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Salud Pública cierra el Centro Médico Monumental

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este jueves que procedió al cierre de manera temporal del Centro Médico Monumental por violar varias disposiciones de la Ley General de Salud 42-01 y el Reglamento 11-38 de Habilitación y Acreditación, que establece los requisitos para operar establecimientos sanitarios.
La solicitud de cierre de la referida clínica se hizo a través de varias denuncias de muertes de pacientes en medio de proceso quirúrgicos, el cual fue practicado por un médico que no está en la plantilla de personal autorizado por el lugar para ese tipo de procedimientos, por lo que la entidad, tras agotar el proceso requerido, acudió a cerrar el centro, en coordinación con la fuerza pública.
El ingeniero Eduardo De León, director de Habilitación y Acreditación dijo que realizan los esfuerzos necesarios para garantizar que los centros médicos cumplan las disposiciones de la Ley General de Salud y el Reglamento de Habilitación, por lo que previo a cerrar cualquier establecimiento se reúnen con las partes y le dan el tiempo reglamentario para corregir las fallas, ya que la intención no es perjudicar a nadie, sino garantizar la vida las personas.
“De acuerdo a la resolución 000016, el centro sanitario incumplió los estándares que le permitieron la habilitación y no obtemperó a la solicitud de correctivos ordenada por la dirección de Habilitación y Acreditación del MSP” dijo.
Además, los técnicos de la dirección de Habilitación y Acreditación comprobaron que el establecimiento también carece de un lugar adecuado para el almacenamiento de los utensilios quirúrgicos y medicamentos.
El informe establece que los administradores del lugar no acataron el cese de operaciones y prestación de servicios notificada por las autoridades mediante una visita de inspección realizada a principios de marzo pasado.
El centro está ubicado en la avenida Gaspar Polanco 17, esquina Carmen Mendoza, en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.
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Exmiembros de Cámara de Cuentas en la mira de las autoridades tras perder privilegio de jurisdicción

La información de personal del Ministerio Público sale a la luz luego de que el pasado jueves fuera juramentado un nuevo Pleno en la Cámara de Cuentas y se produjera la salida del grupo investigado por varios delitos de supuesta corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.
Uno de esos grupos es Marcha Verde, organización que a través de un comunicado informó lo siguiente: “Marcha Verde espera que no haya borrón ni cuenta nueva. Que sean sometidos todos los que han violado las leyes y han usurpado el dinero público o se han callado ante los casos de corrupción, más aun reclamamos que haya justicia ejemplar contra los que desde la función pública han tratado de ocultar o eliminar pruebas para favorecer intereses particulares”.
También advirtieron: “Si no hay resultados concretos, reafirmamos que iremos a las calles vestidos de verde a reclamar que los corruptos sean investigados, procesados y sometidos a la justicia”.
En el marco de este operativo, el Ministerio Público hizo un allanamiento en la institución, donde realizaron diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.
Además de Álvarez Pérez, la investigación por alegada corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes conformaban el Pleno de la Cámara de Cuentas.
Los miembros del Pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano, establecen varios comunicados de la Procuraduría General de la República.
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