Prisión para dos haitianos que suplantaron identidad a dos dominicanos fallecidos

Santo Domingo, RD.

Juezas de Hato Mayor y el Distrito Nacional impusieron prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos haitianos que suplantaron la identidad de dos fallecidos para obtener la nacionalidad dominicana en hechos separados.

La jueza Elizabeth Valencia Alcalá, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en la provincia de Hato Mayor, impuso tres meses de prisión preventiva contra Gabino y/o Fernelis Batista, por la suplantación de los datos personales de un señor denominado Gabino de los Santos.

El Ministerio Público explicó en un comunicado de prensa que, valiéndose de la identidad de De los Santos, un dominicano que falleció siendo adolescente, el imputado logró obtener actas de nacimiento para cinco hijas, residentes en Hato Mayor, quienes en consecuencia obtuvieron la nacionalidad dominicana de manera fraudulenta.null

El órgano de justicia atribuye a este hecho violación a los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y el artículo 13 de la Ley 8-92, sobre la Cédula de Identidad y Electoral y el Registro Civil.

En el Distrito Nacional, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó un mes de prisión preventiva contra Mari Jasi, de nacionalidad haitiana, imputado de suplantar la identidad del dominicano José Augusto Gutiérrez Quezada.null

El auto de solicitud de medida de coerción explica que Jasi se presentó el 6 de abril de este año a la Oficina del Estado Civil de la Segunda Circunscripción, situada en la avenida Doctor Delgado casi esquina avenida 27 de Febrero, en el sector Don Bosco, con la finalidad de declarar el nacimiento de un menor de edad.

El extranjero usó para ello la cédula de identidad de José Augusto Gutiérrez Quezada, que resultó ser falsa, en violación a los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 13 de la citada Ley 8-92.null

Ante estos dictámenes, la Junta Central Electoral (JCE), afirmó que las medidas de coerción impuestas responden a acciones de tolerancia cero acordadas con el Ministerio Público.

En ese sentido, la JCE catalogó la decisión como un gran paso de avance y que, además, afianza el acuerdo de colaboración de tolerancia cero a la violación a la identidad y crímenes o vulneraciones contra el Registro Civil, planteado entre la Procuraduría General de la República y la Junta Central Electoral el pasado mes de abril.