Diputados aprueban adenda de contrato para explotación de petróleo y gas en SPM

La Cámara de Diputados aprobó la adenda a un contrato, suscrito el pasado 22 de octubre, con la empresa Apache Dominican Republic Corporation (ahora denominada APA Dominican Republic Corporation) para explorar y explotar hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís.

La iniciativa fue sancionada con 111 votos a favor y 5, en contra.

El contrato fue suscrito como el resultado de la primera ronda de bloques de petróleo y gas de la República Dominicana, efectuada el 27 de noviembre de 2019.

El pleno de la cámara baja acogió los informes favorables presentados por las comisiones permanentes de Hacienda, de Energía y de Asuntos Marítimos.

Además, ese hemiciclo rechazó la solicitud hecha por el diputado José Horario Rodríguez para que la iniciativa fuera devuelta a la comisión para profundizar su estudio.

La adenda al referido contrato deberá ser conocida en el Senado.

Debates

Ante las críticas expuestas por algunos congresistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agotó un turno para explicar a sus pares los esfuerzos hechos por los comisionados en el estudio del contrato y por la actual gestión gubernamental, al someter una adenda al mismo, que fue suscrito en la anterior administración.

Reveló que el presidente Luis Abinader llamó a cada uno de los voceros de los bloques partidarios en la Cámara de Diputados a los fines de que conocieran sobre su interés en que sea aprobado.

Destacó que a raíz de algunas observaciones hechas por las comisiones apoderadas del estudio de contrato, el Poder Ejecutivo volvió a realizar otra ronda de negociaciones para cambiar algunos aspectos que fueron mejorados.

“Yo creo que después de dar esos pasos mal hacemos nosotros con no aprobar este convenio que si siquiera es una concesión sino una exploración condicionada a que aparezca el petróleo”, expresó Pacheco.

Recordó que el contrato para explorar y explotar hidrocarburos en San Pedro de Macorís fue rubricado durante el anterior gobierno.

Al agotar un turno, el diputado por Alianza País, José Horario Rodríguez, rechazó el contrato por considerar que no fue suscrito en condiciones justas.

Destacó que el mismo establece un 60 por ciento de ganancias a favor de la empresa contratista y un 40 por ciento, para el Estado dominicano, lo que consideró un mínimo aceptable porque la empresa hará inversión en un 100 por ciento.

No obstante, llamó la atención de sus colegas sobre el impacto medioambiental debido a que entiende representa un peligro para el sistema costero.

Al respecto, la diputada perremeista Soraya Suárez, pidió el voto favorable de sus pares por entender que los comisionados le pusieron mucho interés “al remedio que tiene que tener cada compañía que hace ese tipo de operaciones en el país”.

Destacó los beneficios a la dinamización de la economía y la generación de empleos, sobre todo en las circunstancias actuales que enfrenta el país por la pandemia.

Coincidió con su compañero de partido, por San Pedro de Macorís, Luis Gómez, quien felicitó a los comisionados por su trabajo al estudiar la iniciativa.

Difiere de éste último el diputado del PLD por San Pedro de Macorís, Pedro César Mota, quien aseguró que ningunos de los cinco diputados de esa provincia tenían conocimiento de ese contrato.

Sugirió realizar vistas públicas en San Pedro de Macorís donde viven cientos de pescadores y también remitirlo a la comisión de Medio Ambiente para investigar de forma más profunda las consecuencias al medio ambiente.

“Queremos salvaguardar toda la costa y saber los beneficios que tiene y tener conciencia plena de cada uno de los daños colaterales”, expresó.

La adenda

La modificación del contrato fue realizada a fin de enmendar algunos errores, entre éstos; que el mismo se convertiría en Ley, “pudiendo modificar cualquier instrumento legal de la misma o inferior jerarquía”.

Para sustentar los motivos de la adenda, la asesora jurídica del Ministerio de Energía y Minas, Amiama Nielsen, expresa en una misiva del pasado 31 de mayo, que forma parte del contenido de esa iniciativa, que la Cámara de Diputados le mostró preocupación al respecto.

Detalló que tras arduas negociaciones con la empresa, ahora que cambio de nombre a APA Dominican Republic Corporation, se logró modificar el artículo 64-1 para que éste no sea equivalente a una ley.

Detalles de los informes

El informe de la Comisión Permanente de Hacienda no fue firmado por seis diputados y el informe de la Comisión Permanente de Energía no fue cuenta con la firma de cinco diputados, de los quince que integrada cada una de esas comisiones.

El contrato, fue suscrito el pasado 22 de octubre de 2020, entre el Estado dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso y el vicepresidente de Apache Dominican Republic Corporation LDC, Timothy R. Custer.

Entre las conclusiones de la Comisión Permanente de Hacienda figura que el mismo tiene como objetivo autorizar a la empresa contratista realizar operaciones petroleras, de acuerdo a lo establecido en la legislación pertinente y las estipulaciones del contrato.

Detalla que la cuenca de San Pedro de Macorís, está ubicada entre esa provincia y Santo Domingo y cuenta con una extensión de 2,535.49 kilómetros cuadrados.

Destaca que el contrato contempla la creación de mil unidades de trabajo durante el primer periodo exploratorio y una inversión inicial mínima de US$5 millones.

Consigna que “que el Contratista tendrá el derecho de propiedad sobre su cuota de participación en intereses de los hidrocarburos extraídos en el área de Contrato que le corresponda, y la titularidad de estos Hidrocarburos extraídos será transferida al Contratista en el Punto de Entrega”.

Además, señala que el Estado no garantiza la existencia, calidad o cantidad de los eventuales hidrocarburos existentes en esa área a explorar y explotar por lo que no se obliga a indemnización alguna por ningún concepto.

Asimismo, los gastos, pérdidas y costos correspondientes o sufridas por los representantes del Ministerio de energía y Minas o correspondientes a representantes del Estado serán cuenta y cargo del Estado y el contratista no será responsable por ninguno de éstos.