Participación Ciudadana asegura la lucha contra la corrupción se ralentizó este año

SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que, durante 2024, la lucha contra la corrupción en República Dominicana se ralentizó, señalando la inacción de organismos clave como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General.

En su balance anual, que incluyó temas como la economía y los procesos electorales municipales, congresuales y presidenciales, la organización destacó como uno de los principales problemas la demora en los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción pública. Según Participación Ciudadana, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo enfrentaron constantes retrasos debido a estrategias dilatorias y aplazamientos sin justificación aparente.

Participación citó el  ejemplo del caso «Camaleón», en el que un imputado logró una variación de la prisión preventiva a pesar de que en su vehículo se halló un listado de jueces y auxiliares, lo que evidenciaría un intento de influir en los procesos judiciales. La organización alertó que esta situación pone en peligro las pruebas y la integridad de los funcionarios judiciales involucrados.

Agregó que el panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.

«La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes», señaló PC.

En esa perspectiva-añadió- se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia

de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.

Proceso electoral 

Participación Ciudadana señaló que el 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06.

Otro cambio positivo-citado por el movimiento- fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo

del presidente del Tribunal Constitucional.

«Participación Ciudadana lamenta que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, lo que le resta

independencia. Tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha», apuntó.