Santo Domingo, República Dominicana – 2 de septiembre de 2024– El Gobierno de la República Dominicana notificó formalmente a Venezuela sobre la reciente incautación del avión presidencial del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta acción, llevada a cabo en cooperación con las autoridades de Estados Unidos, marca un hito significativo en las investigaciones internacionales relacionadas con prácticas corruptas del régimen venezolano.

El avión, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, fue confiscado en suelo dominicano y trasladado a Florida, Estados Unidos, como parte de una operación conjunta en la que participaron múltiples agencias federales estadounidenses, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio. Según informaron funcionarios estadounidenses, la incautación de la aeronave se enmarca en las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela, en respuesta a la adquisición ilícita del avión, que viola las normativas internacionales.

El Gobierno dominicano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en línea con su cooperación bilateral con Estados Unidos, notificó oportunamente a las autoridades venezolanas sobre la incautación, reafirmando su compromiso con la lucha contra el crimen transnacional y el respeto al Estado de derecho.

La aeronave incautada, conocida por ser utilizada en visitas de estado por el presidente Maduro, es considerada el equivalente venezolano del Air Force One, y su confiscación subraya el mensaje de que ninguna figura política está exenta de las consecuencias legales internacionales.

Funcionarios estadounidenses han declarado que este acto envía un mensaje claro a la élite gobernante en Venezuela, resaltando que «nadie está por encima de la ley» y que las sanciones estadounidenses se aplican sin excepciones. El destino final del avión será determinado a través de un proceso de confiscación en Estados Unidos, en el cual el Gobierno venezolano podrá presentar una solicitud de devolución, si así lo considera.

Este acontecimiento ocurre en un contexto de tensas relaciones entre Washington y Caracas, agravadas por la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, que ha llevado al desplazamiento forzado de más de 7,7 millones de personas. Las acciones de Estados Unidos buscan interrumpir el flujo de recursos financieros al régimen de Maduro, acusado de saquear los recursos del país en detrimento del bienestar de su población.