Román Jáquez aclara JCE regulará los actos políticos

El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jáquez, aclaró hoy que en poder de los partidos políticos, las universidades y entidades de la sociedad civil hay un borrador sobre el reglamento que regularía las actividades proselitistas en los períodos de precampaña, ya que en todas las legislaciones electorales del país existe un vacío en ese sentido.

Explicó que en octubre del pasado año emitieron una resolución provisional pero que ésta fue atacada por el PLD y la Fuerza del Pueblo, quienes presentaron un recurso de reconsideración, por lo que el pleno de la JCE valoró algunas de las consideraciones planteadas por estos partidos desde el punto de vista de derechos fundamentales y reconsideró algunos artículos de la referida resolución.

Jáquez recordó que el Tribunal Constitucional, en este sentido,  se ha manifestado en sentencias que son vinculantes a todos los poderes del Estado.

«De nada sirve para el sistema que la JCE imponga cualquier tipo de sanción administrativa si no existe el procedimiento (la decisión puede ser anulada en el TSA o el TSE por violación al debido proceso, por carencia de un procedimiento administrativo sancionador, lo cual sí deslegitimaría la facultad resolutoria, reglamentaria y sancionadora de la JCE para subsanar la falencia de la ley)», sostuvo.

Indicó que hace tres semanas la JCE presentó a la comunidad política  un borrador de reglamento para el ejercicio de las sanciones administrativas y así implementar el procedimiento administrativo sancionador a través de la Unidad de Recepción de Denuncias, Medidas Cautelares y Sanciones Administrativas.

Argumentó: «Ahora bien, este reglamento debe ser, como ordena la ley, presentado a publicidad para que los actores políticos y la comunidad opine. Este plazo vence a principio de julio 2022″. Entonces, la JCE ante cualquier violación de la resolución que regula el periodo previo a la precampaña, porque la ley, reitero,  no la regula, mal haría en imponer una sanción, sin el debido proceso».

Explicó que su propuesta fue enviada a los partidos políticos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), al Defensor del Pueblo, Participación Ciudadana y las escuelas de derechos de las universidades para que opinen.

«Una vez tengamos el reglamento aprobado que establecerá el procedimiento administrativo sancionador y el debido proceso, la JCE estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncia, o de oficio y tomar acciones en ese sentido», concluyó  Jáquez.