya medida de coerción fue aplazada por dicho tribunal para este viernes 14 de agosto.
El Ministerio Público destacó que producto de la amplia y exhaustiva investigación llevada a cabo por este caso también fueron arrestados y sometidos a la justicia los imputados Rafael Antonio del Carmen de Dios Marte y Enrique Rafael García Jiménez, cuya audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también fue aplazada para mañana viernes.
Según se ha establecido en el transcurso de la investigación el robo de los vehículos se produjo en varios momentos, mientras que en el caso de las armas se ha determinado que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraba laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído las armas de fuego.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
De igual manera, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado varias armas procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega.
El órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales han sido recuperados cuatro vehículos, entre ellos yipetas y furgonetas, y un arma de fuego, además de que han sido confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
El Ministerio Público indicó que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, abuso de confianza, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
En el caso de Yuderky Cabrera Escarramán fueron presentados cargos adicionales por delitos de alta tecnología, tras establecerse que utilizó una firma escaneada de uso en comunicaciones internas de la titular de la Fiscalía de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, en un documento donde autorizaba la entrega de dichos vehículos al imputado Wilson Rafael Vargas Rosa.

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Matan oficial de 29 años cuando intentó evitar asalto en Herrera

SANTO DOMINGO.- Un oficial de la Policía Nacional murió este miércoles luego de ser herido de bala al intentar detener un asalto a un comerciante en el sector La Rosa, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La víctima es Francis Mézquita Casado, de 29 años, quien fue asesinado por disipados de dos individuos a bordo de una motocicleta, cuando intervino para evitar que el comerciante fuera despojado de su cartera y su celular frente a una compraventa.

El impacto de la bala se produjo en el abdomen, lo cual posteriormente le provocó la muerte.

Una nota policial identifica a uno de los atacantes como Juan Daniel Carrera Rodríguez, de 25 años, a quien hirió el cabo Mézquita Casado en el enfrentamiento. Fue capturado al momento de acudir al Hospital Dr. Vinicio Calventi a recibir atenciones médicas.

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