El resultado de la investigación dispuesta por el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, llevó a este miembro titular del organismo a plantear un proyecto de ley para solucionar el escándalo, lo que provocó el enojo de su presidente, Roberto Rosario, y un preocupante conflicto público.

De 67 nacionalidades.  Aunque el inventario de madres extranjeras no residentes que registraron hijos entre  1982 y  2010 implicó a personas de 67 nacionalidades, el 84 por ciento afecta a descendientes de haitianos, proporciones coherentes con las “más de 60 nacionalidades” y el 87 por ciento de origen haitiano, que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes. De un total de 22,663 casos, los de ascendencia haitiana son 19,015.

La segunda mayoría es la estadounidense, con 521, el 2.29 por ciento,  y 470 de China para 2.07 por ciento. De Venezuela se registran 218, de España 198, de Holanda 117 y  de Cuba 101.

La mayor parte están en el Sureste, asiento fundamental de la industria azucarera que atrajo las primeras inmigraciones haitianas. Por provincia, La Romana encabeza con 7 mil 55, el 31 por ciento, seguida del Distrito Nacional, con 2,809, el 12 por ciento y San Pedro de Macorís con 2, 392 casos para un 10.5 por ciento. La Altagracia registra 1,986, el 9 por ciento, Monte Plata 1,528, el 7 por ciento y la provincia de Santo Domingo el 5 por ciento, con 1,071 casos.

El informe detalla los casos por municipios, lo que permite apreciar más claramente el influjo de los ingenios azucareros y que se trata de viejos inmigrantes, dada la decadencia de la producción azucarera en las últimas dos décadas. Resaltan los municipios cañeros como Guaymate, con 3,521 casos, casi igual que los 3,534 de La Romana. San Pedro de Macorís con 2,032, San Rafael del Yuma con  662, Bayaguana 884, Esperanza 847, El Seibo 810, Santo Domingo Este 789, Sabana Grande de Boyá 601, Higüey 324, Hato Mayor 269, Sosúa 214, y Bajos de Haina 183.

Alcances del inventario.  Ante las denuncias nacionales e internacionales sobre el creciente despojo de la nacionalidad, en el año 2010 el doctor José Angel Aquino, en su calidad de coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE, auspició un formulario a las 168 oficialías del Estado Civil para recabar información sobre el número de hijos que pudieran ser afectados por la Resolución 12-07, de diciembre de 2007 de la JCE, la cual ratificó la Circular 17 de su Cámara Administrativa, que el 17 de marzo de ese año prohibió a los oficiales civiles expedir copias de actas de nacimiento “relacionadas con padres extranjeros que no han probado su estatus legal de residencia”.

La circular 17, que inició el genocidio civil, fue emitida a espaldas del Pleno de la JCE, bajo la firma de Roberto Rosario que presidía la Cámara Administrativa, y con la aprobación de Aquino y del doctor César Francisco Féliz, miembros. Ante las múltiples protestas, la disposición fue llevada 9 meses después al Pleno que la ratificó a unanimidad, aunque poco después los miembros Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares pidieron su derogación, en sendos documentos, por  considerarla inconstitucional e ilegal.

El 12 de diciembre de 2012 Aquino dirigió una comunicación a seis  funcionarios de la JCE, encabezados por la directora del Registro Civil, dando cuenta del inventario, que totalizó los 22,673 casos en disputa. Detalla que 12,914 de las inscripciones de hijos de madres extranjeras, más de la mitad, se hicieron sin documento alguno, 3,597 con pasaportes, 2,895 con fichas (del Consejo Estatal del Azúcar), 2,749 con cédulas, 496 con carné y 22 con seguro social. Recoge el nombre del inscrito, de la madre y el padre, con sus respectivas nacionalidades y documentos, si los tenían, fecha, así como número del libro, folio y acta.

Trasciende el conflicto.  La iniciativa de Aquino lo ha distanciado de la posición radical de Rosario, y lo ha acercado a la que sustentó solitario el miembro titular Eddy Olivares. Ambos rechazaron la decisión de enviar los 22,673 casos a Migración y han coincidido también en cuestionar aspectos fundamentales de los términos de condiciones para adquirir equipos, materiales y servicios para la emisión de una nueva cédula de identidad para la totalidad de la ciudadanía. Rosario cuenta con el apoyo de los magistrados Féliz y Altagracia Graciano de los Santos.

La confrontación se ha manifestado en los medios de comunicación y ante comisiones congresionales, originando la creación de una comisión de diputados para indagar el conflicto, en medio de alientos de los militantes del antihaitianismo que hace tiempo quieren la cabeza de Olivares, y ahora también la de Aquino.

Esta semana el Pleno de tres de la JCE rechazó que “se hayan presentado a nuestras instalaciones la cantidad de 22,673 personas a solicitar la expedición de actas de nacimiento y que las mismas se les hayan negado”. Dicen que ninguna dependencia de la JCE dispuso el inventario y que éste “ha sido únicamente responsabilidad” del magistrado  Aquino”, ignorando su  condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y que al remitir el inventario a los magistrados, el 24 de abril, Aquino dijo que fue hecho por los oficiales del Estado Civil y los formularios “fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la Dra. Dolores A. Fernández Sánchez, Directora Nacional de Registro del Estado Civil”.   Aquino no ha dicho que los 22,673 casos se han presentado a solicitar copias de actas, sino que están expuestos a ser afectados.

  Cuántos son los excluidos.  Nadie ha podido precisar con certeza a cuántas personas de ascendencia extranjera, nacidas en el país y registradas como dominicanas se les ha negado copias de su acta de nacimiento desde que se emitió la Circular 17 en  2007, aunque se concuerda en que son miles. Menos se ha podido saber cuántos son los potencialmente expuestos, además de los 22,673 del inventario, ya que el mismo solo cuantificó a partir de 1982, y han aparecido afectados sobre 50 y hasta 60 años de edad, aunque como la generalidad es pobre, pocos son los que requieren una copia de su acta de nacimiento, teniendo cédula, después de los 40 años. Si para emitir la nueva cédula se requiere el acta de nacimiento, entonces serían varias decenas de miles los afectados. El comunicado del Pleno afirma que “solo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales solo unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados”. Pero no indica cuántas están bajo investigación, sin suspensión formal, pero negadas de facto.

Ya el 16 de julio de 2008, en un “Comunicado a la Opinión Pública” que se incluye textualmente como Anexo IX.12 en el Volumen III del Informe Política Social: Capacidades y Derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, 2010, la JCE informó que tenía bajo investigación 9,028 expedientes que “afectan las actas del Estado Civil, de los cuales “3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular 17 emitida por la Cámara Administrativa de esta institución”. Una fuente bien informada de la propia JCE sostiene que casi cinco años después serían unos 7 mil a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Los propios grupos de solidaridad con los afectados por la desnacionalización tampoco han podido precisar cantidad. En  2011 el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes cuantificó 1,584 en un estudio que abarcó solo las comunidades de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neiba.

Proyecto de solución
Aquino había sido, junto a Rosario, un fervoroso defensor de la Circular 17 y de la Resolución 12-07, pero el inventario y la magnitud de las denuncias, nacionales e internacionales, le hicieron consciente del alcance del genocidio civil. Debió considerar también que habrían otros miles inscritos antes de 1982, por lo que elaboró un “Anteproyecto de Ley sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana”, con la esperanza de “contribuir a buscar una solución”, planteando que “Resulta imperiosa la necesidad de discutir propuestas e ideas que definan este tema de manera integral, tomando en cuenta su aspecto legal y humano, con el propósito de evitar la ocurrencia de casos de apatridia y garantizar el derecho a un nombre, identidad y nacionalidad de los afectados”.

El anteproyecto crearía un procedimiento para conceder la nacionalidad dominicana al titular de las actas de nacimiento suspendidas, previo aporte de documentos que demuestren sus vínculos con el país y que la JCE realice las investigaciones correspondientes. Es un híbrido con intención de resolver el conflicto, pero ha sido rechazado por los dominico-haitianos y sus defensores, bajo el criterio de que no se les puede conceder lo que ya habían obtenido por derecho, porque daría visos de legalidad al despojo de que han sido víctima y podría prestarse a discriminaciones.

En principio el anteproyecto  tuvo apoyo de la Comisión de Oficialías de la JCE, pero la oposición radical de Rosario logró que lo desestimaran, lo mismo que hizo el Pleno de la Junta en sesión del 21 de febrero pasado, que dispuso “Unico: Desestimar el Anteproyecto…y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según reza la certificación escrita y firmada por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos.

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Por los medios de comunicación y pasillos de oficinas públicas circula un pasquín de 23 páginas que habla de altos niveles de corrupción en el gobierno. Los involucrados son figuras de suma confianza del presidente. El caso, por ejemplo, de una secretaria con más de 15 años al lado del  mandatario que, para no cancelarla, recibió una licencia indefinida.

El gobierno, a través de sus organismos de seguridad, sabe quién escribió el pasquín. Y sabe qué sector representa dentro del oficialismo. La acción no es casual. Digamos que es un pleito entre pájaros del mismo nido. Pero más allá de las verdades o mentiras del pasquín, lo cierto es que el gobierno de Danilo no parece interesado en combatir la corrupción, que el “borrón y cuenta nueva” es un hecho, por aquello de no “mirar hacia atrás”, ni lanzarle “ladrillos al pasado”.

En su discurso de toma de posesión Danilo prometió ser drástico contra los deshonestos que traicionan la confianza de la ciudadanía; pidió ser juzgado por sus hechos, no por sus palabras. Puede que el pasquín esté lleno de mentiras y falsedades, pero algo de verdad tiene. Y Danilo tiene que saberlo.

Hasta el momento no hay un solo sometimiento serio a la justicia de ningún funcionario de relevancia del gobierno pasado que presidió Leonel Fernández, ni del actual. Y eso son los hechos. Esa es la verdad. Es innegable que la gestión pasada del PLD fue la más corrupta de toda la historia del país; que ningún otro recibió más dinero; que ningún otro endeudó más el país, pero al mismo tiempo ningún otro robó más. Y sin embargo, no hay uno, preso.

El contrato de la Barrick Gold, más el préstamo de 130 millones de dólares de la Sun Land, debieron provocar un escándalo. Sin embargo, no ha pasado, ni parece que pasará nada. Un manto de impunidad lo cubre todo desde una buena parte de los medios de comunicación y hasta de la iglesia cuyo cardenal habla todos los días menos de esos temas. Durante la era de Leonel se denunciaron más de 200 casos de corrupción. Ninguna fue debidamente investigada. ¡Ninguna! ¡Por eso no hay un solo preso por corrupción!

El látigo que Danilo dijo tener para castigar a los corruptos, aun nadie lo siente. Nadie ha recibido un solo latigazo. Ojalá no sea de seda cina.

Danilo dijo que, al igual que la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, cancelaria funcionarios, incluyendo ministros, solo por el rumor público. La presidenta de Brasil ha metido preso a decenas de dirigentes importantes de su partido que fueron funcionarios del presidente Lula, su amigo y compañero. (Más de 250 años de cárcel recibirán los corruptos de Brasil del partido oficial). En República Dominicana no hay presos, ni detenidos del PLD a pesar de las pruebas. (¿?)

El presidente Medina debe dar ejemplos, enviar mensajes claros, con hechos, de su lucha contra la corrupción, pues de lo contrario el gobierno se le irá de las manos. La corrupción no se ha detenido durante estos meses de gestión. Ha seguido su curso con nuevos personajes. El Ministerio Público luce temeroso. No parece dispuesto a enfrentar la “mega corrupción” del pasado, ni la del presente. La política se lo impide.

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Algunos de nuestros más encumbrados sacerdotes deben extrañar al fraile dominico Tomas de Torquemada, celebre inquisidor que durante sus masacres no establecía diferencia entre cristianos y herejes porque esa era misión de Dios cuando todos llegaran al cielo para ser juzgados por sus pecados.

La iglesia condena el aborto en cualquier circunstancia, no importa que esté en peligro la vida de la madre, ni que el embarazo sea resultado de una violación. La vida, dice, comienza desde la concepción.

La iglesia católica dominicana no quiere control familiar. Que la gente tenga los “hijos que Dios manda”. (Luego pide “mano dura” contra la delincuencia que cometen los pobres muertos de hambre)
La iglesia católica dominicana no quiere anticonceptivos. Nada de pastillas del día antes o después. Nada de condones.

La iglesia católica dominicana no quiere que la gente se masturbe porque también es un pecado. (¿Y entonces?)

La iglesia católica dominicana va por un camino, pero la gente va por otro, como líneas paralelas.

La iglesia católica dominicana no se da cuenta de que los tiempos han cambiado y con el tiempo la manera de pensar y de actuar de las personas. La dinámica social es indetenible.

Nadie ha podido detener el tiempo, ni evitar las transformaciones sociales, ni siquiera las dictaduras más inhumanas, crueles y sanguinarias. La propia Iglesia Católica, que es resultado de las guerras y los intereses que ella misma ha propiciado, ha podido detener el curso del desarrollo humano. El dogma religioso, ni el terror del infierno eterno para los pecadores, han detenido los procesos históricos.

La fe, pura y simple, muda y ciega, no basta. La ciencia y la tecnología marchan a pasos agigantados estableciendo verdades y destruyendo mitos. (La verdad científica ya no es posible ocultarla, ni las herramientas que la tecnología pone al servicio de la medicina, la agricultura y otras ciencias) Las iglesias y las religiones de todo el mundo, tienen que estar a tono con los tiempos si no quieren desaparecer.

La Iglesia Católica Dominicana no impedirá los abortos aunque esté en la Santa Constitución de San Leonel. No podrá evitar los anticonceptivos, ni la masturbación aunque venga el Papa a decirlo.

Dice su eminencia reverendísima que los “derechos sexuales son un invento de gente sin principios”. Su eminencia reverendísima debería pensar mejor antes de hablar. Y debería mirar hacia dentro. Ver lo que ocurre en su iglesia con la sexualidad de sus miembros donde los pedófilos abundan.

La educación sexual forma parte de la educación integral de una persona. La educación no puede ignorar la sexualidad. Una sexualidad responsable solo es posible mediante la educación de niños y niñas, como en efecto lo está haciendo Profamilia.

La planificación familiar es fundamental hoy día para el desarrollo de cualquier nación. De hecho el impacto del crecimiento poblacional sobre el planeta en materia de alimentación, energía y otras necesidades, está siendo estudiado por científicos de todo el mundo.

En ese sentido, yo, al igual que miles de hombres y mujeres libres de este país donde se supone existe un Estado de Derecho, laico por demás, estoy de acuerdo con la educación sexual temprana desde las escuelas públicas, de la misma manera que apoyo el aborto.

El rol de la Iglesia no lo puede jugar el Estado. De igual modo, el rol del Estado no lo puede jugar la iglesia. Cada cosa en su lugar. (El Feudalismo hace siglos desapareció, eminencia reverendísima).

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Desbrozando camino, despejando miradas entre los escombros de tiempo convulso, trato de vivir con rostros que me eleven  mi potencia, que no degraden el encanto de la felicidad, condición humana que persevera en el cuerpo, en la vida, mientras vida tenga.

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Sólo el rescate de los procedimientos democráticos para elegir nuevos dirigentes podría permitir al PRD superar su prolongado calvario, pero su presidente sigue boicoteando todos los intentos de mediación y solución, persistiendo en su empeño de concertar afuera e imponerse dentro.

Esperanza que se esfuma. El encuentro verificado el viernes 3 de mayo entre el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y el expresidente de la República Hipólito Mejía despertó expectativas de reunificación entre diversos sectores de ese partido, pero parecieron esfumarse en apenas una semana al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.

Al conocerse del encuentro la reacción inicial fue de incredulidad y sorpresa, pues ni en la campaña electoral del año pasado se logró reunir a esos dirigentes políticos, a pesar de múltiples mediaciones, hasta de familiares. Se dio por hecho un cambio de actitud y se comenzaron a trazar rutas para el restablecimiento de la unidad, aunque algunos advertían que no avalarían “acuerdos de aposento”, y que cualquier solución tendría que incluir a todos los sectores, con aval de los organismos partidarios.

La proximidad del aniversario de la desaparición de Peña Gómez alentó las expectativas de que se aprovechara la ocasión para, invocando al líder histórico, realizar una conmemoración unitaria que empujara un compromiso de concertación. Por canales de mediación se propuso restablecer la presencia de todos en una misa conmemorativa, como se hizo hasta el 2010.

La misa unitaria era, para los más eufóricos, una manera de demostrar que se iniciaba una nueva etapa de entendimiento entre los perredeístas. Para los incrédulos y desconfiados era poner a prueba la disposición de los dos protagonistas más allá del encuentro celebrado bajo la sombra del general retirado Miguel Soto Jiménez y el médico José Joaquín Puello.

Un José Joaquín Puello. En la euforia que siguió al encuentro Vargas-Mejía, sectores perredeístas llegaron a plantearse la posibilidad de escoger una nueva dirección plural, presidida por alguien aceptable para todos y que no aspire a la candidatura presidencial, llegándose a identificar al neurocirujano José Joaquín Puello, sin excluir a otros como el también médico Jesús Feris Iglesias.

El doctor Puello fue candidato vicepresidencial del PRD en el 2008 en la boleta que llevó de candidato presidencial a Vargas Maldonado, justamente por su integridad y su carácter conciliador y afable y por su pluralidad y ascendiente en diversos sectores nacionales. Respaldó a Vargas en la lucha por la candidatura presidencial del 2012, pero terminó aceptando y respaldando a Mejía, aunque se ha mantenido entre quienes han mediado para subsanar los conflictos derivados de la lucha interna.

Se afirma que el doctor Puello sería aceptable para los mayores protagonistas de la confrontación perredeísta, pero también para Luis Abinader, quien busca afianzar su propia identidad y camino, aunque se teme que pudiera producir disgusto en algún legítimo  aspirante a la presidencia del partido, pero que terminaría en consenso en aras de la unidad.

Varios dirigentes perredeístas consultados se mostraron partidarios de un presidente de consenso, aunque algunos reconocen que es una tarea muy difícil y requeriría una dedicación de tiempo completo, sobre todo cuando se les recordó que personas de la integridad e independencia de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea y Quico Tabar terminaron siendo impugnados por Miguel Vargas como árbitros en la convención que desató la crisis con la elección de Hipólito Mejía para candidato presidencial del 2012.

El tiempo apremia. En las tertulias políticas se discutió intensamente sobre las causas que determinaron la reciente reunión Vargas-Mejía. Unos la creen resultado de la última encuesta Gallup-HOY que mostró a Abinader como primera opción para la próxima candidatura presidencial con 26 por ciento en el electorado y 41 por ciento entre los que se identificaron como perredeístas, atribuido en parte al cansancio de la pugnacidad entre los dos últimos candidatos presidenciales del PRD.

Vargas con 9 por ciento de las preferencias de los perredeístas, luce muy rezagado, y aunque Mejía registró un 35 por ciento, “ya fue presidente y lleva dos intentos de regreso frustrados y frustratorios”. Una de sus defensoras dijo que, a diferencia de Vargas y Abinader, él no ha dicho que aspira a la candidatura del 2016 y que si lo proclama sube.

Otra explicación de la reunión es el reconocimiento mutuo de que el tiempo apremia y de que en julio termina el período para el que Vargas fue electo presidente del partido. Se reconoce que Mejía siempre ha estado abierto al diálogo, y que lo demostró cuando en la campaña fue al local del partido, anunciando su interés de reunirse con Vargas, lo mismo que al almuerzo con que los hermanos de éste intentaron juntarlos dos semanas antes de los comicios del año pasado.

Se atribuye también la reunión al convencimiento de ambos de que se les puede hacer tarde para relanzar el partido blanco, con 21.7 por ciento de preferencias en la última encuesta Gallup. Y no faltan quienes plantean que Vargas busca ganar tiempo, desconcentrando a sus contradictores que han venido celebrando masivas asambleas partidarias en todas las provincias, lo que él ha limitado a dos o tres, por el alto rechazo de la militancia perredeísta que lo señala como mayor responsable de la crisis.

El presidente del PRD administrará este año unos 225 millones de  pesos del presupuesto nacional, lo que le implica una ventaja significativa para el proselitismo interno y atraerse adherentes, sobre todo si logra mantener la facultad para registrar candidaturas para el 2016, cuando millares de perredeístas aspirarán a todos los cargos electivos.

Rescate de la democracia. El rescate del PRD pasa necesariamente por el restablecimiento de los procedimientos democráticos, porque aunque los principales protagonistas de sus luchas internas se pongan de acuerdo en un procedimiento, cuando llegue la hora de escoger candidato volverán a dividirse, a menos que acepten los principios básicos de la democracia que en los partidos tienen expresión en los organismos de dirección.

Ese rescate luce tan difícil como el de los principios ideológicos que durante décadas dieron vigencia al perredeísmo y le permitieron sobrepasar numerosas crisis y divisiones. Pero las ambiciones y los intereses individuales han predominado, con expresiones de clientelismo. Los que aún creen en los principios socialdemócratas que animaron al PRD no tienen recursos económicos para competir con los empresarios de la política.

Mientras tanto, el PRD sigue en proceso de desgaste acelerado, incapacitado para ejercer su responsabilidad como primera fuerza política de oposición, por lo que la sociedad se va acostumbrando a vivir sin contar con esa fuerza predominante por más  de medio siglo. Sus principales dirigentes han lucido errantes buscando favores y acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con contrincantes del partido gobernante, pero negados a dialogar entre ellos mismos.

Un balde de agua fría

Por una carta conciliatoria de Hipólito Mejía a Miguel Vargas del miércoles 8, se supo que éste rechazaba “lo ideal” de celebrar la misa con la presencia de todo el liderazgo partidista.

El expresidente mostró resignación, indicando que no debía ocurrir nada que dañara la memoria de Peña ni el proceso iniciado con el encuentro del día 3, y propuso la integración de una comisión de tres representantes de cada uno de los dos sectores enfrentados para preparar el protocolo que “permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive actualmente el partido, lo que es exigido a gritos por la mayoría de los dominicanos, especialmente los perredeístas”.

Vargas terminó de echar un balde de agua fría al entusiasmo perredeísta cuando el jueves, respondiendo a los reporteros sobre la solicitud de Mejía, dijo que “nosotros no vamos a discutir nada al margen de lo que son los organismos del PRD, porque así es como se fortalece la democracia, donde prevalezca la posición de la mayoría”. Se ignora si alguno de los mediadores habrá podido rescatar la ruta de entendimiento, explicándole a Vargas que la propuesta busca explorar caminos de entendimiento que democráticamente tendrían que desembocar en los organismos máximos del partido que hace tiempo no funcionan.

Uno de los dirigentes consultados expresó su convicción de que los mediadores deberán proseguir una tarea en la que han fracasado numerosos mediadores desde que se originó la crisis tras los resultados de la convención que el 6 de marzo del 2011 escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. Todos los intentos, incluyendo los impulsados por familiares y los que han involucrado a personalidades religiosas, han tropezado con la renuencia de Vargas a aceptar un diálogo. Los otros sectores, incluyendo a Mejía, siempre han mostrado disposición.

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El ex presidente Mejía ha dado muestras más que suficientes de querer un entendimiento. Pero su contraparte no. Al contrario, hasta hace apenas unos días se empecinaba en decir que no hablaría, ni se reuniría con los “expulsados” alegando una falsa institucionalidad que le otorgó un Tribunal Superior Electoral dirigido por Leonel Fernández.

La correlación de fuerzas a lo interno del PRD favorece ampliamente a la dirección ética y moral que encabezan Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez, entre otros. La encuesta Gallup publicada recientemente le otorga un 9 % (en realidad es un 8) al “presidente” del PRD.

Tal vez ese porcentaje tan bajo, para alguien que constantemente decía tener un 98 %, sirva para explicar las reuniones con Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Alfredo Pacheco y César Sánchez, entre otros. Insistir en dividir al PRD ya no es negocio. Más del 90 % está con Hipólito. Otorgarle la franquicia al sector minoritario de Miguel sería una locura que Leonel y el gobierno no podrán cometer sin pagar las consecuencias, porque “lo mucho hasta Dios lo ve”.

En ese sentido lo más inteligente (algo que ha faltado) sería lograr un entendimiento. “Una salida digna” o “un bajadero decoroso”, donde nadie se sienta atropellado ni mancillado. Ahora bien, ¿sobre qué base? ¿Sobre la base de “acuerdos de aposentos” o “acuerdos en casas de veraneos” de intermediarios menos idóneos, para repartir cargos y prebendas? ¿Sobre la base de no mirar hacia atrás, ni lanzarle ladrillos al pasado, como dijo Danilo Medina cuando justificó su borrón y cuenta nueva con la corrupción? No, así no es. O no debe ser. Lo que procede es un acuerdo sobre la base de respetar los estatutos y los organismos del partido. Consensuar una agenda de trabajo, con un calendario fijando fechas para reunir la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional de cara a la convocatoria de la Convención para elegir las nuevas autoridades con la participación masiva y democrática de los perredeístas.

El que quiera ser presidente del PRD que se gane la simpatía de las bases. Que sean los miembros del partido quienes lo elijan democráticamente. El que quiera ser candidato a cualquier cargo público, incluyendo la nominación presidencial, que lo escojan las bases. ¡El dedo índice de ningún líder puede volver a escoger candidatos en el PRD!

“La soberanía del Partido reside en su militancia y se ejerce a través de sus organismos”, dice el estatuto del PRD en su artículo 19. Cualquier entendimiento que ignore los estatutos y desconozca el poder decisivo de las masas, es nulo de pleno derecho. Ojalá el PRD se encuentre a sí mismo. No será fácil. Hay muchas piedras en el camino. Muchas desde el gobierno y desde el propio partido. Ya veremos.
Mientras, el que quiera perdonar agravios y traiciones, que lo haga, pero que no olvide.

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Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

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“!Llámame a la tayota!”, “!dile a la tayota que venga”!, eran alusiones, según mis fuentes, oídas frecuentemente en el comando de campaña del ex mandatario al referirse a Abinader, un empresario de éxito, de familia acaudalada y de larga militancia perredeista, a quien Gallup, la biblia de las encuestas, acaba de colocar puntero entre los presidenciables del PRD, favorecido por el 26% de los ciudadanos y el 41% de apoyo partidario de cara a los comicios del 2016.

“Tayota” es una expresión dominicana que alude al tayote, chayote, chocho o mirliton –como se conoce en Las Antillas- y que es un fruto que se utiliza como hortaliza para la alimentación humana. Es originario de México, de los indígenas Náhuatl, donde se conocía antes de la colonización española, se cultiva en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Perú, entre otras naciones.

Motejar a Abinader con tal nombre parecía un recurso psicológico de Mejía para motivar el accionar proselitista del compañero de fórmula seleccionado a destiempo, en momentos que crecían las presiones para que cediera la candidatura vicepresidencial a Miguel Vargas, en aras de la unidad partidaria, factor decisivo de la derrota perredeista.  Consecuencia del fracaso electoral, Abinader formó una tercera fuerza interna que compite en medio de la lucha irreconciliable que sostienen Mejía y Vargas, y que aparentemente ha comenzado a rendirle pingües beneficios políticos. Pero así como la “tayota” no satisface a quien la come, el supuesto liderazgo de Abinader se puede desinflar cuando a Mejía se le antoje.

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De esta injusta relación contractual entre la multinacional minera Barrick Gold y el Estado dominicano lo único  positivo que podemos resaltar es que ha sacado de las entrañas de este pueblo el deseo inquebrantable de estar unido en torno a un propósito nacional: la renegociación de ese contrato. Ese empoderamiento por parte de los dominicanos, ha hecho del caso Barrick un tema de carácter patriótico, ya no solo económico y financiero.

Diferente al pasado, hoy la nación sabe que en esas tierras de Pueblo Viejo puede estar el pago de nuestra deuda pública, el financiamiento de los proyectos sociales del gobierno o de manera muy particular, la solución a la histórica crisis eléctrica del país. Por así decir, al menos tres mil millones de dólares serían necesarios para la solución de nuestros problemas energéticos y tan solo con los mil millones de dólares de multa que la Direccion General de Aduanas pondría a la Barrick Gold, el Estado dominicano pudiera instalar dos plantas de generación eléctrica a carbón de 250 megavatios cada una y con las utilidades de los dos próximos años completar la inversión total.

No podemos negar que muchos de los grandes problemas del país no han sido resueltos por la incapacidad en liderazgo nacional de ponerse de acuerdo respecto a la solución pertinente. Sin embargo, en lo concerniente al contrato de Barrick Gold, tal es la unificación de criterios, que hasta embajadores con misión clara de defender las multinacionales, han tenido que ponerse del lado del pueblo.

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