8 dominicanos y un árabe se declaran culpables en Nueva York por robos de 45 vehículos de alta gama; algunos vendidos en RD en 2020

Un grupo de ocho dominicanos y un árabe, se declararon culpables de robar 45 vehículos de alta gama durante la pandemia COVID-19 parte de los cuales vendieron en la República Dominicana entre abril y octubre 2020.

Todos fueron sentenciados el viernes por el juez Guy Mitchell en la Corte Suprema Estatal en El Bronx a condenas diferidas de entre 3 a 4 años en la cárcel.

Un comunicado de la Procuradora General del Estado, Letitia James informa que entre los acusados figuran Norberto Peña Brito, de 38 años, José Lebrón Pimentel, de 42, Dariberto Fernández Pérez, de 33, y Héctor Rivera, de 54, quienes estaban vinculados a la banda y que en ocasiones involucró la reventa de los autos en la República Dominicana.

La fiscal dijo que los delincuentes expertos en tecnología, robaron los 45 autos en Nueva York con llaves falsificadas e información de sitios web ilegales, y luego enviaron los vehículos a República Dominicana para venderlos.

El esquema incluyó el condado de Westchester durante el apogeo de la pandemia participando en los robos, cuatro ladrones y cinco cómplices.

Los nueve sospechosos se han declarado culpables de la trama, y cayeron en la «Operación Llave Maestra», y fueron sentenciados el viernes en la Corte Suprema de El Bronx por el juez Guy Mitchell, explica el comunicado.

Norberto Peña Brito, de 38 años, José Lebrón Pimentel, de 42, Dariberto Fernández Pérez, de 33, y Héctor Rivera, de 54, estaban vinculados a la empresa que funcionó de abril a octubre de 2020, y que en ocasiones involucró la reventa de los autos en la República Dominicana, dijo James.

Los convictos fueron acusados de rastrear automóviles, principalmente de la marca Honda, antes de obtener la información del código de las llaves a través de sitios web ilegales y crear copias que les permitieron violar y robar los vehículos, dijo el fiscal principal.

Una vez que accedieron a los autos, lograron reprogramar los sistemas informáticos de los vehículos y obtener el control completo, desactivando sus alarmas y encendiendo los motores, dijo la fiscal James.

También lograron reprogramar los autos robados para evitar que reconocieran las llaves electrónicas de los verdaderos propietarios.

Peña Brito, quien fue acusado de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado y conspiración en cuarto grado, enfrenta hasta tres años en una prisión estatal y se le ordenó pagar casi $40,000 en restitución.

Lebrón Pimentel, de 42 años, fue sentenciado a un año tras las rejas y Fernando Pérez también podría pasar hasta tres años en prisión.

«Estos individuos se aprovecharon de los neoyorquinos que se quedaron en casa al comienzo de la pandemia de COVID-19 para robar algunos de sus activos más valiosos», dijo James. «Ahora los estamos llevando ante la justicia, y agradezco a mis colaboradores en la policía local por su coordinación y apoyo para desmantelar esta peligrosa red de robo de automóviles y continuar protegiendo la seguridad de todos los neoyorquinos».

Los autos robados fueron llevados a uno de varios lotes en El Bronx, donde les cambiaron los números de identificación del les agregaron placas falsas y calcomanías de certificación federal y les quitaron las calcomanías de registro legítimas.

Jesús Cabral, de 58 años, quitaba y reemplazaba los parabrisas, y cambiaba los números de identificación del vehículo.

Norberto Peña Brito, de 38 años, y José Lebrón Pimentel, de 42, en ocasiones compraron los autos robados a Carlos Valverde, de 36 años, dijeron los fiscales.

Willy Abreu Martínez, de 41 años, y Abdul Khan, de 58, compraron los autos al por mayor para revenderlos en Estados Unidos y República Dominicana.

Leticia Saldívar, propietaria y operadora de la empresa “Carmela’s Multiservice and Auto Tag” en Filadelfia, Pensilvania, presentó documentos de vehículos falsos en el Departamento de Transporte de ese estado y obtuvo registros y títulos limpios para los autos robados.

La investigación duró dos años y fue realizada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General y la División de Delitos Automovilísticos de la policía de Nueva York.