Aumenta el rechazo a la designación de Carlos Pimentel en Alianza Público-Privada

Santo Domingo, República Dominicana. – La reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) ha provocado un creciente rechazo en diversos sectores de la sociedad civil y en organizaciones comprometidas con la transparencia y el fortalecimiento institucional. Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y Participación Ciudadana se han manifestado en contra de esta decisión.

En sus declaraciones, estas entidades han manifestado su preocupación por posibles conflictos de interés y la falta de imparcialidad que, aseguran, podría afectar la transparencia de las alianzas entre los sectores público y privado. La FINJUS, a través de un comunicado, advirtió que “la DGAPP demanda un liderazgo alejado de influencias que pongan en riesgo el interés público”.

ADOCCO, por su parte, señaló que esta designación podría estar en contravención con la Constitución de la República. “La Constitución establece criterios de idoneidad e independencia para los cargos públicos, y cualquier nombramiento que no cumpla estos principios viola las normativas constitucionales”, destacó Julio César De la Rosa, presidente de ADOCCO. La organización criticó la falta de transparencia en el proceso de selección y subrayó que “el país necesita que las decisiones de la DGAPP respondan exclusivamente al bienestar común, sin concesiones ni favoritismos”.

Participación Ciudadana, en sintonía con las preocupaciones, solicitó una revisión exhaustiva de la designación y recordó que las alianzas público-privadas deben ser gestionadas con absoluta transparencia y sin riesgo de parcialidad. Según esta organización, cualquier percepción de falta de imparcialidad afecta la confianza pública en estas iniciativas clave para el desarrollo nacional.

Hasta el momento, el gobierno no ha emitido ninguna respuesta oficial a las críticas, pero analistas sugieren que la presión de la opinión pública podría forzar una reconsideración de esta decisión.