Supuestos fraudes al Estado superan el presupuesto de varios ministerios

Los casos de corrupción que la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca) ha judicializado desde el año 2020 han supuesto un daño contra el Estado que supera los 30,000 millones de pesos y han llevado ante un juez a más de 20 exfuncionarios, altos y medios, de la actual y la pasada gestión de Gobierno.

Desde que a finales de noviembre de 2020 se conoció el expediente Antipulpo, que involucró a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, otros cinco casos han sido presentados a los tribunales en sus distintas fases preliminares.

En Antipulpo, los investigadores estiman una defraudación contra el Estado dominicano por valor de 5,000 millones de pesos, mediante un supuesto entramado societario que habría encabezado Juan Alexis Medina Sánchez.

A éste le siguieron los fusionados casos Coral y Coral 5G, que tienen como su principal imputado al exjefe de la seguridad del expresidente Medina, Adán Cáceres y el monto de la presunta estafa contra el Estado se ha calculado en 4,000 millones de pesos.

La Pepca también ha presentado acusación contra la presunta red que operó en la Procuraduría General de la República y que tendría como cabeza al exprocurador Jean Alain Rodríguez. En este caso, el monto del desfalco ha sido estimado en unos 6,000 millones de pesos.

Durante el periodo de poco más de dos años, también se conoció en los tribunales el fraude a la Lotería Nacional mediante un sorteo, pero la sentencia dictada en juicio de fondo descargó al principal imputado, el exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Este es el único caso de corrupción conocido hasta el momento a un funcionario del presente gobierno. Los jueces de primera instancia  determinaron que la defraudación, calculada en unos 500 millones de pesos, no fue contra el Estado sino contra las empresas de bancas de loterías.

El caso más reciente presentado por la Pepca es Calamar, que tiene imputados a tres exministros del gobierno pasado, junto a otras personas, de un desfalco contra el Estado por 19,000 millones de pesos.

Al sumar los casos, se consigue una suma de 34,000 millones de pesos defraudados, un monto que supera el presupuesto de varias entidades públicas.

Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene asignado para este 2023 un presupuesto de RD$11,586,597,708; el del Ministerio de Hacienda RD$21,701,812,584; el de Deportes y Recreación es de RD$3,136,389,584; Ministerio de Trabajo RD$2,512,106,847 y el de Agricultura de RD$15,106,778,711.

La suma de las estafas, de comprobarse, equivalen al 25 % del presupuesto de Salud Pública que es de RD$137,788,992,563 para este 2023, y el 68 % del de Obras Públicas, que es de RD$49,629,942,224.

Los exfuncionarios 

En el caso Antipulpo hubo varios exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron sometidos y deben enfrentar un juicio de fondo que le dictó un juez de instrucción.  

Son ellos, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén Andujar, el expresidente del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). También al exdirector de la Oisoe,  Francisco Pagán Rodríguez, condenado a cinco años, durante un proceso abreviado.

De Coral y Coral 5G está, además de Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Mientras, en el caso Medusa están además del exprocurador Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Los imputados hasta el momento en Calamar son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

En el caso de la Lotería estuvo su exdirector, pero el juez que conoció la acusación le otorgó un no ha lugar.