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Gobierno de Costa Rica condenado por violación indirecta a libertad de prensa, declara Tribunal Constitucional
El foro determinó que el presidente Rodrigo Chaves violentó ese derecho al pretender clausurar un centro propiedad del Grupo Nación, empresa dueña del periódico La Nación en ese país
El Tribunal Constitucional de Costa Rica declaró que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves incurrió en una violación directa de la libertad de prensa al clausurar un centro de espectáculos llamado Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, empresa dueña del periódico La Nación.
En una sentencia emitida ayer, 21 de octubre, los magistrados anularon la orden de cierre al recordar que la libertad de prensa es un pilar fundamental del sistema democrático.
Adicionalmente, el Estado fue condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
Así resolvieron los jueces constitucionales un recurso de amparo interpuesto por el director de La Nación, Armando González Rodicio, el cual fue presentado en conjunto con periodistas del medio de comunicación.
El presidente Rodrigo Chaves asumió el poder el 8 de mayo del 2022 y, en campaña electoral, prometió que causaría la destrucción de las estructuras de medios de comunicación como La Nación y Canal 7.
Ya en el poder, el 8 de julio, mediante el Ministerio de Salud, el Gobierno ordenó el cierre del Parque Viva luego de recibir una supuesta denuncia anónima y bajo el alegato de que el centro de eventos producía congestionamiento vial en un distrito del cantón de Alajuela, pese a que los inspectores de Salud no encontraron anomalía alguna en el recinto. Los permisos de funcionamiento estaban al día y en regla.
Además, el cierre se produjo apenas dos días después de que el propio presidente de la República, en conferencia de prensa, atacó al diario La Nación, con datos distorsionados, por unos bonos emitidos por la compañía en el mercado bursátil, entre el 2013 y 2014, cuyos pagos están al día.
Para justificar el cierre del centro de eventos, el Gobierno costarricense gestionó informes técnicos de instituciones como la Policía, el Ministerio de Transportes, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, los documentos llegaron después de la orden de clausura.
La desviación del poder
En el recurso ante el Tribunal Constitucional, los periodistas del medio argumentaron que las medidas desplegadas por el Gobierno fueron arbitrarias y constituyeron “una grosera desviación de poder”, para vulnerar tanto el derecho a la libre expresión como el derecho de los costarricenses a recibir información.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y anuló las órdenes de cierre.
Al conocer la medida, la administración Chaves dijo que es respetuosa de la institucionalidad y de la separación de poderes, mientras que diputados de oposición llamaron a frenar los “abusos” de poder y a detener cualquier derrotero de arbitrariedad.
