Auditoría de Superintendencia de Bancos busca ubicar activos de 50 entidades quebradas

El objetivo es acelerar su venta y resarcir los depositantes de las mismas, que posiblemente totalizan unos 50 mil

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., informó ayer a elCaribe que la institución realiza una auditoría legal para determinar dónde están los activos de unas 50 entidades que quebraron en la década de los 80 y 90, del siglo pasado, entre ellas financieras, bancos de desarrollo y bancos comerciales, y la condición jurídica en la que están esos bienes para tratar de acelerar su venta.

Lo descrito por el funcionario público no se trata de un simple trabajo, porque supone -adicionalmente- el reto de identificar a los depositantes de aquello que dejó de existir hace varias décadas.

“En esas entidades que hubo una intervención y un proceso de liquidación, ahí le correspondía a la Superintendencia de Bancos el rol de tomar control de los activos, venderlos, y en la medida que se iban vendiendo ir pagando a los depositantes (…). Todavía tenemos en la Superintendencia unas cincuenta entidades que siguen en proceso de liquidación. Y un trabajo que tenemos, en primer lugar, es acelerar el proceso de venta de esos activos”, explicó Fernández W., en una entrevista especial para este periódico, junto a la directora de la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), Yulianna Ramón.

Alejandro Fernández citó, como ejemplo, el caso de una financiera que la Superintendencia de Bancos Intervino (eso fue antes de su gestión, que inició en agosto de 2020), tomó control de la propiedad y en ese mismo espacio montó una oficina, sin realizar pago de alquiler por su uso, “algo que es totalmente irregular, porque lo que procedía era tratar de vender el activo para de ahí resarcir a los depositantes, y si eso no se hacía, por alguna situación judicial que pudiera existir en el momento, entonces por lo menos se debió ir reconociéndole a los dueños de la propiedad (que son los depositantes) un alquiler, para que eso (el dinero por ese concepto) se pudiera ir repartiendo entre todos”.

“Ahora nos encontramos que la Superintendencia de Bancos tendrá que pagar 12 millones de pesos, de forma retroactiva, en alquiler por el activo que usufructuó la institución estatal”, dijo Fernández W., en otra parte del diálogo.

Sobre los activos que la SB tiene bajo su responsabilidad explicó que primero hay que identificarlos (los que aún faltan por identificar) y tratar de hacerlos líquidos. “Hablamos que han pasado veinticinco años y en ese transcurso han ocurrido muchas cosas”, les recordó el superintendente a Osvaldo Santana, director de elCaribe; a Héctor Linares, subdirector, a Héctor Marte Pérez, jefe de Redacción de Apertura, y a quien firma este escrito.

Agregó que parte de la tarea, ahora mismo, es tratar de identificar y de validar los depositantes, para que cuando entren recursos se les pueda resarcir. “Esa es una deuda acumulada que tenemos como Superintendencia de Bancos. Estamos tratando de llegar y poner un fin a esta situación”, apuntó.

Alejandro Fernández informó que en la Superintendencia se estilaba antes que la institución cobrara por los servicios de liquidación, de gestión de eso. “Yo no tengo que cobrar por eso. Dinero que entre, es dinero que vamos a utilizar, que vamos a priorizar para resarcir a los depositantes”, aseguró.

Garantizó que el proceso de validación de esos depositantes -cuya cantidad podría ser de unos 50,000- es y seguirá acelerado y adelantó que se contratará una firma de auditoría externa.

El valor estimado de los bienes de las entidades quebradas es uno de los puntos que se están validando. “Una cosa es también tú decir que ese bien está a nombre de la entidad, pero hay que ver si ese bien está invadido o hay que ver el estatus legal en el cual está ese bien. Es como una deuda acumulada. Y a todo esto, había en la Superintendencia de Bancos un departamento que se dedicaba a eso (que se encargaba de ese tema), cuya nómina costaba al año 60 o 70 millones de pesos”, apuntó Alejandro Fernández.

Y agregó: “Se pagaba más a los burócratas en la Superintendencia de Bancos, que lo pagado y resarcido a los depositantes, para quienes se suponía estaban sirviendo esos burócratas. Es un tema al que vamos a tratar de darle un fin lo más pronto posible”.

¿De esas cincuenta entidades que quebraron en el pasado se tiene la identificación por núcleo?, preguntó Héctor Linares a Alejandro Fernández. Su respuesta fue: “Sí, están clasificadas y el monto más importante es el de Banco Peravia”.

La fortaleza del sistema actual

Alejandro Fernández habló del tema, remontándose al pasado, porque entiende que hay una deuda histórica en el país en cuanto a eso. Pero el superintendente de Bancos dejó claro que el sistema financiero de República Dominicana de hoy día es distinto al de 20 o 30 años atrás. Y eso no entra en discusión.

“La situación en la que estamos en nuestro sistema es de más fortaleza y de muchísimo más confianza”, sostuvo, poco antes de resaltar otro dato de interés. “Ustedes saben que en nuestro país hay un mecanismo de garantía de los depositantes de hasta 500 mil pesos y eso se supone que se indexaba o actualizaba anualmente. Eso quedaba pendiente. El año pasado en reunión de la Junta Monetaria se actualizó ese monto, que supera el 1.8 millones de pesos (exactamente RD$1,860,000 por depositante)”, informó.

Eso que expone Alejandro Fernández significa que en el eventual caso de que haya una disolución de una entidad financiera (no quiere decir que se esté en eso ahora), los depositantes se verían con una garantía adicional de parte del sistema (porque son aportes que hace el sistema al Fondo de Contingencia) por una cobertura de un millón 860 mil pesos. Es decir, tendrían un millón 360 mil pesos más que lo contemplado antes para casos como los descritos antes.

“Era algo sobre lo cual nosotros habíamos motivado a la Junta Monetaria y ya eso se hizo público. Eso debe dar más tranquilidad a la gente”, indicó el superintendente de Bancos. Los depositantes con depósitos de 1.8 millones de pesos son alrededor del 98 %, en cualquiera de las entidades de intermediación financiera que hay en el territorio nacional, según los números que maneja el superintendente Fernández W.

Marco legal del Idecoop

En otro ángulo de la conversación y respondiendo a preguntas formuladas sobre las cooperativas, el superintendente de Bancos sugirió que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) debe fortalecerse y que más allá del fomento y desarrollo de cooperativas de servicios múltiples y de producción y agrícolas, la entidad debe mejorar el régimen de regulación y supervisión a una serie de cooperativas de ahorro y crédito que hacen operaciones de intermediación financiera abierta y masiva.

Institución y capacidad sancionadora que posee

Al sistema financiero le fue bien el pasado año, pese a la pandemia. Sus activos siguieron la tendencia positiva, consistente con la tasa de crecimiento interanual promedio evidenciada desde 2016 hasta diciembre 2020 (11.3 %). Al cierre de diciembre de 2020, los activos totales ascendieron a RD$2.38 billones (52.9 % del PIB), que significó un incremento absoluto de RD$383,221 millones con relación a su nivel en diciembre de 2019. Equivalente a una tasa de crecimiento nominal de 19.2 %.

El hecho de que marche bien, no significa que la Superintendencia de Bancos deje de lado la capacidad sancionadora que le otorga la ley frente a las entidades de intermediación financiera.

“Parte de nuestro trabajo, además de acompañar a la Junta Monetaria y al Banco Central es asegurarnos que se implementen las regulaciones y si no se cumple, sancionar”, dijo Fernández W.

Bancarización y trabas en Ley de Lavado de Activos

Al superintendente de Bancos se le hizo referencia ayer a la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y a lo rígida que se torna para aspectos muy puntuales, que pudieran constituirse en una traba para la bancarización que se promueve en República Dominicana. “Definitivamente, incentiva la informalidad”, reconoció Alejandro Fernández.

“Ahí creo que hay todavía una tarea de calibrar la implementación de esa ley. Nosotros estamos trabajando en lo que sería el Instructivo de Debida Diligencia. Ese es básicamente un proceso que los bancos tienen que hacer (el de debida diligencia) para tomar conocimiento del origen de los fondos que ellos están recibiendo; por lo que vemos como un absurdo que se le pida los mismos requisitos, por ejemplo, a una empleada doméstica que abre una cuenta en la que va a estar depositando cantidades pequeñas, que a una gran empresa que va a estar moviendo miles de millones de pesos”, sostuvo sin rodeos el superintendente de Bancos.

De otro lado resaltó que para hacer más inclusivo el sistema financiero, la SB sacó un instructivo estableciendo lo que se llama Cuenta Básica, que incluye a las personas que han tenido problemas con la justicia (legales) o de tipo crediticio y que terminaban arrastrando eso toda su vida, aun cuando estaban en camino o buscaban reinsertarse a la sociedad. La entidad reguladora emitió la circular 029-20 a través de la cual crea la Cuenta básica