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Prisión preventiva contra grupo por robo de armas y vehículos de fiscalía La Vega

La Vega.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de una empleada de la Fiscalía de esta demarcación y otros tres acusados de la sustracción de varios vehículos chatarras y armas de fuego que se encontraban en custodia de esa dependencia bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.
La medida de coerción es contra la coordinadora del personal administrativo de la Fiscalía de esta jurisdicción, Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como de Gilberto Manuel Burgos y de José Aníbal Abreu.
La petición del Ministerio Público fue acogida de manera completa por el tribunal, por lo que además de la prisión preventiva de 18 meses, el caso también fue declarado complejo.
A través de un comunicado de prensa se informó que por este caso también fue sometido a la justicia Wilson Rafael Vargas Rosa, cuya medida de coerción fue aplazada por dicho tribunal para este viernes 14 de agosto.
El Ministerio Público destacó que producto de la amplia y exhaustiva investigación llevada a cabo por este caso también fueron arrestados y sometidos a la justicia los imputados Rafael Antonio del Carmen de Dios Marte y Enrique Rafael García Jiménez, cuya audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también fue aplazada para mañana viernes.
Según se ha establecido en el transcurso de la investigación el robo de los vehículos se produjo en varios momentos, mientras que en el caso de las armas se ha determinado que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraba laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído las armas de fuego.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
De igual manera, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado varias armas procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega.
El órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales han sido recuperados cuatro vehículos, entre ellos yipetas y furgonetas, y un arma de fuego, además de que han sido confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
El Ministerio Público indicó que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, abuso de confianza, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
En el caso de Yuderky Cabrera Escarramán fueron presentados cargos adicionales por delitos de alta tecnología, tras establecerse que utilizó una firma escaneada de uso en comunicaciones internas de la titular de la Fiscalía de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, en un documento donde autorizaba la entrega de dichos vehículos al imputado Wilson Rafael Vargas Rosa.

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18 meses de prisión a esposos acusados de estafar beneficiarios del programa “Quédate en Casa”

Santo Domingo, RD

El juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso 18 meses de prisión preventiva contra una pareja de esposos a los que se acusa de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en Casa”, coordinado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) con el objetivo de paliar la crisis asociada a la pandemia provocada por la COVID-19.

La magistrada Yeni Martínez dispuso el envío a prisión de los esposos Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación a una estafa contra decenas de personas de las comunidades de Palo Blanco y Camú, de Puerto Plata, mediante el uso de los fondos de “Quédate en Casa”.

Los imputados fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

El juez que conoció la medida de coerción declaró el caso como complejo.

Los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Adess a favor de los beneficiarios-denunciantes.

El expediente indica que los imputados decían a los beneficiarios de la Adess que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por los encartados.

Señala que, posteriormente, los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.

A los imputados se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.

El Ministerio Público calificó el hecho como una violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.

Susaña Santana cumplirá la prisión en la Fortaleza San Felipe, de Puerto Plata, y su esposa Elizabeth Baez Leonardo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago.

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2 millones de pesos y presentación periódica a pelotero Oneil Cruz

Baní, RD

El Tribunal Especial de Tránsito del Juzgado de Paz, en la provincia Peravia, impuso 2 millones de pesos y presentación periódica como medida de coerción al prospecto de los Piratas de Pittsburgh, Oneil Cruz, imputado por la muerte de tres personas en un accidente de tránsito.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, como medida de coerción en contra el pelotero por la muerte de Daniela Pérez García, Deby Beato y Jons Sabab, de 19, 20 y 23 años de edad respectivamente.

Dicho incidente ocurrió durante la madrugada del pasado lunes en la carretera Sánchez, en el tramo localizado en la comunidad de Paya en Baní, cuando los jóvenes, que viajaban en una motocicleta, fueron embestidos por Cruz, que conducía su vehículo Toyota Four Runner 2018.

Empero, el tribunal de alzada decidió aplicar al torpedero, como medida coercitiva el pago de 2 millones de pesos a través de compañías aseguradoras, según sentencia emitida la tarde de este viernes, así como la obligación de presentarse cada mes a la firma del libro de presentación periódica de la fiscalía.

La audiencia virtual inició a las 12:11 minutos del medio de día de este viernes y culminó a la 1:42 minutos de la tarde.

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Cruz reside en el distrito municipal de Nizao, mientras que las víctimas lo hacían en las localidades vecinas Palenque y Juan Varón.

Baní, considerada una de las ciudades de mayor producción de prospectos para el béisbol de las Grandes Ligas, ha tenido varios casos en los que profesionales del deporte de la zona se han visto involucrados en fatales accidentes de tránsito, algunos de estos fatales.

Entre los casos más recientes se recuerdan el de abril de 2019 con el exlanzador ocoeño Braulio Lara, quien perdió la vida en un triple choque la madrugada del Sábado Santo, en la recta Galión-Baní, de la carretera Sánchez, cuando su vehículo fue impactado por automóvil.

En septiembre de ese mismo año el derecho Miguel González, murió tras sufrir golpes en el cráneo cuando la yipeta Toyota Four Runner que manejaba chocó con un camión, en el tramo de la carretera Matanzas-Los Tumbaos, en Baní.

En las carreteras del país, según reportan medios nacionales impresos del 2014 a este al 2019, unas 11 estrellas y novatos del beisbol de las Grandes Ligas han perdido la vida en accidentes de tránsito, la mayoría en horas de la madrugada y mientras conducían sus vehículos bajo los efectos del alcohol.

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