El gobierno haitiano quiere transformar la misión de Kenia en una fuerza de las Naciones Unidas mediante una solicitud formal que se presentará en diciembre.

Esta reestructuración debería abordar los problemas de financiación, equipamiento y personal que enfrenta la misión actual.

También traerá consigo un cambio en el régimen jurídico, cuya configuración puede inspirarse en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) de 2004 a 2017.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad por un año más, hasta el 2 de octubre de 2025.

El MMAS, presente en Haití desde hace tres meses, es la segunda fuerza internacional que interviene en Haití después de la misión de las Naciones Unidas, autorizada en julio de 2004, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1542.

Esta controvertida misión fue encargada de apoyar el desarme de los grupos armados y restablecer el orden público e institucional tras la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide.

La MMAS liderada por Kenia en Haití, aprobada en octubre de 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU, es parte del acuerdo firmado entre los gobiernos de Haití y Kenia en junio de 2024.

Esta fuerza debe luchar junto a la Policía Nacional de Haití contra las bandas armadas, que han obligado a más de medio millón de personas a huir de sus hogares, mientras matan y violan a cientos más.

“Estas dos misiones comparten el mismo estatus jurisdiccional”, explica a AyiboPost James Boyard, experto en derecho internacional.

Aunque ambos acuerdos son similares en varios aspectos fundamentales, divergen en otras áreas cruciales.

Estas dos misiones comparten el mismo estatus jurisdiccional

Tres especialistas consultados por AyiboPost analizan las implicaciones de estos paralelismos, en particular en lo que respecta a la gestión de posibles abusos y las obligaciones de las partes implicadas. Estas comparaciones permiten entender cómo podría ser una nueva misión de las Naciones Unidas en Haití.

A diferencia de la MINUSTAH, que se retiró tras 13 años de presencia continua en territorio haitiano, la MMAS tiene la particularidad de no ser una misión de mantenimiento de la paz típica de las Naciones Unidas, sino una misión bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, dirigida por Kenia, miembro de la ONU.

Sin embargo, el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA), firmado como parte del despliegue del MMAS en Haití, otorga inmunidad al personal de la misión y a los contratistas locales en el ejercicio de sus funciones.

Ningún miembro de esta misión, integrada actualmente por unos 400 kenianos, 20 militares jamaicanos y 4 policías, además de 2 militares beliceños, puede ser encarcelado en Haití.

Según el documento, cualquier proceso penal se llevará a cabo en el país de origen del funcionario implicado.

Además, un miembro de la misión detenido en flagrante delito debe ser entregado a la misión sin demora para que se tomen las medidas pertinentes.

“Esta fuerza [la MMAS] goza de absoluta inmunidad jurisdiccional”, comenta James Boyard.

Por su parte, en 2004, la MINUSTAH gozó de plena inmunidad bajo la Convención del 13 de febrero de 1946, como subsidiaria de las Naciones Unidas.

“La MMAS, a diferencia de la MINUSTAH, no es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas y no debería gozar de todas las inmunidades”, concluye el profesor James Boyard, quien reconoce sin embargo que el principio de inmunidad de jurisdicción es intrínseco a la naturaleza de este tipo de misiones.

En materia de aranceles aduaneros, los ingresos de las fuerzas armadas no están sujetos a impuestos en Haití.

“La MMAS, a diferencia de la MINUSTAH, no es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas y no debería gozar de todas las inmunidades”

Los miembros del MMAS, como fue el caso de la MINUSTAH, no pueden ser arrestados ni están sujetos a juicio ante los tribunales haitianos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluidas sus palabras y escritos, señala Ricardo Augustin, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

gobierno haitiano incluso preveía que cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del acuerdo podría someterse a un tribunal de arbitraje compuesto por tres miembros.

Según Ricardo Augustin, esta disposición no se encuentra en los mecanismos de solución de controversias del acuerdo MMAS.

Se estipula en este acuerdo que “cualquier disputa entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo se resolverá únicamente mediante consulta entre las Partes”.

Sin embargo, dice Augustin, el acuerdo no menciona qué se hará si las partes no logran encontrar una solución mediante consultas.

Por otra parte, establece que las inmunidades y privilegios otorgados a los miembros de una misión de las Naciones Unidas son esenciales para que puedan ejercer sus funciones de manera óptima.

Sin embargo, esto no excluye el derecho del Estado anfitrión a ejercer control sobre su utilización para evitar daños irreparables.

También se espera que el Gobierno establezca instalaciones aduaneras para la recepción de materiales, equipos y cualquier otro artículo destinado a la Misión.

Para algunos, la estructura del MMAS plantea un problema.

Benín, que inicialmente se había comprometido a proporcionar 2.000 soldados, ahora se muestra reacio a desplegar sus fuerzas en Haití, alegando su negativa a poner a sus soldados bajo el mando de agentes de policía kenianos.

A principios de septiembre, las autoridades haitianas, así como actores internacionales, en particular Ecuador y Estados Unidos, plantearon la posibilidad de convertir esta misión en una operación de mantenimiento de la paz bajo el paraguas de las Naciones Unidas.

Al visitar Haití el 21 de septiembre antes de viajar a la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente keniano, William Ruto, expresó su apoyo a esta reorientación.

Los elementos faltantes del acuerdo de junio de 2024 preocupan a Ricardo Augustin.

Según él, el acuerdo celebrado con la MMAS no prevé ninguna protección al Estado haitiano en caso de daños graves a la población civil causados ​​por las acciones de los miembros de la Misión.

Para el profesor universitario, la epidemia de cólera introducida por la MINUSTAH no parece haber servido para evitar este tipo de fenómenos. Más de 10.000 haitianos murieron.

Dado que se prevé una comisión de investigación para examinar los casos de delitos cometidos por miembros del MMAS, Ricardo Augustin cree que es responsabilidad del gobierno haitiano participar activamente en cualquier investigación.

“La participación de la sociedad civil en todas las etapas de la investigación es esencial”, sostiene.

“Es imperativo que la parte haitiana pueda producir documentación sólida con pruebas irrefutables para todas las jurisdicciones”, recomienda Augustin.

Para James Boyard, autor del libro “  El juicio de la inseguridad: problemas, métodos y estrategias”, los dos acuerdos son similares en la forma en que abordan los casos de violaciones de derechos humanos.

Además, el especialista advierte del desprecio por los derechos humanitarios.

Estos principios se aplican específicamente en tiempos de guerra o de conflicto armado, para proteger a quienes no participan en las hostilidades.

Tienen por objeto, entre otras cosas, prohibir los ataques deliberados contra no combatientes, la atención a los heridos y enfermos y el respeto a los bienes culturales.

“No entiendo por qué en este acuerdo no se tuvo en cuenta la cuestión de las violaciones de los derechos humanitarios, cuando el potencial existe cada vez que hay un conflicto armado”, dijo Boyard a AyiboPost.

Esto no es nuevo. “En 2004, esta cuestión tampoco se tuvo en cuenta, porque las fuerzas de paz no estaban destinadas a actuar de manera represiva en un contexto de conflicto armado”, comenta el especialista.

En el contexto de un conflicto armado, estas fuerzas generalmente actúan como fuerzas de interposición.

Para Boyard, el contexto actual es diferente y por tanto requiere un enfoque diferente.

“Hoy en día no estamos en el modelo de interposición sino de lucha contra los bandidos de manera represiva”, detalla Boyard.

En caso de violación de los derechos humanitarios, no solo el tribunal del país de origen del infractor es el que tiene jurisdicción para juzgar el caso, sino también cualquier tribunal de otros países que hayan ratificado la Convención.

En 2016, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció la implicación de la ONU en la propagación de la epidemia de cólera, introducida seis años antes en Haití y responsable de más de 820.000 infecciones.

La misión ha sido acusada de cometer decenas de casos de violaciones de derechos humanos en Haití.

En entrevista con AyiboPost, Mario Joseph, abogado del Bureau of International Lawyers (BAI), no descarta la posibilidad de nuevas violaciones de derechos humanos y teme que actos similares a los de 2004 queden impunes.

El artículo 55 del acuerdo de país del 9 de julio de 2004 prevé una comisión permanente de quejas creada a tal efecto para decidir sobre cualquier litigio o queja de derecho privado, sin embargo esta comisión nunca ha sido creada, subraya Mario Joseph.

A pesar de la aplicación de este procedimiento, añade, ha sido difícil obtener indemnizaciones para las víctimas del cólera así como para las madres de niños abandonados por las fuerzas de paz de la ONU.

Por Fenel Pélissier