Jueza Yanibet Rivas conocerá acusación del caso Coral y Coral 5G

La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido elegida para conocer el juicio preliminar y la acusación del caso de corrupción Operación Coral y Coral 5G.

La jueza tendrá la tarea de decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público y fusiona los dos expedientes en los que figuran altos oficiales, religiosos y otras personas que supuestamente estafaron al Estado con más de 400 millones de pesos.

Rivas fue elegida mediante un sorteo aleatorio que realizó la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, presidida por la magistrada Kenya Romero.

Ahora el tribunal apoderado deberá notificar a todos los abogados de los imputados y fijar una fecha para iniciar con el proceso en el que figuran los generales: Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán y Miguel Ventura.

También la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.

Además, están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.

La acusación

Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.

Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en “tipos penales graves”. 

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, de acuerdo al Ministerio Público.