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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez presentan querellas penales contra comunicadores
Los profesionales del periodismo y la producción televisiva Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales, como parte del proceso que habían anunciado contra quienes los acusaron de haber recibido sobornos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Los letrados asegura que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales, Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves, afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento dirigido a los medios argumenta que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
