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Policía Nacional destituye comandante departamental tras asesinato de esposos evangélicos en Villa Altagracia

La Policía Nacional cumpliendo con el compromiso de investigar todo hecho que atente contra la tranquilidad social, sin importar quienes sean los transgresores, informó sobre la destitución del coronel César Martínez Lora, comandante del operativo de Villa Altagracia, al tiempo de condenar el confuso incidente donde una pareja de pastores evangélicos perdió la vida a manos de una patrulla en el municipio de Villa Altagracia.

Indicó que desde ahora, el nuevo titular de esa dotación policial será el coronel Juan José Castillo Martínez, a quien exhortó cumplir su nueva misión como garante del clima de seguridad ciudadana y la paz social que debe imperar en la comunidad de Villa Altagracia y zonas aledañas.

Por este caso, están suspendidos y bajo la investigación del Ministerio Público y de los organismos de control como la Inspectoría General y Asuntos Internos de nuestra Policía Nacional, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solis.

La Dirección General de la Policía Nacional condenó la acción que involucra a los agentes policiales, por lo que se trabajará con transparencia y objetividad en el debido proceso de investigación para establecer la verdad del hecho.

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Pandilla haitiana “400 Mawozo” pide 17 millones de dólares para liberar misioneros estadounidenses y un canadiense

PUERTO PRINCIPE.- Agencias estadounidenses, incluyendo al FBI, trabajaban en conjunto con las autoridades de Haití para intentar garantizar la liberación de los 12 adultos y cinco menores relacionados con el grupo Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, que desaparecieron el sábado durante un viaje para visitar un orfanato.

Pero la pandilla 400 Mawozo, un grupo con un largo historial de asesinatos, secuestros y extorsión, ya le puso precio a la liberación de los cautivos: un millón de dólares por cabeza.

Así lo confirmó el Ministro de Justicia haitiano, Liszt Quitel, que confirmó que están en contacto con el grupo criminal. El total que exigen los secuestradores, por tanto, es de 17 millones de dólares.

“Estamos intentando que los liberen sin pagar ningún rescate”, dijo Quitel, en declaraciones reportadas por el Wall Street Journal, aunque admitió que las negociaciones pueden tomar semanas.

“Este es el primer curso de acción. Seamos sinceros: cuando les demos ese dinero, ese dinero se va a utilizar para más armas y más municiones”, agregó.

Según explicó, las autoridades buscan un resultado similar al conseguido durante el secuestro en abril de un grupo de sacerdotes y monjas católicos, hecho por la misma banda. En ese caso, los cinco sacerdotes, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales de mes, y el rescate solo se pagó por dos de los sacerdotes. “Ese sería el mejor resultado”, añadió.

Una de las personas secuestradas la semana pasada envió un mensaje desesperado a un grupo de WhatsApp cuando ocurrió el incidente, dijo el diario estadounidense The Washington Post. “¡Oren por nosotros por favor! Estamos secuestrados, secuestraron a nuestro conductor. Oren, oren, oren. No sabemos a dónde nos llevan”, se lee en el mensaje según el diario.

“La policía es incapaz de enfrentarse a las bandas que se organizan cada vez más y controlan cada vez más territorios, en el área metropolitana (de Puerto Príncipe) pero también en las ciudades del interior del país”, lamentó Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CAIDH). “La naturaleza aborrece el vacío, por eso las pandillas lo aprovechan para fortalecerse”, agregó, explicando la proliferación de bandas criminales por “la ausencia del Estado”.

Las bandas armadas, que desde hace años controlan los distritos más pobres de la capital, han extendido su poder a los alrededores de Puerto Príncipe, donde el número de secuestros extorsivos está en aumento. Se registraron más de 600 casos de esos delitos en los primeros tres trimestres de 2021, contra 231 en el mismo período en 2020, según cifras del CAIDH. Las pandillas exigen décadas de salarios a familias que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Mientras las autoridades buscan la liberación de los 16 estadounidenses y un canadiense, una huelga encabezada por los sindicatos locales y otras organizaciones paralizó buena parte de la vida diaria el lunes en Puerto Príncipe. Los conductores de transporte público se quedaron en casa, y las tiendas y escuelas permanecieron cerradas.

“La población ya no aguanta más”, dijo Holin Alexis, un chofer de mototaxi que participó en la huelga.

Las barricadas de neumáticos incendiados cerraban el paso en algunas calles de la capital y de otras ciudades, como Les Cayes, en el sur del país, y algunas personas arrojaron piedras hacia los conductores que ocasionalmente transitaban por el lugar.

La nación más pobre del hemisferio occidental nuevamente lidia con un aumento en los secuestros relacionados a las pandillas, los cuales habían disminuido en meses recientes, después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su residencia el 7 de julio y que un sismo de magnitud 7,2 cobrara la vida de más de 2.200 personas en agosto.

“Todo el mundo está preocupado. Están secuestrando a personas de todas las clases sociales”, dijo Méhu Changeux, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, en declaraciones a la emisora radiofónica Magik9. Dijo que el paro laboral continuaría hasta que el gobierno pueda garantizar la seguridad del pueblo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló el domingo que estaba en contacto frecuente con las autoridades haitianas y seguiría colaborando con ellas y otros aliados.

“El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las máximas prioridades del Departamento de Estado”, subrayó la agencia en un comunicado.

Christian Aid Ministries señaló que en el grupo de personas secuestradas hay seis mujeres, seis hombres y cinco menores de edad, incluyendo un niño de 2 años.

Un letrero en la entrada de las oficinas de la organización en Berlin, Ohio, señalaba que el lugar estaba cerrado debido a la situación de los secuestros.

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