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NACIONALES

Autoridades detienen a 67 haitianos ilegales que vivían en “túnel” del monumento de Santiago (video)

Santiago,– Miembros del equipo de interdicción de la dirección General de Migración, el Ejército y la Policía Nacional detuvieron un grupo de 67 haitianos indocumentados, quienes vivían en el lugar conocido como el túnel, del monumento y sus alrededores en esta ciudad.

Las autoridades encabezadas por Dionisio Cruz, sub-director general de Migración con asiento en la zona norte, Santiago, incursionaron en el lugar con autobuses, camionetas, camiones cárceles y patrullas motorizadas, para lograr la detención de los extranjeros en condiciones migratorias irregular para estar en nuestro país.

El grupo de 67 personas detenidas fueron llevadas en las unidades hacia el alberque en la ciudad de Santiago, de donde fueron transportados hacia la frontera por Dajabòn y devueltas a su territorio.

Los operativos que realizan en forma conjuntas las autoridades de migración, el ejército y también la policía, forman parte del acuerdo interinstitucional que firmaron el director general de migración Enrique García y el ministerio de defensa, para llevar a cabo las operaciones en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en la zona fronteriza, donde llevan cabo la operación Valla Onda que ha dejado un saldo de más de 40 mil detenidos en la Linea Noroeste, en lo que va de este año.

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NACIONALES

Exmiembros de Cámara de Cuentas en la mira de las autoridades tras perder privilegio de jurisdicción

Los salientes miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas están en la mira de las autoridades judiciales hoy más que nunca, ya que luego de que perdieran la jurisdicción privilegiada, el Ministerio Público ha comenzado a agilizar sus investigaciones a fin de realizar los sometimientos lo antes posible en los tribunales ordinarios.

La información de personal del Ministerio Público sale a la luz luego de que el pasado jueves fuera juramentado un nuevo Pleno en la Cámara de Cuentas y se produjera la salida del grupo investigado por varios delitos de supuesta corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.

Tan pronto se produjo la salida del investigado Hugo Álvarez (presidente saliente), y los demás exmiembros del Pleno, también bajo investigación, han comenzado a surgir las peticiones de justicia de parte de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de esos grupos es Marcha Verde, organización que a través de un comunicado informó lo siguiente: “Marcha Verde espera que no haya borrón ni cuenta nueva. Que sean sometidos todos los que han violado las leyes y han usurpado el dinero público o se han callado ante los casos de corrupción, más aun reclamamos que haya justicia ejemplar contra los que desde la función pública han tratado de ocultar o eliminar pruebas para favorecer intereses particulares”.

También advirtieron: “Si no hay resultados concretos, reafirmamos que iremos a las calles vestidos de verde a reclamar que los corruptos sean investigados, procesados y sometidos a la justicia”.

Operación Caracol
Sobre este caso, la información oficial del Ministerio Público establece que como parte de la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, investigan al organismo encabezado por Hugo Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, entre otros delitos.

En el marco de este operativo, el Ministerio Público hizo un allanamiento en la institución, donde realizaron diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.

Además de Álvarez Pérez, la investigación por alegada corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes conformaban el Pleno de la Cámara de Cuentas.

Los miembros del Pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano, establecen varios comunicados de la Procuraduría General de la República.

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